Ciudadanía social en Acapulco rural, México: resistencia, solidaridad y clivaje en tiempos de pandemia 2020-2021¹

Social Citizenship in Rural Acapulco, Mexico: Resistance, Solidarity, and Social Cleavage in Times of Pandemic 2020-2021

Cidadania social na zona rural de Acapulco, México: resistência, solidariedade e clivagem em tempos de pandemia 2020-2021

Recibido el 20 de febrero de 2022. Aceptado el 2 de mayo de 2022.

Resumen

Objetivo: esta investigación tiene como objetivo el estudio de la Cuenca del río Papagayo (CRP) en relación con la sostenibilidad ambiental, economía local y ciudadanía social. Metodología: parte de la realización de un diagnóstico participativo, a través de tres ejes integradores: 1. Observación sistemática; 2. Mapeo de actores; 3. Uso de una variante de cartografía social, que consiste en la realización de reuniones con integrantes de todos los actores participantes en la investigación (comunidades, gobierno e instituciones académicas) donde prevalezca un proceso de intercambios de opiniones denominados «diálogos igualitarios». Resultados: 1. A través de la alianza estratégica entre actores se fortaleció la apropiación social del conocimiento; 2. La variante de cartografía social, como una metodología participativa, posibilitó el intercambio entre conocimiento de las comunidades y la academia. Conclusiones: 1. Las comunidades que integran la CRP están comprometidas con su territorio para participar en proyectos de desarrollo integral; 2. Es importante impulsar la economía social que se sustente en principios, valores y buenas prácticas; 3. También es prioridad salvaguardar las condiciones ambientales del río Papagayo y todos sus afluentes; 4. Con el fortalecimiento de las condiciones (2) y (3) se posibilita el acceso a los derechos y, con el ello. la construcción de la ciudadanía social.

Palabras clave: economía social; ciudadanía social; cuenca del río Papagayo; actores comuneros; recursos de uso común.

Abstract

Objective: this research aims to study the Papagayo River Basin (PRC) in relation to environmental sustainability, local economy, and social citizenship. Methodology: it starts with a participatory diagnosis through three integrating axes: 1. Systematic observation; 2. Stakeholder mapping; 3. Use of a variant of social mapping, which consists of holding meetings with members of all the actors participating in the research (communities, government, and academic institutions) where a process of exchanges of opinions called “egalitarian dialogues" prevails. Results 1. Through the strategic alliance among the actors, the social appropriation of knowledge was strengthened; 2. The variant of social mapping, as a participatory methodology, enabled the exchange of knowledge between the communities and academia.  Conclusions: 1. The communities that make up the PRC are committed to their territory to participate in integral development projects; 2. Promoting the social economy based on principles, values, and good practices is important; 3. Safeguarding the environmental conditions of the Papagayo River and all its tributaries is also a priority; 4. With the strengthening of conditions (2) and (3), access to rights is made possible and, with it, the construction of social citizenship.

Keywords: social economy; social citizenship; Papagayo river basin; community actors; common use resources.

Resumo

Objetivo: esta pesquisa visa estudar a bacia do rio Papagayo (CRP) em relação à sustentabilidade ambiental, economia local e cidadania social.  Metodologia: baseia-se em um diagnóstico participativo através de três eixos integradores: 1. Observação sistemática; 2. Mapeamento dos atores; 3. Utilização de uma variante de mapeamento social, que consiste em realizar reuniões com membros de todos os atores participantes da pesquisa (comunidades, governo e instituições acadêmicas) onde prevalece um processo de troca de opiniões chamado «diálogos igualitários». Resultados: 1. Através da aliança estratégica entre os atores, a apropriação social do conhecimento foi reforçada; 2. A variante do mapeamento social, como metodologia participativa, tornou possível a troca de conhecimento entre as comunidades e a academia. Conclusões: 1. As comunidades que compõem o PRC estão comprometidas com seu território para participar de projetos de desenvolvimento integral; 2. É importante promover uma economia social baseada em princípios, valores e boas práticas; 3. Também é prioritário salvaguardar as condições ambientais do rio Papagayo e de todos os seus afluentes; 4. Com o fortalecimento das condições (2) e (3), é possível o acesso aos direitos e, com ele, a construção da cidadania social.

Palavras-chave: economia social; cidadania social; bacia do rio Papagayo; agentes comunitários; recursos de uso comum.

Introducción

El estado de Guerrero, México, se caracteriza como una entidad federativa con alto grado de marginación en sus comunidades, compartiendo este estatus con estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas; en los que se concentra el 40% de comunidades con grados de marginación alto y muy alto (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2015). En la zona rural esta situación se incrementa y recrudece con los llamados grupos vulnerables, como mujeres e indígenas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), a nivel nacional hay 185,243 localidades rurales y 4,189 urbanas; en Guerrero existen 6,627 localidades rurales y 142 urbanas y ocupa el lugar 13 a nivel nacional por su número de habitantes (3,540,685): 12 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir, 51 tienen la educación básica terminada, 22 finalizaron la educación media superior y 16 concluyeron la educación superior; 45.3 % de las viviendas particulares habitadas cuentan con un dormitorio, 49.4 % disponen de agua entubada, 98.0 % cuentan con energía eléctrica: 53.2 % tienen drenaje conectado a la red pública y de acuerdo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Guerrero (2021) el ingreso promedio de la población ocupada presenta hasta dos salarios mínimos³. Los indígenas representan un grupo importante y cuya situación sigue el patrón de la tendencia nacional, donde se encuentran históricamente excluidos y sus raíces estructurales de marginación están determinadas por factores culturales, económicos, sociales y también políticos. En Guerrero se encuentran cuatro grupos indígenas conformados por Mixtecos, Nahuas, Tlapanecos y Amuzgos; todos ellos comparten un bajo desarrollo de la ciudadanía social y por consiguiente elevados índices de exclusión social (Fleury, 2007).

Derivado de la enfermedad Covid-19 del virus SRAS-CoV-2, en México muchas actividades económicas se vieron afectadas entre otras razones, no solo a las limitaciones en las interacciones sociales. En el país, el primer caso se detectó el 27 de febrero de 2020 (BBC News Mundo, 2020). A partir de entonces, las acciones de los gobiernos estatales, municipales y federales se centraron en el distanciamiento social; lo que derivó en paro casi total de las distintas actividades económicas. El sector rural en el municipio de Acapulco, principalmente anclado a la dinámica de la ciudad, sufrió los efectos del paro de actividades turísticas y económicas. Por un lado, debido a que la producción destinada al mercado interno no encontró salida en la demanda local y, por otro lado, gran parte de la población ocupada se empleaba de forma parcial o total en el sector turístico. En consecuencia, la pandemia afectó el derecho al trabajo de un importante sector de la población rural de este municipio. Según el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), solo en el mes de junio de 2020, el Estado de Guerrero (del cual es parte el municipio antes mencionado) sufrió el decrecimiento del 7.2% del empleo formal (Téllez, 2020).

El Municipio de Acapulco de Juárez está clasificado con un grado de marginación bajo, a diferencia de la clasificación que existe por localidades; las cuales van desde muy alto grado de Marginación hasta muy bajo. También se encuentra clasificado con un grado de rezago social muy bajo, sin embargo, cada comunidad (o localidad) presenta diferentes rangos del grado de rezago social, predominando un rezago social bajo (Fierro-Leyva, 2021).

En este contexto, fue necesario realizar un diagnóstico comunitario sobre las nuevas necesidades de los productores afectados por la pandemia y la inseguridad que vive la región. La propuesta se centró en conocer las necesidades territoriales que pudieran surgir a partir de la nueva normalidad, las potencialidades de organización, producción y comercialización; así como detectar las oportunidades y fortalezas que pueden ser aprovechadas para dar solución a las necesidades identificadas por los actores del territorio, desde una perspectiva de la ciudanía social.

En esta veta de reflexión se puede decir que las economías sociales, representadas por las Unidades de Producción Familiar (UPF) en toda la zona rural de Acapulco, constituyen una apuesta transformadora (Foro Global de la Economía Social [GSEF], 2018) porque empodera a las personas, a la vez que fortalece los lazos comunitarios. Para algunos académicos como Vuotto y Fardelli (2012) y Diez et al., (2020) apoyar la economía social es un ejercicio de gobernanza y un cultivo de la ciudadanía social; ya que generan mecanismos de inclusión social, la cual es definida como: «la capacidad que tiene la sociedad para construir una ciudadanía activa, eliminar las barreras discriminatorias en el mercado y diseminar una cultura de la solidaridad» (Fleury, 2007, p. 99).

Por otra parte, en el plano de las políticas públicas cabe tomar en cuenta que la evaluación de los resultados de la economía social pasa por el aprendizaje, la interiorización de valores, prioridades comunitarias y consideración de la dignidad humana (Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS], 2020). La satisfacción de estas premisas abre el camino para la ampliación de la ciudadanía social en esta zona rural de Acapulco.

La economía social y solidaria constituye el punto de llegada para fortalecer la categoría clave de este trabajo: construcción de ciudadanía social. En ese sentido, existe un debate teorético sobre estas posibilidades donde la exclusión y discriminación, como situaciones no deseables, constituyan los objetivos societales a desafiar. Thomas Humphrey Marshall (2007), quien revitalizó el concepto de ciudadanía social, sostiene que la ciudadanía entendida como un status integra el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes. Al respecto, Añón (2002) comenta que «la no discriminación en el acceso a esos recursos constituye la condición necesaria y suficiente de la ciudadanía» (p.1) y enfatiza que «las desigualdades y las situaciones de insatisfacción de necesidades básicas interfieren claramente con la capacidad de deliberación o la afirmación de la solidaridad como vínculo social de cohesión» (Añón, 2002, p. 1). Los derechos sociales para Añón están indisolublemente ligados a los de justicia social y a la protección de las personas más vulnerables, en el caso del estudio que nos ocupa, a los comuneros de la zona rural de Acapulco.

Por su parte, Freijeiro-Varela sostiene que el bienestar se traduce en autonomía, dignidad e integridad, y que la ciudadanía social debe rebasar la frontera de solo la provisión de bienes materiales. Citando a Amartya Sen, el autor argumenta que se debe transitar de una «ciudadanía social centrada en la igualación material mínima frente a las desigualdades generadas por el mercado, a una ciudadanía social orientada a la creación de oportunidades sociales» (2008).

En ese mismo sentido, Cortina señala que no solo deben reconocerse y protegerse los derechos civiles y políticos, sino también los «económicos, sociales y culturales». Los ciudadanos requieren, además de libre expresión, asociación, conciencia y participación; satisfacer su alimentación, vestido, vivienda, trabajo y cuidado. La autora afirma que, sin imaginación creadora, sin iniciativa, colaboración y cooperación no es posible atender las necesidades de la comunidad, sobre todo de aquellos que son más vulnerables (1998).

La idea de economía social transformadora todavía constituye una categoría con pocos referentes empíricos, pero no deja de ser una base orientadora para mejorar un estado de cosas indeseables; por ejemplo, el Foro Global de la Economía Social sostiene que esta:

[…] aspira a construir un sistema socioeconómico que coloque a las personas, sus comunidades y su entorno ambiental en el centro de todos sus procesos. Un sistema cuyo objetivo sea garantizar la sostenibilidad de la vida en todos sus aspectos y promover un bienestar equitativo, inclusivo, democrático y sostenible para todas las personas —mujeres y hombres— y pueblos en cualquier lugar del mundo. (2018)

El principal objetivo, según sostiene L. Hernández (2020):

Es acercar movimientos sociales e iniciativas que comparten la voluntad de poner en el centro de la economía a las personas y el medio ambiente y acabar con la economía basada en la extracción, el crecimiento, la competitividad y el mercado, y que luchen por caminar hacia sociedades resilientes y colaborativas. (p.1)

Crespo-Arnold y Sabín-Galán (2014) sitúan al mercado social como el pivote principal de una propuesta económica, cuando afirman que:

… no sólo ha de mejorar los procedimientos y herramientas de las que se dota para convertirse en una alternativa viable y multitudinaria, forma en la que realmente adquiriría sentido, sino que ha de seguir cuestionándose e inventándose, en un diálogo continuo con los movimientos y la ciudadanía crítica, para romper definitivamente y de base con las lógicas económicas capitalistas en pro de otras que pongan las personas y vida en el centro. (p. 116)

Por su parte, Coraggio propone:

La construcción de un espacio donde se puedan hacer valer los intereses de la mayoría, de un espacio plural. Que no sea un espacio que empiece ya dominado y que los que son convocados a participar lo son para aceptar o legitimar una decisión que ya está tomada, populista o no. Tampoco puede ser un espacio donde la voz de las mayorías se imponga por el peso de los números. (2002, pp. 8-9)

La reflexión que comparte Coraggio sobre este tema es fundamental para entender las tareas colectivas (pensamiento y acción) que implican comprometerse con la transformación de un estado de cosas. Inicia estableciendo las condiciones para la construcción de espacios de cambios donde haya diálogo y conflicto y podamos aprender y buscar juntos; porque no sabemos cuál es el camino exacto que hay que seguir. También sugiere que debe ser un espacio de convergencia, que posibilite alianzas y legitimidad; de tal forma que la prioridad es recuperar la unidad estratégica entre economía, política y sociedad (2002).

La realidad es la «síntesis de múltiples determinaciones», lo que no quiere decir la sumatoria ni la coexistencia, tampoco la yuxtaposición; se conoce demasiado pero no suficiente, siempre hay que aprender y estar abiertos, no ir a la «precisa» ni buscar fórmulas replicables. Al contrario, se debe fortalecer un intercambio de saberes y superación de esos saberes que tienen hoy para aceptar que hay esperanzas. Se concluye:

Todavía es posible que tengamos que sacrificarnos más, pero no tiene sentido aceptar mayores sacrificios si no es con la seguridad de que va a venir otra cosa y sin ver que todos se sacrifican, que no hay unas elites que no sólo no pierden, sino que ganan impunemente con la crisis. No nos pueden pedir más sacrificios si no va a haber posibilidad de que esto se supere. (Coraggio, 2002, p.10)

Por su parte, Razeto (2007, p.17) realiza una reflexión sobre la idea equivocada de desarrollo; es una idea que no produce felicidad humana, no es integral, es concentración de riqueza más que desarrollo efectivo de potencialidades humanas y sociales. Se trata de un desarrollo que está siendo cuestionado porque con el objeto de acumular esas riquezas se están explotando, de manera irracional, recursos naturales que no son renovables, se están destruyendo equilibrios ecológicos y deteriorando el medio ambiente, es un desarrollo que tiene una pobreza de contenidos, que no es favorable para la vida humana. Agrega que es necesario pensar en otro desarrollo, en otro tipo de economía, de solidaridad y cooperación orientada en la dirección de la sustentabilidad para el buen vivir, y que fortalezca una paz duradera entre las comunidades. Respecto a la obra de este autor «ópicos de Economía comprensiva», Gómez-Núñez (2017) realiza una excelente reseña crítica sobre el tema, resaltando la complejidad del abordaje teórico de las economías alternativas en países de Latinoamérica —en especial en Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador—. Así se habla de economía social, solidaria, popular y del buen vivir; todas apuntan al desarrollo e integración regional. La idea que ofrece Luis Rezeto (líneas arriba) sobre el desarrollo, constituye un buen principio para los posibles debates actuales.

A continuación, se comparten unas interrogantes realizadas por Marañón-Pimentel et al., (2012): ¿Es posible pensar en una economía alternativa sin una política y una subjetividad distinta?, ¿la economía solidaria es parte de una propuesta de transformación social?, ¿cuáles son las implicaciones teóricas de pensar esas experiencias económicas solidarias como parte de ese proyecto de transformación social? (p. 14). Las anteriores reflexiones quedan como una tarea permanente para la búsqueda de la transformación comunitaria y societal⁴ a través de fortalecer la economía social para tejer ciudadanía con derechos sociales.

Metodología participativa: diálogos igualitarios y cartografía social

La heurística de esta investigación es resultado de la integración de tres ejes metodológicos: 1. Observación sistemática; 2. Mapeo de actores y 3. Uso de una variante de cartografía social. Durante los recorridos de reconocimiento por las comunidades de la zona rural de Acapulco se hizo uso de la observación sistemática⁵ y se realizaron entrevistas a informantes clave conformados por autoridades y líderes comunitarios. El primer bloque de preguntas fue sobre principios, valores y buenas prácticas implementadas en sus actividades cotidianas y productivas. En el segundo componente se integraron reactivos para la realización del mapeo de actores, atendiendo los siguientes ejes: 1. Actitudes prosociales (cooperación, reciprocidad, confianza y respeto a las normas y arreglos); 2. Niveles de interés en la intervención (a favor, indeciso y en contra) y 3. Niveles de poder o influencia sobre otros actores.

En la segunda fase de la investigación se implementó una variante de la metodología participativa, conocida como cartografía social. La cartografía social (CS) constituye una metodología participativa que genera información geográfica local, sobre las necesidades e intereses de los sectores de la población. La CS para su ejercicio se divide en cartografía colaborativa y el mapeo comunitario. Estas alternativas metodológicas «permiten que una comunidad pueda re-conocer, re-construir y re-significar su territorio para elegir y decidir sobre nuevas formas de vivirlo y gestionarlo. Implican procesos de construcción, validación y reconocimiento de los saberes locales, para así articular una contranarrativa ante las visiones externas sobre el territorio de las comunidades» (C.C. Hernández-Jiménez et al., 2020, p.11). Para el implemento de esta técnica y dada las condiciones del entorno (pandemia e inseguridad) se privilegió la acción de la comunicación directa a través de reuniones temáticas denominadas «diálogos igualitarios (DI)». Los asistentes identificaron sus actividades a través de la elaboración de mapas colaborativos y ubicaron las diferentes áreas de oportunidades de su entorno; sin embargo, el uso de la voz de los participantes fue decisivo para la sistematización de las propuestas (Tabla 1).

Tabla 1. Encuentros «Diálogos Igualitarios (DI)»

Nota. Estos diálogos se realizaron en las dos rutas principales del río Papagayo (del Este y Oeste). Fierro-Leyva (2021)

Habría que mencionar que en las comunidades de la zona rural permea el sentimiento de ser utilizados por los investigadores de las diferentes instituciones académicas, porque los resultados no se difunden y se carece de una comisión (alianza de actores conformada por gobierno, académicos y comunidades) de seguimiento a las actividades de investigación. Esta situación no fue fácil de remontar, pero se logró porque en la red ya se habían integrado personas reconocidas en las comunidades y fueron ellos mismos quienes llevaron el mensaje a otros lugares de la zona rural de Acapulco, finalmente se contó con excelentes aliados de la misma región.

La CRP constituye un territorio con suficiente potencial en Recursos de Uso Común (RUC), pero hasta ahora la inexistencia de políticas para revertir la situación de pobreza y marginación de este espacio territorial es una realidad. El diagnóstico participativo muestra las necesidades territoriales que surgen a partir de la nueva normalidad (contexto de pandemia), las potencialidades de organización, producción y comercialización; así como las oportunidades y fortalezas que pueden ser aprovechadas para dar solución a las necesidades ya identificadas⁶. El reto de esta investigación se trazó con una visión a largo plazo, atendiendo la pregunta enunciada: ¿Cómo restituir los derechos sociales en la CRP y, por ende, fortalecer la construcción de ciudadanía social en el territorio? El supuesto teórico⁷ es el siguiente: mediante el fortalecimiento de una justicia ambiental (cuidado de ecosistemas) y el impulso de la economía social en la región, se puede posibilitar la aproximación a ciudadanía social.

En el municipio de Acapulco existen dos grandes cuencas hidrológicas: Cuenca del río La Sabana (CLS) y Cuenca del río Papagayo (CRP). Este trabajo considera el análisis de esta última subregión (CRP), por las siguientes consideraciones específicas: 1. Es una de las cuencas de México que se encuentran en buen estado ambiental y ecológico en un territorio donde la tenencia de la tierra es de Bienes Comunales⁸; 2. Las comunidades componentes de la CRP no arrojan desechos industriales (no hay industrias en esta zona); 3. Existe un alto potencial para la pesca por estar muy cerca del mar; 4. Es un río navegable y puede conectar con mar y una laguna denominada «Tres Palos»; 5. Es fuente principal de abastecimiento de agua del municipio de Acapulco y; 6. La topografía del río, gasto y caudal posibilita la generación suficiente de energía eléctrica para abastecimientos de otros territorios, según estudios de la Comisión Federal de Electricidad-México (Sabás-Vargas, 2012)⁹. Este potencial de la CRP no se ha traducido en bienestar de la población ribereña, al contrario, las comunidades presentan altos índices de pobreza, marginación y rezago social (Tabla 2).

Tabla 2. Grado de Marginación de las localidades de la cuenca del río Papagayo

Nota. Elaborado por Fierro-Leyva (2021)

La CRP, en conjunto con la zona rural de Acapulco, constituyen la otra cara de la luna del prodigioso puerto internacional, porque en pobreza y marginación no difieren de otras regiones del estado de Guerrero; por ello, se podría afirmar que existen dos Acapulco: el rural, excluido, pobre y marginado; y el urbano, donde las políticas públicas aterrizan y la iniciativa privada ha tomado asiento en sus inversiones diversas. La economía del territorio es preponderantemente familiar, los productores tienen sistemas de producción rústicos con bajo nivel de rendimiento en su producción (Fierro-Leyva, 2021).

El limitado acceso al capital, la escasa tecnología empleada, restringidos canales de comercialización, escasas capacitaciones y asistencia técnica no posibilitan tener un mayor control de su producción y se propicia la presencia de intermediarios que acaparan la producción agropecuaria y de artesanías. La agricultura orientada hacia el cultivo del maíz, calabaza, jamaica, limón, chile, frijol, y algunas otras hortalizas está escasamente tecnificada. La mayoría de las labores culturales y de cosecha la realizan de manera manual. Hay poca fertilización y el sistema productivo es completamente de temporal. Los costos para la producción de maíz, así como de otros cultivos, son mayores a los ingresos que pudieran obtener por su venta. Aún no están en condiciones de alcanzar una escala económica rentable necesaria y suficiente para dedicarse a la comercialización de sus productos.

La problemática del territorio se agravó con el freno económico generado por el distanciamiento social, decretado por el Gobierno Federal. En este contexto, fue necesario realizar un diagnóstico comunitario sobre las nuevas necesidades de los productores afectados por la pandemia, que han visto mermada su actividad económica y su calidad de vida. El reto fue (y es) fortalecer al sector social de la economía de las comunidades rurales de Acapulco, para la mejora de las condiciones de vida, con equidad de género, respeto a los derechos humanos en el marco de procesos de paz y cuidado del medio ambiente. El compromiso (aunque suene reiterativo) es construir una alianza estratégica duradera, establecer las condiciones para el diseño y fortalecimiento de una propuesta de economía social transformadora para el bienestar social (Fierro-Leyva, 2021).

Para la construcción de un territorio próspero, con mejores índices de calidad de vida, se requiere ineludiblemente de una alianza estratégica entre los pobladores, gobiernos e instituciones académicas, para que juntos diseñen una ruta para el progreso fincada en el trabajo digno y esfuerzo cooperativo con compromiso social. Es una tarea ingente pensar y diseñar un modelo de territorio rural ordenado y sustentable, donde la planeación prospectiva constituya la brújula orientadora basada en principios, valores y buenas prácticas y, sean estos, la esencia de la acción.

Cualquier proyecto de economía social debe considerar la integración de las comunidades marginadas si su meta es una sociedad en la que prevalezca el bienestar social. En este sentido, la economía social va más allá de la mera consideración del ciclo económico de productor-consumidor, sino que también contempla aspectos implicados en la ciudadanía, derechos humanos, igualdad de género, medioambientales, resiliencia, democracia y una visión irrenunciable de la dignidad humana.

Esta línea en la que se desarrolla la economía social confronta a la economía capitalista, que reduce la economía a solo un intercambio de mercancías en un mercado. La anterior premisa se finca en el supuesto del hombre racional y la existencia del libre mercado, dando por sentado que existe un intercambio libre de mercancías por individuos, quienes basados en una geometría de pérdidas y ganancias generan estrategias para una mejor posición de utilidades. La dinámica capitalista, que está basada en estos supuestos, tiende a ser excluyente debido a que la expresión económica de sus procesos solo es posible si existen relaciones sociales de desigualdad de poder, y si crea y mantiene un sistema político que refuerza esta relación desigual. Esto se ve agudizado en sociedades con características premodernas, las cuales no han logrado separar el elemento económico y político de lo público, que también tienen persistentes actos de corrupción e impunidad; donde la ley no necesariamente refleja un estado de derecho (Fierro-Leyva, 2021).

En esta veta de reflexión, la economía social es una apuesta transformadora, porque empodera a las personas, a la vez que fortalece los lazos comunitarios. Para algunos gobiernos apoyar la economía social es un ejercicio de gobernanza y un cultivo de ciudadanía; sin embargo, impulsar una iniciativa institucional de desarrollo territorial (incorporando la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible) implica la construcción de una alianza estratégica de los diferentes sectores involucrados, y principalmente de los actores comuneros de esta región.

La relevancia para impulsar la conservación ambiental y reactivación económica de la CRP estriba en el peligro inminente de no invertir (ni gobierno ni la iniciativa privada) en esta región, aun cuando es la proveedora principal del agua y otros recursos naturales en el municipio de Acapulco y territorios del entorno. Esta situación ha encendido la alerta en esta región de Guerrero y generado propuestas de clivajes¹⁰ inminentes, a saber: 1. Se está construyendo el Centro Turístico Acapulco Sur con fuertes inversiones del Estado y de la clase empresarial (Hernández, 2021)¹¹; 2. La Iniciativa Privada (IP) está proponiendo formar el «Nuevo Acapulco» ante el clima de inseguridad en el municipio (Tejado-Dondé, 2021)¹² y 3. Otra situación de tensión, y muy fuerte, que puede presentarse en la CRP es la idea de remunicipalización por parte de los actores comuneros de esta región, de separarse de Acapulco y formar un nuevo municipio porque no están siendo atendidos por los diferentes niveles de gobierno (Gómez, 2020).¹³

A través de una aproximación a la cartografía social (variante de metodología participativa) se identificaron áreas de oportunidades (Aop) en la zona rural de Acapulco. Las propuestas emergieron de las reuniones denominadas «diálogos igualitarios» en las rutas Este y Oeste del río Papagayo, por considerarse las microrregiones con mayor número de comunidades que comparten problemas comunes, pero cada una de esas dos rutas principales mantienen intereses y necesidades concretas. Los problemas se ordenan de acuerdo a las siguientes categorías: 1. Participación ciudadana e infraestructura; 2. Claves de la Economía Social y Solidaria (ESS); 3. Autosuficiencia alimentaria y circuitos de producción y 4. Sistema financiero solidario (Tabla 3).

Tabla 3. Parametrización de categorías, ejes estratégicos y propuestas

Nota. Elaborado por Fierro-Leyva (2021)

Un conflicto de alcance internacional en la zona rural de Acapulco, en la cuenca del río Papagayo, fue el anuncio de un proyecto hidroeléctrico denominado «La Parota». Esta obra sobre el río fue anunciada por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, en el año 2000. A inicios de 2003 personal de la CFE llegaron al lugar para realizar los correspondientes estudios técnicos. Ante esta situación, un grupo de comuneros impidió la continuación de las actividades en la CRP a este organismo gubernamental, dando lugar a la formación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Sabás-Vargas, 2012). Para Chávez-Galindo (2009), este es el primer conflicto en el estado de Guerrero:

Ocasionado por un megaproyecto de inversión, un negocio del capital trasnacional que pretende imponerse pasando sobre los derechos de indígenas y campesinos, ejidatarios y comuneros. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) que opera el proyecto, es solamente promotor del gran capital, principalmente foráneo. La CFE busca licitar el proyecto, obtener recursos de la banca internacional, contratar grandes constructoras, insertarlo en su programa de obra pública financiada y enajenar la ganancia a los inversionistas. (p.1)

Chávez-Galindo sostiene que este conflicto comienza cuando la CFE trata de imponer el proyecto sin consulta previa, libre e informada a las comunidades de la CRP. La voz de los comuneros fue un no rotundo a la construcción de la presa hidroeléctrica, iniciando un repertorio de protestas por el centro de Acapulco y otros lugares de México y el mundo (2009).

Existen instituciones y empresas que antes de implementar obras regionales tienen como propósito involucrar a los actores del lugar para evitar conflictos, respetando costumbres y normas locales y apoyando para el desarrollo de estas comunidades; sin embargo, no todas las iniciativas de megaproyectos siguen esta vía de apoyar a la gente del lugar y su entorno. En ese sentido Watkins et al., indica que «esta visión, sin embargo, no es compartida por todas las empresas, tal y como se evidencia del amplio rango de conflictos sociales y ambientales aún en progreso» (2017).

Otra situación de tensión y conflicto muy fuerte, que puede generarse en la zona rural de Acapulco y en la misma ruta del río Papagayo, es la idea de remunicipalización de los Bienes Comunales de Cacahuatepec expresada en los medios por el señor Isaac Valeriano García, presidente comunero de esa demarcación territorial; quien sostiene que los Bienes Comunales deben convertirse en un municipio porque cumple con los requisitos y la asamblea de 46 comunidades está de acuerdo con separarse de Acapulco. Ello porque no se atienden sus demandas como construcción de un hospital, habilitación y mejoramiento de caminos, así como apoyos para proyectos productivos de impulso a la región (Gómez, 2020). Estas comunidades que integran la CRP aportan productos agropecuarios a la zona urbana del puerto y participan activamente con buenas prácticas para evitar la contaminación del río Papagayo y su creciente zona de influencia. Sin embargo, esta generosa acción comunitaria hasta la fecha no se ha traducido, por parte de los gobiernos, en una retribución en forma de políticas para el impulso sostenible de la cuenca. En consecuencia, López-Camacho (2021) apunta que «la academia debe reflexionar sobre su papel en la visibilización de estos ejercicios», entendiendo la cosmovisión como otra forma de interacción con la naturaleza y como una construcción indisolublemente ligada «con todos los fenómenos sociales, culturales y espirituales» para «la reconstrucción del territorio, la consolidación de una economía propia basada en la solidaridad y el equilibrio de la vida, el fortalecimiento del sistema de educación propio, entre otros». (p. 110).

Resultados

1. A través de la alianza estratégica entre actores se fortaleció la apropiación social del conocimiento. El principal logro de esta investigación es la conformación de una red integrada por autoridades municipales, actores comunitarios y la Universidad Autónoma de Guerrero. En esta primera etapa de reconocimiento y diagnóstico del territorio se generaron las condiciones para continuar con la siguiente etapa que es la construcción del programa integral (con proyectos específicos resultados de las DI) y la búsqueda de financiamiento.

El grupo de trabajo se integró por los siguientes sectores institucionales: La Maestría en Economía Social de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). La Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Acapulco, Gro. (SEPLADE-Acapulco), integrantes de grupos sociales y cooperativistas. La colaboración, coordinación y cooperación de este equipo constituyó una tarea muy difícil y extenuante; dado que se operó en condiciones de pandemia provocada por Covid 19 (COVITEL Guerrero, 2020) con un fuerte índice de contagios (protocolo sanitario semáforo naranja) así como una inseguridad galopante perpetrada por la delincuencia organizada que lleva más de quince años establecida en este municipio (Peña, 2017).

2. La variante de cartografía social, como una metodología participativa, posibilitó el intercambio entre conocimiento de las comunidades y la academia. Durante los recorridos de reconocimientos se realizaron entrevistas abiertas a las autoridades y líderes de las comunidades, para explorar el conocimiento y grado de implementación de principios, valores y buenas prácticas implementadas en sus actividades cotidianas y productivas; encontrándose que: a). Desconocen los principios establecidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y b). Existen anclajes de identidad valiosos como: limpia de caminos, cuidado de acuíferos, cuidado de la biodiversidad, trueques, jornales compartidos y fiestas comunitarias; pero también se encontraron anclajes de identidad no valiosos o indeseables, a saber: desconfianza para formar cajas de ahorros solidarias, desconfianza para establecer cooperativas de comercialización para entregar sus productos, integración de la mujer a los trabajos productivos sin voz en su organización e incorporación de niños y niñas a las actividades del campo en detrimento de su formación educativa.

3. Los resultados de este diagnóstico tienen que ver con estrategias y programas de sensibilización en los que, hasta la fecha, los diferentes niveles de gobierno no se han involucrado en el tema. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Guerrero a través del Programa Educativo de la Maestría en Economía Social ha retomado está ruta de acción. Para ello la ley de la economía social y solidaria [LESS], en sus artículos 2º y 3º, ofrece el marco legal para impulsar programas sustentables en las diferentes regiones de México y, en específico, para la hechura de políticas a partir de estos diagnósticos participativos (2017).

4. Durante los diálogos igualitarios (DI) se abordaron, como arriba se indicó, los siguientes ejes temáticos: 1. Participación ciudadana e infraestructura; 2. Claves de la Economía Social y Solidaria (ESS); 3. Autosuficiencia alimentaria y circuitos de producción y 4. Sistema financiero solidario. Estas categorías se tradujeron en propuestas específicas establecidas en la tabla 3 (Parametrización de categorías, ejes estratégicos y propuestas). Las demandas surgidas de estas reuniones no se han atendido ni incorporado a los planes de gobiernos. El punto urgente para el fomento de políticas públicas es el reordenamiento territorial y ambiental de la Cuenca del Río Papagayo, misma que no se centre en una economía capitalista transnacional sino en una economía solidaria de transformación local.

Discusión

La pandemia en las comunidades de la zona rural de Acapulco causó pocos estragos en la economía porque está basada en un 80% en la pequeña producción agrícola y pecuaria. Estos ingresos se complementan en proporción menor (casi un 20%) con empleos que ofrece la dinámica del puerto. El sector afectado por la pandemia fue el educativo por la escasa conectividad en las comunidades o carencia de medios electrónicos (celular, tabletas, computadoras y televisión) para recibir las clases. Los DI fortalecieron el proceso de sensibilización a los participantes de las comunidades sobre este grave problema, puesto que era poco creíble su efecto en la salud y se mostraban al principio perturbados por las medidas tomadas por las autoridades sanitarias —como cierre de playas y diversos negocios del puerto— que afectaron sobremanera el empleo en el sector servicio. Derivado de las reuniones exprofeso para dialogar sobre la pandemia, se llegó a la conclusión que era necesario contar con servicios de salud en los territorios rurales de Acapulco.

Conclusiones

Las comunidades que integran la CRP están comprometidas con su territorio para participar en proyectos de desarrollo integral. Es importante que las instituciones del gobierno federal, en coordinación con los otros niveles de gobiernos, retomen estas propuestas surgidas desde las comunidades a través de metodologías participativas. En este sentido, Milana y Villagra (2022) sostienen que «para que estos proyectos logren concretarse resulta imperioso que el Estado y, especialmente los organismos de ciencia y técnica del país, diseñen alternativas alentadoras (p.175)» con el propósito de fortalecer las condiciones del trabajo de campo y se prioricen las áreas de oportunidades para convertirlas en proyectos regionales que puedan ser administrados por las mismas comunidades, a través de los principios, valores y buenas prácticas de la economía social transformadora para el buen vivir.

Con el impulso de la economía social y el fortalecimiento ambiental del territorio se posibilita el acceso a los derechos humanos y con ello la construcción de la ciudadanía social en la Cuenca del Río Papagayo. El actor comunero de la zona rural de Acapulco se mantiene en pie de lucha tejiendo ciudadanía social con resistencia, solidaridad y clivajes en contexto de pandemia. La conquista de los derechos sociales pasa indudablemente por la obtención de los factores de bienestar social para el buen vivir, proceso que tiene que ver con el impulso de una economía transformadora y el fortalecimiento de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible; la posibilidad pudiera encontrarse en la construcción de la economía social y solidaria y su continuidad en el estudio de la Cuenca del Río Papagayo (CRP) donde inciden y se traslapan dos grandes conceptos como condición sine qua non para el desarrollo regional: economía y ciudadanía sociales.

Un diagnóstico participativo que en la práctica no impulse la construcción de una alianza estratégica entre actores (social, gobierno e instituciones académicas) está destinado al fracaso. El sueño de siempre: construir una mejor sociedad atenta a las agendas del buen vivir universales como la Agenda 2030 y establecer que «para problemas globales soluciones locales», como sostiene la politóloga y premio nobel de economía Ostrom (2000).

Referencias