Derechos humanos, Antropología y Comunicación. Implicancias de una investigación comprometida con las luchas indígenas (Salta, Argentina) 1
Human Rights, Anthropology and Communication: Implications of Research Committed to Indigenous Struggles (Salta, Argentina)
Direitos Humanos, Antropologia e Comunicação. Implicações da pesquisa comprometida com as lutas indígenas (Salta, Argentina)
Recibido el 15 de julio de 2021. Aprobado el 25 de octubre de 2021.
› Para citar este artículo: Milana, M. P. y Villagra, E. (2022). Derechos humanos, Antropología y Comunicación. Implicancias de una investigación comprometida con las luchas indígenas (Salta, Argentina) . Ánfora, 29 (52), 157-181. https://doi.org/10.30854/anf.v29.n52.2022.845
Objetivo: este artículo presenta un caso de investigación comprometida con organizaciones de pueblos indígenas en los Valles interandinos de Salta, Argentina. El objetivo es analizar cómo se articulan los planos de la investigación, extensión y colaboración, desde una perspectiva crítica de los derechos humanos, la Antropología y la Comunicación. Metodología: la investigación remite a una articulación interdisciplinaria con perspectiva etnográfica, cuyos procesos metodológicos involucran un conjunto de proyectos académicos y colaborativos con un colectivo indígena, el trabajo con fuentes locales, y la participación en asambleas, reuniones y talleres. Resultados : se analizan las implicancias de llevar a cabo una investigación comprometida, atendiendo a factores tales como el contexto económico-político y las coyunturas políticas, las demandas locales, y las condiciones del trabajo de investigación. Conclusiones : se recuperan las distintas instancias de trabajo y su injerencia sobre la redefinición de los campos disciplinares en el escenario anterior a la pandemia, y se indican algunos desafíos actuales sobre las prácticas de investigación y colaboración.
Palabras clave: Investigación comprometida; Colaboración; Antropología; Comunicación; Pueblos indígenas.
Objective: this article presents a research case committed to indigenous peoples’ organizations in the inter-Andean valleys of Salta, Argentina. The objective is to analyze how the research, extension and collaboration plans are articulated, from critical human rights, anthropology and communication perspectives. Methodology: the research refers to an interdisciplinary process with an ethnographic perspective, which methodological processes involve a set of academic and collaborative projects with an indigenous group, work with local sources, and participation in assemblies, meetings, and workshops. Results : the implications of carrying out committed research are analyzed, taking into account factors such as the economic-political context and political situations, local demands, and the conditions of the research work. Conclusions : the different instances of work and their interference in the redefinition of disciplinary fields in the pre-pandemic scenario are recovered, and some current challenges regarding research and collaboration practices are indicated.
Keywords: Committed research; Collaboration; Anthropology; Communication; Indigenous villages.
Objetivo: este artigo apresenta um caso de pesquisa realizada com organizações de povos indígenas nos Vales Interandinos de Salta, Argentina. O objetivo é analisar como a pesquisa, a divulgação e a colaboração são articuladas a partir de uma perspectiva crítica dos direitos humanos, da antropologia e da comunicação. Metodologia: a pesquisa refere-se a uma articulação interdisciplinar com uma perspectiva etnográfica, cujos processos metodológicos envolvem um conjunto de projetos acadêmicos e colaborativos com um coletivo indígena, trabalho com fontes locais e participação em assembléias, reuniões e seminários. Resultados: são analisadas as implicações da realização de pesquisas engajadas, levando em conta fatores como o contexto econômico-político e conjunturas políticas, as demandas locais e as condições do trabalho de pesquisa. Conclusões: as diferentes instâncias de trabalho e sua influência na redefinição dos campos disciplinares no cenário pré-pandêmico são recuperadas, e são indicados alguns desafios atuais relativos às práticas de pesquisa e colaboração.
Palavras chave: Pesquisa engajada; Colaboração; Antropologia; Comunicação; Povos Indígenas.
Desde hace algunas décadas, los estudios de alteridades indígenas vienen planteando una revisión crítica de los tradicionales modos de construir conocimiento en las ciencias sociales. En Argentina, considerando el escenario erigido a partir de la reforma constitucional y sus efectos en materia de derechos humanos de pueblos indígenas 4 , los desafíos exigen una serie de revisiones éticas sobre las condiciones de producción y los efectos de las prácticas de investigación y sus saberes hegemónicos.
Ante todo, la apuesta por afrontar las asimetrías del conocimiento científico conduce a un ejercicio profesional que explicite su rol en las dinámicas organizativas y sus demandas dirigidas al Estado, y asuma recaudos sobre las condiciones de confidencialidad y del consentimiento libre, previo e informado (Briones, 2013; Gazotti, 2015). Al mismo tiempo, involucra la efectiva adecuación de los enfoques analíticos a las demandas indígenas actuales, en el marco de un compromiso crítico con la lucha por el reconocimiento de derechos. En este sentido, el reto consiste en lograr una convergencia entre preocupaciones indígenas y agendas de investigación, que impacte en las políticas estatales y las maneras de comprender y gestionar la diferencia (Briones, Gorosito-Kramer, 2007).
Cabe señalar la relevancia dada a las experiencias organizativas desde ciertos virajes teórico-metodológicos que buscan comprender procesos políticos subalternos (Manzano, Ramos, 2015). Estos abordajes enfatizan el rol de los pueblos indígenas como actores políticos y sujetos de derechos, buscando dar cuenta de las implicancias de marcos jurídicos relativos al reconocimiento de la diferencia, así como los campos de fuerzas en los que se insertan estos colectivos y su relación con el Estado (Briones 1998, 2004; Lazzari, Quarleri, 2015). La interpelación común en estos estudios exige problematizar el abordaje de la “cuestión indígena”, históricamente sujeta a narrativas basadas en el mito de la Argentina blanca, abonado por lecturas en términos de mestizaje (Briones, 2002) y formas de “racismo indio” reproductoras de la desigualdad social (Álvarez Leguizamón, 2017). Esto cobra mayor fuerza en el caso del pueblo kolla, que ha desafiado los criterios establecidos por instancias estatales y de validación académica para certificar la autenticidad de lo indígena (Espósito, 2017) 5 .
Siguiendo esta línea, nuestras investigaciones abordan la conformación de organizaciones indígenas autoadscriptas al pueblo kolla desde la década de 1980 en los Valles interandinos salteños, ubicados al norte de la provincia de Salta, Argentina (departamentos de Santa Victoria, Iruya y parte de Orán). Ambas están orientadas por la perspectiva etnográfica en su sentido convencional (Balbi, 2020); así como la “genealógica”, en el sentido de la documentación de contenidos históricos singulares y “saberes locales, discontinuos” (Foucault, 1996, p.19), y la exploración de las condiciones que han influido en su descalificación o marginación (Restrepo, 2008). Junto a las posibilidades del trabajo de campo etnográfico, la genealogía busca vislumbrar “otras historias” y espacios de producción de conocimiento que pueden pensarse desde la diferencia, contribuyendo a construir teoría desde la praxis política de los movimientos de grupos subalternos (Escobar, 2003, p. 61).
Desde una perspectiva contemporánea de los derechos humanos, la Antropología y la Comunicación, en este trabajo proponemos una lectura acerca de la labor de investigación comprometida con organizaciones indígenas. Para ello, nos basamos en una experiencia de imbricación del quehacer interdisciplinario con las agendas de la Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN), entre 2013 y 2021 6 . El objetivo es reflexionar sobre las implicancias de articular proyectos de investigación, extensión y colaboración en contextos donde las coyunturas políticas, las demandas locales y las condiciones de trabajo determinan rumbos y posibilidades. Esto requiere, en primer lugar, visibilizar alternativas epistémicas y metodológicas del modelo moderno-eurocéntrico de conocimiento, contextualizadas en su enunciación, temporalidad y espacio; en segundo lugar, invita a revisar críticamente las condiciones que permiten llevar a cabo este tipo de propuestas formuladas en diálogo con las luchas 7 y demandas de la organización indígena con la que trabajamos.
En 2014, nuestros recorridos personales, provenientes del quehacer antropológico y comunicacional, se encontraron en el campo, luego de que cada una se involucrara en la gestión de la radio comunitaria FM OCAN 8 . En coherencia con nuestro compromiso asumido y asignado en el “tema comunicación” 9 , ambas trabajamos en la formulación y presentación de proyectos de extensión universitaria y otros provenientes de financiamientos estatales vinculados a la gestión de medios comunitarios, producción de contenido y equipamiento.
Aquella convergencia nos condujo a modificar los objetivos iniciales de nuestras investigaciones de licenciatura y doctorado, conllevando un abordaje interdisciplinario y cierto desanclaje académico. Así, nuestros proyectos de investigación pasaron a centrarse en reconstruir procesos de organización colectiva sin descuidar aspectos afectivos, memoriales y territoriales.
De tal manera nos fuimos acercando a una “investigación comprometida” (Katzer, 2011) que, como proceso situado y singular, adquirió características particulares a medida que nuestros vínculos con referentes de la OCAN se afianzaron. Este posicionamiento alude a una perspectiva que redefine la labor etnográfica al vincularla con tareas “en colaboración” (Rappaport, 2007), en nuestro caso la elaboración y gestión de proyectos a cargo de la organización, desde la aspiración de aportar a un ámbito de intervención sobre el cumplimiento de derechos y demandas locales 10 .
Siguiendo a Leticia Katzer (2011), la investigación comprometida requiere un posicionamiento epistemológico y político que atienda aquello que los interlocutores demandan o proponen, más allá de intereses académicos 11 . En este marco de acción concebimos que la perspectiva crítica de derechos humanos permite complejizar el análisis de nuestras investigaciones de manera relacional, además de constituir una herramienta y un lenguaje jurídico hegemónico para gestionar dichas demandas 12 . En este sentido, nuestra mirada pone el foco en la apropiación y resignificación que hacen nuestros interlocutores de las normas jurídicas, imbricadas en las tramas y luchas sociales (Sánchez Rubio, 2009).
Estas singulares articulaciones conllevaron elecciones teórico-metodológicas y analíticas. Además de recurrir a diversas técnicas cualitativas y al trabajo de campo etnográfico con estadías breves y periódicas en Nazareno, la experiencia de colaboración e involucramiento con proyectos vinculados a distintas áreas nos habilitó el acceso a archivos y a otras fuentes de la organización. A su vez, para construir nuestra perspectiva conceptual sobre los procesos organizativos indígenas en los Valles interandinos, recurrimos a tres líneas claves: los Estudios Culturales (Hall, 1996, 2010; Grossberg, 2006, 2012), el campo antropológico de la política colectiva (Manzano, 2013; Manzano, Ramos, 2015; Lenton, 2015), y los estudios sobre experiencias de comunicación popular, alternativa, comunitaria e indígena (Mata, 2009; Kejval, 2009; Doyle, 2016). Desde este marco indagamos en formas históricas de relacionamiento con el Estado y prácticas de resistencia (Milana, 2019; Villagra, Milana, 2020; Villagra, 2020) y analizamos una experiencia radiofónica en el marco de procesos políticos locales (Milana, Villagra, 2018).
En ese contexto, se desplegaron distintos estilos de gobierno nacional cuyas políticas incidieron sobre el recorrido de nuestras investigaciones y de los proyectos de la OCAN. En el periodo comprendido entre 2007 y 2015, la presidencia del gobierno nacional, ejercida por Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo discursos vinculados a la reparación histórica de los derechos humanos y una redistribución económica en términos de salud, educación, comunicación, entre otros. Bajo esta coyuntura, el movimiento indígena cobró visibilidad en la escena pública y mediática interpelando al Estado a redefinir sus horizontes de inclusión ciudadana. Luego, entre 2015 y 2019, las políticas encabezadas por la Alianza Cambiemos, bajo el mandato de Mauricio Macri, fueron devastadoras en su recorte presupuestario a distintas áreas del Estado, con efectos en las políticas indigenistas anteriores y en nuevas fronteras simbólicas de la nación en torno a conflictos específicos 13 .
A fines de 2019, la fórmula liderada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia, avecinando, nuevamente, transformaciones en el abordaje de las problemáticas sociales, políticas y económicas del país 14 . Sin embargo, el contexto suscitado desde 2020 a raíz de la pandemia por el COVID-19 impactó en los modos de organización social del país; mientras que el gobierno nacional destinó gran parte del presupuesto a la creación de salas y hospitales para enfermos de coronavirus y, posteriormente, a la campaña de vacunación 15 .
En el transcurso, nuestras investigaciones y los vínculos con la OCAN se reconfiguraron. Distintos escenarios marcaron las posibilidades de implementar proyectos en conjunto, en ocasiones limitados por el retraso o falta de dinero, o porque las prioridades de la organización indicaban cómo y cuándo ejecutar cierta actividad. Sin embargo, la búsqueda por construir apoyos y alianzas con actores internos y externos a la organización permitió resignificar los modos de construir saberes y prácticas de forma colectiva. Esto influyó tanto en el proyecto político de la OCAN como en el derrotero de nuestras investigaciones que, en definitiva, aspiran a construirse como aportes a la visibilidad de las luchas indígenas en la provincia de Salta.
En 2013, Paula Milana empezó a participar de los encuentros entre diferentes organizaciones indígenas de la provincia de Salta en el marco de su tesis de Licenciatura en Antropología. La investigación refería a un análisis de las políticas sociales y prácticas del “trabajo” en el entorno del Consejo Indígena Kolla de Iruya 16 (Milana, 2014; Milana , Ossola, Sabio-Collado , 2016). Producto del trabajo de campo en las asambleas, aconteció un giro hacia otra dimensión que trascendía la del trabajo. Se trataba del “tema tierra y territorio”, un conjunto de problemáticas que abarcaban la exigencia de los títulos comunitarios de las tierras y otras demandas relativas a su control. En relación a esta lucha, a través del Consejo se propició una articulación con el Qullamarka, la Coordinadora de Organizaciones y Comunidades Kollas Autónomas de Salta 17 .
En 2014, obtuvo una beca de investigación doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), cuyo proyecto pretendía indagar en la lucha por el territorio del Qullamarka desde su presente histórico. A la par de diferentes contribuciones o tareas que incluían la escritura de actas, asistencia a capacitaciones, redacción de notas durante las asambleas y posterior entrega en los despachos del gobierno provincial; el trabajo de campo se fue realizando con base en las dinámicas organizativas y los encuentros “Qullamarka Tinkunakuy”, que se realizan cada tres meses en distintas localidades de los Valles interandinos.
El problema de investigación se fue modificando a la par de las agendas del Qullamarka, que le asignó una posición de “aliada”. Esto implicó involucrarse con el campo de la Comunicación social, dado que a raíz de los debates y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009, los integrantes de la Coordinadora se encontraban trabajando por el acceso a frecuencias radioeléctricas propias 18 . Así, mediante un proyecto de extensión 19 se realizó la revista “Qullamarka-Tinkunakuy”, con un tiraje de cuatrocientos ejemplares, cuyo objetivo era visibilizar la relación entre procesos organizativos y proyectos de comunicación indígena.
Por su parte, Emilia Villagra inició su investigación en 2014 en el marco del cursado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta. Allí se incorporó a las cátedras Práctica en Comunicación Comunitaria e Institucional y Comunicación Popular y Alternativa, y se integró a diferentes proyectos de investigación 20 y extensión universitaria 21 . Estos tenían como objetivo reflexionar, sistematizar y acompañar a organizaciones indígenas que se encontraban trabajando en la gestión y producción de contenidos radiofónicos durante la aplicación de la LSCA. Este recorrido dio lugar a su tesis de grado (Villagra, 2016), donde abordó la construcción de la radio comunitaria FM OCAN y su apuesta por una “comunicación autónoma” y con “identidad” en el periodo 2014-2016.
Posteriormente, en 2017, Emilia obtuvo una beca doctoral financiada también por el CONICET, inicialmente destinada a analizar el rol de los medios comunitarios a partir de la implementación de la emisora en Nazareno. En sintonía con el trabajo de campo realizado en el periodo 2014-2019, el proyecto fue delimitándose a comprender los procesos político-comunicacionales de la OCAN en articulación con la demanda por las tierras.
Durante ese periodo ambas trabajamos en la formulación de proyectos de “comunicación con identidad”, financiados por el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) 22 y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Estas convocatorias constituyeron los primeros espacios de presentación de proyectos desde los cuales colaboramos conjuntamente para que la organización obtuviera financiamiento para la sostenibilidad económica, institucional y productiva del proyecto radial.
A partir de allí, una parte considerable de nuestras prácticas de investigación se ensambló con el desarrollo de proyectos de extensión universitaria como de otros financiamientos estatales. De esta manera, la extensión universitaria se constituyó como una práctica que priorizó nuestra formación como estudiantes de grado y permitió establecer vínculos entre el territorio y la universidad pública. Asimismo, enriqueció nuestras tesis de licenciatura y doctorado, ampliando las perspectivas epistemológicas de acuerdo al compromiso político de construir, sistematizar y articular el conocimiento social con los intereses y demandas de la OCAN.
Al confluir en el “tema comunicación”, la indagación conjunta en las demandas indígenas con perspectiva de derechos humanos constituyó el marco de diversas instancias de encuentro con referentes de la OCAN. En Nazareno, además, participamos en festividades religiosas y actividades planificadas por la organización, como la feria de “trueque cambalache” (2016 y 2017), reuniones articuladas con la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación (SsAF), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y talleres radiofónicos de “comunicación con identidad”. Por otra parte, accedimos a archivos de la organización, entre ellas, actas de las asambleas (1999-2018) y registros de inspecciones escolares que pertenecen al libro histórico de la escuela primaria de Nazareno (1909-2009).
De tal forma, luego de involucrarnos en los proyectos de extensión que cada una llevaba adelante, en 2016 presentamos el primer proyecto de extensión en conjunto 23 . Su objetivo inicial era aportar a la gestión y producción de contenidos de su emisora llamada FM OCAN. Desde un trabajo colaborativo con la organización pretendíamos confeccionar una revista cuyos contenidos versaran sobre la búsqueda de una “radio propia”, el contenido audiovisual generado, y la discusión de cómo sostener el medio. Al mismo tiempo, buscábamos construir una herramienta de sistematización de los procesos políticos y comunicacionales indígenas respetando perspectivas y saberes locales.
A raíz de las consecuencias del vaciamiento financiero de la Universidad Pública durante el gobierno de Mauricio Macri desde fines del 2015, el proyecto fue pagado en el año 2018. Esto frenó su desarrollo, no solo por limitaciones económicas, sino porque los objetivos e intereses de la organización para ese entonces eran otros. Por ello, durante una reunión organizada con referentes de la OCAN, se sugirió realizar un taller que fortaleciera los lazos organizativos e institucionales, además de fomentar la reflexión y difusión del trabajo que realiza la organización respecto al “tema tierra y territorio”. Así se generó un espacio de socialización de historias y saberes de Nazareno, en pos de conversar sobre las diferentes nociones de “territorio” que coexisten y así reconstruir la historia del municipio desde las voces y recuerdos de los habitantes.
A la par de estos proyectos, íntimamente vinculados a nuestras tesis doctorales, continuamos participando del trabajo de la organización. En 2018 elaboramos propuestas socio-productivas financiadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la construcción de un sistema de riego en la comunidad de Santa Cruz del Aguilar y la cimentación de un galpón de acopio en Nazareno. Además, participamos de talleres a cargo de la Defensoría del Público en Nazareno para la tramitación del registro FOMECA de la OCAN exigido en 2019 para presentar nuevos proyectos, de los cuales uno resultó ganador (sus fondos fueron depositados en 2021). Nuestro rol consistió en colaborar con la redacción de los proyectos, luego de participar en reuniones para redefinir objetivos y su posterior rendición.
En 2020, la pandemia por el COVID-19 impactó en nuestras investigaciones y en los proyectos que llevaba adelante la OCAN, y debimos recurrir a nuevas formas de relacionamiento tales como asambleas virtuales y comunicación por redes. Desde este lugar continuamos acompañando algunas actividades, participando en asambleas y en la reformulación y ejecución de diversos proyectos gestionados entre 2019 y 2021.
Finalmente, a principios del 2021 y en conjunto con un grupo de mujeres de Nazareno, presentamos un proyecto al Fondo de Mujeres del Sur, denominado “Warmis de Nazareno por un Buen Vivir: fortaleciendo nuestras voces y prácticas” 24 . En este contexto, donde si bien la situación epidemiológica continúa siendo afectada por la pandemia del COVID-19, apuntamos a incidir en algunos aspectos económicos y sociales desde el apoyo a espacios de articulación entre mujeres.
Como mencionamos, el abordaje antropológico y comunicacional nos permitió delinear un mapa teórico y analítico en el cual la perspectiva etnográfica fue central, no solo para reformular los objetivos de las investigaciones de acuerdo a las dinámicas de la organización, sino también para incorporar el lugar teórico y protagónico de los interlocutores. De esta manera, nuestro bagaje teórico-metodológico se fue modificando y construyendo en función de un trabajo de campo realizado mediante estadías breves y periódicas, cuyos registros sobre diversas actividades nos permitieron llevar a primer plano los puntos de vista nativos. Esta aproximación también nos permitió conocer en profundidad el montaje de las radios indígenas del Qullamarka. Además de presenciar la construcción de estos espacios en sus aspectos políticos y simbólicos, especialmente de la FM OCAN, colaboramos con su gestión institucional 25 .
Si bien durante nuestras trayectorias disciplinares analizamos aspectos específicos de las demandas de organizaciones de los Valles interandinos, cuando comenzamos a trabajar conjuntamente avanzamos en una nueva aproximación. A continuación, señalamos algunas características de esta perspectiva y su vinculación con nuestras investigaciones.
En primer lugar, el enfoque analítico de los Estudios Culturales resultó fructífero en términos epistemológicos para trabajar con procesos organizativos indígenas, ya que su propuesta consiste en construir conocimiento sobre lugares de enunciación y acciones políticas desde un intercambio interdisciplinario que, sin restringirse a una labor académica convencional, exige una práctica comprometida (Castro-Gómez, 2003). Esto es traducible a lo que Stuart Hall (2010) denomina “vocación política”, lo cual implica “comprender e intervenir” produciendo un “conocimiento-herramienta” que explore condiciones concretas de explotación y dominación (Restrepo, 2012, p. 157).
En segundo lugar, problematizamos procesos de subjetivación política desde una aproximación antropológica a la política colectiva indígena. Este campo puede ser abordado a partir de prácticas de representación y participación de comunidades u organizaciones, y requiere prestar atención a trayectorias individuales y colectivas, la manera en que se forjan alianzas y se dirimen negociaciones entre distintos actores, sin descuidar las confrontaciones y disputas internas que se libran en esos contextos (Lenton, 2015; Ramos, 2011). En diálogo con las propuestas sobre “formaciones nacionales y provinciales de alteridad” como configuraciones de organización social de la diferencia (Briones, 2005), también indagamos en formas históricas de relacionamiento de colectivos indígenas con el Estado, de gobierno y resistencia, negociación y articulación (Milana, 2019; Milana, Villagra, 2020).
En esta dirección, nuestra aproximación al campo de fuerza en que se entrama el proyecto político tanto de la OCAN como de la coordinadora Qullamarka, se asocia a la apuesta genealógica por dar cuenta de saberes y prácticas que, previamente relegados, han emergido en la visibilidad de las luchas actuales (Foucault, 1996). Esta lente fue lograda mediante una etnografía de la política colectiva de las organizaciones: registrando su labor creativa, singular e inédita de reconstrucción histórica, que además propone nuevos derechos y políticas cuestionando las narrativas hegemónicas propiciadas por ámbitos académicos y/o estatales.
Finalmente, otro campo propicio para llevar a cabo prácticas de intervención en el territorio y producir conocimiento es el de los Estudios sobre Comunicación Popular, que nos permitió poner el acento en los procesos comunicacionales y en la construcción de sentidos tejidos en lo cotidiano concibiendo a los medios desde las mediaciones (Martín-Barbero, 1987). Conjugamos este abordaje con el de la “comunicación indígena”, campo más reciente cuyo análisis se centra en los usos y apropiaciones de los medios audiovisuales por parte de sujetos indígenas, las características, posibilidades y límites inscriptos en los marcos regulatorios y sus articulaciones respecto a la lucha por los territorios (Lizondo, 2015; Doyle, 2018; Andrada, 2019). Estos abordajes nos permitieron relacionar los procesos comunicacionales con las acciones políticas de la OCAN comprendiendo en profundidad las distintas aristas que constituyen su proyecto (Milana, Villagra, 2018; Villagra, 2020).
Las articulaciones entre los tres enfoques conllevaron elecciones teórico-metodológicas y recortes analíticos orientados a comprender procesos de larga duración en contextos locales. En esta dirección, otra lente ensayada con miras a identificar y explicar las condiciones que posibilitaron la formación de las organizaciones indígenas kollas en los Valles interandinos consistió en una particular cronología de sus luchas. El discernimiento de los alcances del proceso organizativo indígena desde los años ochenta permitió contextualizar histórica y espacialmente un conjunto de eventos significativos 26 .
A partir de este bagaje teórico-metodológico y epistemológico, la demanda por el “tema comunicación” implicó un abordaje desde el campo de la Comunicación que se articuló con un análisis antropológico de los procesos históricos asociados al tema “tierra y territorio”.
En particular, la investigación doctoral de Emilia se centró en analizar la experiencia comunicacional de la OCAN desde un enfoque etnográfico, identificando prácticas políticas y desentramando el modo de construir redes y alianzas entre distintos actores, más allá de lo que sucedía estrictamente en términos de producción audiovisual. En el caso de María Paula, la tesis doctoral reconstruyó y analizó procesos de corta y mediana duración asociados a la formación de organizaciones kollas en los Valles interandinos, prestando atención a formas clasificatorias de alteridad provenientes del campo académico y estatal, así como a sentidos de pertenencia indígena que interpelan dichas marcaciones.
En conjunto, ambas investigaciones nos permitieron comprender el alcance histórico y político de la lucha por el territorio emprendida por la OCAN junto a otras organizaciones de los Valles interandinos salteños. De igual forma, las preocupaciones compartidas por registrar y analizar la labor de las organizaciones nos condujeron a complejizar la mirada sobre los procesos comunicacionales y comprender, desde el punto de vista de los actores, construcciones identitarias contemporáneas y disputas territoriales en contextos particulares. Esto fue posibilitado por un ejercicio etnográfico constitutivo de investigaciones entramadas con intereses académicos y dinámicas organizativas 27 .
A continuación, nos detenemos en cómo estas indagaciones derivaron en “investigaciones comprometidas” atadas a la gestión y ejecución de proyectos en el marco de las demandas de la OCAN.
Como señalamos, las prácticas de investigación y extensión se fueron tejiendo junto a las propuestas colectivas que articulamos con la OCAN, en un contexto marcado por coyunturas específicas y periodos de gobierno que incidieron en las acciones en campo, además de procesos de largo alcance que también las condicionaron.
De acuerdo a la periodicidad variable con la que realizamos trabajo de campo, en ocasiones asistiendo para “estar ahí” (Guber, 2001), de acuerdo al imperativo etnográfico sobre la observación directa, sin ninguna actividad en particular, y en otras con un cronograma de trabajo premeditado, nuestro rol fue visto por los integrantes de la organización de diversas maneras. Algunas veces como docentes y otras como técnicas, pero generalmente nuestra presencia fue asociada con una figura de “aliadas”, en sus propias palabras. Esto provocó un giro en los horizontes de nuestra práctica profesional, comprometiéndose con las demandas de la organización.
Por otra parte, la presentación y ejecución de proyectos de extensión fue central, ya que permitió que las investigaciones tuvieran un sustento práctico y territorial que, además de contar con un aporte económico para financiar actividades, respaldaron el diseño de talleres que potenciaban otros modos de dialogar y mapear el presente.
En la búsqueda por comprender esta compleja trama, nos interesa destacar varios aspectos que contornean límites y posibilidades de la investigación colaborativa. En este sentido, si bien el hecho de reconfigurar los objetivos de las investigaciones permite hilvanar intereses académicos con dinámicas organizativas, la relación de reciprocidad jerárquica que acontece en las múltiples negociaciones en campo define distintas posiciones. En nuestro caso, solventamos nuestra economía desde el trabajo en marcado en CONICET como becarias, lo que se traduce en textos científicos y en la participación de proyectos y programas de investigación. Esto también remite a lógicas de reproducción asimétricas del conocimiento, en tanto nuestro privilegio está dado por la autonomía de investigaciones sobre cuyas producciones no se alzan controles por parte de las organizaciones indígenas. En el caso de la OCAN, su saber y experiencia constituyen herramientas claves para defender, demandar y crear nuevos derechos. Entre ambos polos, con la intención de orientar las investigaciones en función de las narrativas, intereses y preocupaciones de la organización, buscamos atenuar aquellas asimetrías entre el trabajo académico y la posibilidad de comprometernos con los procesos políticos colaborando en la elaboración de diversos materiales como, por ejemplo, los proyectos gestionados junto a distintos referentes y lideresas indígenas.
Por otra parte, destacamos que tanto los proyectos académicos como colaborativos, se articularon en vinculación con financiamientos que tanto el Estado como las ONG’s brindaban en ese entonces. En cierto modo, es notable cómo, más allá de las agendas organizativas, la potencia de articular proyectos depende de gestionar subsidios considerados relevantes según criterios formulados por los organismos de financiamiento. También depende de las coyunturas y de la inversión en políticas públicas que permitan la ejecución de programas, tanto en materia de derechos humanos de pueblos indígenas como de ciencia y técnica.
Como mencionamos, nuestras investigaciones devinieron insuficientes en determinados momentos a raíz de los escasos recursos con los que contábamos para desarrollar nuestro trabajo que, si bien contaba con el apoyo de becas doctorales y proyectos de extensión, resultaban exiguos para costear el trabajo de campo (el dinero se devaluaba rápidamente o demoraba en pagarse). Asimismo, el contexto de pandemia también impactó en las indagaciones e implicó recurrir a plataformas virtuales para continuar vinculándonos.
En el derrotero empleamos distintas estrategias que nos permitieron conjugar las prácticas de investigación, extensión y colaboración. La periodicidad de los viajes fue posibilitada por la Secretaría de Agricultura Familiar (SsAF) y sus “técnicos idóneos” 28 ; institución estatal que desde principios de los años noventa articula aspectos técnicos y productivos de la agricultura familiar, campesina e indígena. Así sostuvimos estadías de entre tres y cinco días, al menos hasta 2019.
De igual manera, durante 2015-2017, asistimos a las capacitaciones radiofónicas dictadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en Nazareno, conjugando actividades y propuestas para fortalecer la FM OCAN. Sin embargo, no siempre las articulaciones institucionales se presentaron armoniosamente. Durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, la SsAF sufrió un brutal recorte presupuestario y el gobierno nacional despidió a casi 400 trabajadores de todo el país, 26 de ellos pertenecientes a la provincia de Salta. Esto impactó en el trabajo territorial y, en Nazareno, repercutió en una disminución de la asistencia técnica y de la ejecución de proyectos productivos. Lo mismo sucedió con la Defensoría, afectada por la interrupción en su labor respecto a audiencias públicas, capacitaciones y promoción del derecho a la comunicación.
A su vez, identificamos ciertas limitaciones relacionadas con el trabajo académico. Nos referimos al modelo de ciencia y técnica de Argentina que, si bien cuenta con numerosos organismos e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, históricamente destina un menor presupuesto al área de las Ciencias Sociales y Humanas. En concordancia con el desmantelamiento en la SsAF y la Defensoría, el sistema científico no fue la excepción. Desde 2016 al presente, la reducción presupuestaria paralizó proyectos de investigación y deterioró los salarios de sus investigadores. Respecto a esta área en el CONICET, un informe elaborado en 2019 (Instituto de investigaciones en ciencias sociales y humanidades, 2019) por becarios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) de la Universidad Nacional de Salta, indica que de los 450 investigadores que ingresaron a la Carrera de Investigador, un 17,7 % de un total de 2595 de los postulantes, solo 38 corresponden al área social: el 8,44 % de los investigadores que efectivamente ingresaron.
Además, la matriz productiva del CONICET promueve una lógica meritocrática y productivista, considerando que las investigaciones resultan satisfactorias según el número de publicaciones realizadas en libros o revistas científicas indizadas. Poco se evalúa el trabajo territorial o las condiciones en que se realiza. Esto impacta no solo en los trabajos académicos, sino también en las posibilidades de ampliar diálogos reflexivos que promuevan una “ecología de los saberes” (de Sousa Santos, 2012).
Estas son algunas limitaciones que encontramos al momento de construir puentes entre investigaciones académicas y proyectos colaborativos. En nuestro caso, las estrategias y alianzas descritas a lo largo del texto fueron construidas mediante articulaciones institucionales y organizativas, lo cual permitió que los procesos de investigación no se desligaran de prácticas de extensión y colaboración comprometidas con las luchas indígenas.
En este artículo presentamos una reflexión crítica de las prácticas de investigación, extensión y colaboración en articulación con las demandas e intereses de una organización indígena kolla.
Inicialmente, nuestro trabajo se concentró en proyectos de comunicación indígena que buscaban aportar a la gestión de la FM OCAN. Particularmente, la extensión universitaria nos resultó fructífera para congeniar la perspectiva de derechos humanos y la colaboración, en tanto propuestas comprometidas con las luchas indígenas por construir espacios autónomos y dignos para vivir. En esta drirección, nos abocamos a reconstruir los procesos organizativos en los Valles interandinos, ahondando en las circunstancias histórico-políticas que operaron en la formación de colectivos indígenas. Con el tiempo, el trabajo se transformó en una investigación comprometida con las demandas organizativas. La forma en que conjugamos distintos proyectos modificó nuestros intereses de investigación, en un intento por comprender y explicar procesos políticos locales.
De este modo, la participación en la formulación y ejecución de proyectos vinculados a diversas temáticas nos habilitó el acceso a fuentes propias de la organización y encuentros que sin aquella cercanía no hubiéramos podido presenciar. Cabe aclarar que dichas fuentes, poco contempladas por los estudios sociales de la región, fueron retomadas en nuestras investigaciones.
Sin embargo, esta experiencia también denota ciertas tensiones vinculadas a lógicas académicas convencionales, especialmente aquellas promovidas por organismos como el CONICET, que exigen estándares científicos que deben verse reflejados en la publicación de numerosos artículos en revistas categorizadas como de primer nivel. Esto resulta paradójico para las propuestas comprometidas con el cambio social y que critican aquellos modos de producir conocimiento, aunque se evalúen favorablemente dichas propuestas.
En el caso de las tareas que se precisan “en el campo”, y en concordancia con lo que plantean Claudia Briones y Ana María Gosorito-Kramer (2007, p. 371), es contradictorio cómo en la actualidad, a la par de revalorar el trabajo de campo etnográfico, los plazos exigidos son más acotados y el horizonte consiste en mantenerse o “entrar en carrera” de investigación. Aun así, intentamos alejarnos de modos de producción de conocimiento que caracterizan al ámbito universitario y apostamos a vincularnos de manera directa con las demandas, muchas veces urgentes, que planteaban tanto la OCAN como el Qullamarka. Esto evidencia la necesidad de revisar y reconfigurar constantemente los proyectos de investigación y extensión, teniendo en cuenta no solo intereses particulares, sino el contexto histórico-político donde se desarrollan.
Finalmente, asistimos a una época que evidencia la necesidad de formular propuestas y discusiones que consideren nuevos enfoques metodológicos en el marco de los desafíos que plantea la pandemia por el COVID-19. En nuestro caso, no estuvimos exentas de pensar y recrear las estrategias por medio de plataformas virtuales y comunicación en redes que nos permitieron seguir en contacto. Esto requirió mejorar nuestras condiciones materiales para la conectividad, además de idear nuevos modos de vinculación entre las investigaciones y los proyectos articulados con las organizaciones indígenas.
Actualmente, el proyecto que estamos ejecutando con las mujeres de Nazareno dedicó parte de su presupuesto a la compra de equipos de comunicación y conectividad para afianzar reuniones y talleres virtuales. Asimismo, trabajamos en el marco de protocolos sanitarios para realizar actividades al aire libre garantizando los cuidados necesarios.
Sin embargo, para que estos proyectos logren concretarse resulta imperioso que el Estado y, especialmente los organismos de ciencia y técnica del país, diseñen alternativas alentadoras para que la comunidad académica y científica realice trabajo de campo con los respectivos cuidados sanitarios o, al menos, abra la discusión a nivel general para compartir disyuntivas posibles entre sus trabajadores. De otro modo, además de la precariedad económica en la que nos encontramos, que continúa profundizándose, asistimos a una virtualización de las prácticas académicas que no se detiene ante la excepcionalidad y que ha sido denominada como la nueva normalidad.
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1 Investigación financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) entre 2013 y 2021. Proyectos “Territorialidad y poder. Conflictos, exclusión y resistencias en la construcción de la sociedad en Salta” (ICSOH-CONICET) y “Las tramas sociales en la construcción de las diversas vías del desarrollo: estudio de experiencias comunitarias y su articulación con la formulación de políticas públicas” (SECyT-UNC). Declaramos que la investigación no tuvo ningún tipo de conflicto de intereses.
2 Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Doctora en Ciencia Política. Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías; Universidad Nacional de Córdoba; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Correo electrónico: emivillagra93@gmail.com
3 Licenciada y Doctora en Antropología. I nstituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades; Universidad Nacional de Salta; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (ICSOH-UNSa-CONICET). Correo electrónico: mpaulamilana@gmail.com
4 En 1994 se reformó la Constitución Nacional de Argentina, incorporando el artículo 75 inciso 17 que, además de reconocer la preexistencia étnica y cultural, sentó el deber de reconocer “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
5 Argentina reconoce la existencia de 38 pueblos indígenas. En la Provincia de Salta, donde se distinguen al menos catorce pueblos indígenas –nueve reconocidos por el Estado provincial y otros cinco en lucha por ello–, el 6,5% de la población, es decir 79.204 habitantes, se reconoce indígena. Un 21,6% de aquel porcentaje pertenece al pueblo kolla: 17.145 personas (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2012). Cabe aclarar que el pueblo kolla también habita en las provincias de Jujuy y Catamarca, en el noroeste argentino.
6 Dicha organización articula desde 1998 a 23 comunidades kollas del municipio de Nazareno. Para acceder a esta localidad se debe atravesar la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, y luego recorrer 100 kilómetros al este por un camino sinuoso y de tierra que atraviesa el Abra del Cóndor a 5050 msnm (límite entre Salta y Jujuy), hasta descender en la cabecera municipal.
7 La categoría nativa de la lucha (especialmente la de lucha por el territorio ) refiere a formas consensuadas de demandar la construcción o restitución de derechos dentro del actual marco jurídico que respalda a los pueblos indígenas.
8 La FM OCAN es la emisora comunitaria indígena que coordina la OCAN desde el año 2016. Además de garantizar el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, su proyecto comunicacional apuesta por modos propios de construir una agenda informativa local, en coherencia con las luchas territoriales de la organización. En otros trabajos profundizamos sobre este tema (Milana, Villagra, 2018; Villagra, 2020).
9 En las asambleas de la OCAN, las problemáticas tratadas suelen clasificarse en “temas” que permiten reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida social, además de proponer distintas vías de acción posibles en pos de adquirir, recuperar o crear derechos como pueblos indígenas.
10 Referimos a distintos proyectos, tanto de extensión universitaria como de otros financiamientos, que posibilitaron una articulación territorial y comprometida entre las prácticas de investigación y las demandas de la organización indígena.
11 La perspectiva de la investigación comprometida plantea un conjunto de interrogantes en torno al rol y diálogo de los investigadores con los interlocutores que forman parte del proceso de investigación. En el marco de diversas discusiones académicas sobre el quehacer antropológico, nos encontramos frente a un giro metodológico y epistemológico que propone problematizar discutir la práctica y el método etnográfico, adjetivando dicho giro como en términos de investigación “comprometida”, “militante”, “activista”, “colaborativa” o “decolonial” (Rodríguez, 2019). Si bien el propósito de este artículo no es discutir dichas nociones giro y sus adjetivaciones, cabe señalar que ellas insisten en la necesidad de asumir compromisos políticos con las personas y organizaciones con las que trabajamos y sus demandas singulares de reconocimiento.
12 Esta perspectiva retoma aportes de autores como Joaquín Herrera Flores y Boaventura de Sousa Santos, y defiende que los derechos humanos deben ser descritos en los contextos singulares en que surgen, en función de sus alcances para denunciar situaciones de desigualdad en el acceso a los bienes necesarios para una vida digna (Gándara, 2019). La propuesta enfatiza en la importancia de visibilizar múltiples formulaciones de derechos en un contexto de pluralismo (Acosta-Navas, 2019). Así es posible entenderlos como un lenguaje hegemónico que puede ser empleado de manera concreta por los sectores subalternos para canalizar sus exigencias y demandas específicas.
13 Estas disputas se visibilizaron a partir del rol represivo de la gendarmería nacional que la política de seguridad nacional habilitó para gestionar los conflictos derivados del avance de empresas privadas sobre los territorios del pueblo mapuche. Esto tuvo como corolario la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2018, mediante la intervención policial en el Pu Lof en Resistencia, Cushamen, provincia de Chubut (Briones, Ramos, 2018).
14 Para profundizar en las coyunturas políticas mencionadas sugerimos leer los aportes de Briones, 2015; Briones, Ramos, 2018; Soria, 2019a y 2019b.
15 El 19 de marzo de 2020 se declaró el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para todos los habitantes del país. Posteriormente, las disposiciones asociadas a la circulación de las personas fueron oscilando entre el ASPO y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), de acuerdo a la situación epidemiológica de cada provincia o municipio.
16 El Consejo Indígena Kolla de Iruya (CIKDI) es una organización conformada en el año 2004 que representa a las comunidades del departamento de Iruya en la provincia de Salta.
17 Actualmente, la Coordinadora agrupa seis organizaciones indígenas kollas de los Valles interandinos en la provincia de Salta: Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku (CIPKT), Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN), Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas (UCAV), Consejo Indígena Kolla de Iruya (CIKDI), Comunidad Indígena Alta Cuenca del Río Lipeo (CIACRL) y Unión de Comunidades Kollas zona baja Yungas-Orán, Salta (UCKYSA).
18 La LSCA reconoce la asignación de “autorizaciones a personas de existencia ideal de derecho público estatal, Universidades Nacionales, Pueblos Originarios e Iglesia Católica (…) a demanda y de manera directa, de acuerdo con la disponibilidad del espectro, cuando fuera pertinente” (LSCA, art. 37, 2009).
19 Proyecto de extensión “Multiplicando Voces: hacia una comunicación autónoma en el territorio Qullamarka” (2015).
20 Proyectos de investigación “Comunicación popular y alternativa en contextos de frontera. Parte 2. Mapeo de actores y experiencias en sectores populares de Salta” (2014-2016) y “Comunicación popular, alternativa y comunitaria en la provincia de Salta. Historización, reconfiguración y transformación de otras experiencias comunicacionales” (2017-2019).
21 Proyectos de extensión “Hilvanando redes en comunicación comunitaria. Talleres de apoyo a organizaciones sociales en el marco de la Mesa de Gestión de Comunicación Popular de Salta y Jujuy” (2014), “Hilvanando redes en comunicación comunitaria. Parte II. Talleres de apoyo a organizaciones sociales en el marco de la Comunicación Popular de Salta (2015)” y “Nazareno comunica. Capacitaciones para el fortalecimiento de una radio comunitaria” (2016).
22 El FOMECA se creó a partir de lo establecido por el artículo 97, inciso f de la LSCA, que destina un porcentaje de los fondos recaudados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a proyectos de Comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
23 Proyecto de extensión “Comunicación con identidad: medios comunitarios en el territorio Qullamarka” (2018). Este tenía como objetivo principal aportar a la gestión y producción de contenidos de la radio comunitaria FM OCAN.
24 El proyecto es financiado por el Fondo de Mujeres del Sur, en el marco del programa Liderando desde el Sur. Dicho espacio acompaña a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y personas LBTIQ+ en Argentina, Uruguay y Paraguay.
25 Aunque nuestro trabajo se centró en la gestión de la radio FM OCAN, también participamos en reuniones y talleres de comunicación en otras localidades y departamentos de los Valles interandinos.
26 Cabe aclarar que, en Argentina, a partir del advenimiento de la democracia, múltiples experiencias de organizaciones indígenas se visibilizaron planteando distintas demandas (Milana, Villagra, 2020).
27 Las carreras de Comunicación Social y Antropología de la Universidad Nacional de Salta presentan diferencias sustanciales en los modos de promover la vinculación entre el ejercicio profesional y lo concebido como territorio. Por ejemplo, el plan de la carrera de Comunicación Social incluye materias asociadas a la gestión, diseño y evaluación de proyectos o políticas de comunicación social; además de contemplar prácticas profesionales con organizaciones, empresas o instituciones enmarcadas en intervenciones sociocomunitarias. Por su parte, la carrera de Antropología promueve un perfil orientado a la investigación que , si bien insiste en el compromiso activo con las luchas de los actores con quienes se relaciona, no ofrece formas de vinculación directa, tales como las prácticas profesionales .
28 En 1993 se creó el Programa Social Agropecuario financiado por el Banco Mundial, que pertenecía a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En 2007, dicho programa se constituyó como Subsecretaría de Agricultura Familiar. Ese mismo año, la SsAF incorporó, a raíz de una demanda de las organizaciones indígenas, técnicos territoriales pertenecientes a cada municipio y/o localidad, que serían denominados como “idóneos” por su saber y conocimiento respecto a las problemáticas locales.