La industria minera en Latinoamérica ¹

The Mining Industry in Latin America

A indústria de mineração na América Latina

Recibido el 12 de febrero de 2021. Aceptado el 9 de julio de 2021.

Resumen

Objetivo: a fines de la última década del siglo XX, América Latina fue testigo de la llegada de un intenso flujo de inversión extranjera para actividades de exploración y minería. Este artículo comprende el impacto de los extractivismos en algunos de los conflictos de América Latina. Metodología: la investigación utilizó el método comparativo de la ciencia política para analizar datos cuantitativos y cualitativos, gubernamentales y no gubernamentales, para la comprensión de los conflictos socio ambientales producidos por la minería; especialmente aurífera en Amrica Latina. Los resultados son geo-referenciados como una manera de representar la intensidad de los conflictos en el espacio geográfico. Resultados: la carrera de los actores empresariales, estatales y hegemónicos por ser dueños y señores de la biomasa natural y las reservas minerales ha revelado los intereses de controlar no solo la forma en que los Estados administran, sino también la naturaleza misma. Conclusiones: se encuentra que grandes multinacionales están impactando negativamente en los conflictos sociales, económicos y políticos de América del Sur y del Caribe. La licencia social de operación entregada a las multinacionales no logra reducir los conflictos en los territorios. Las políticas gubernamentales, pese a reconocer los derechos sociales y ambientales, siguen dando vía libre a la explotación de la naturaleza: desconociendo los objetivos de desarrollo sostenible, favoreciendo la acumulación de capitales de países del norte mediante la desposesión de la riqueza ambiental y social de los países del sur de América y del Caribe.

Palabras-clave: Extractivismos; Minería; Estado; Latinoamérica.

Abstract

Objective: at the end of the last decade of the 20th century, Latin America witnessed the arrival of an intense flow of foreign investment for exploration and mining activities. This article covers the impact of extractivism on some of the conflicts in Latin America. Methodology : the research used the political science comparative method to analyze quantitative and qualitative data, both governmental and non-governmental, to understand the socio-environmental conflicts caused by mining, especially gold mining in Latin America. The results are geo-referenced as a way to represent the intensity of conflicts in the geographic space. Results: the race of corporate, state and hegemonic actors to be lords and masters of natural biomass and mineral reserves has revealed interests in controlling not only how states manage, but also nature itself. Conclusions: it is found that large multinationals are negatively impacting social, economic, and political conflicts in South America and the Caribbean. The social license to operate granted to multinationals fails to reduce conflicts in the territories. Governmental policies, despite recognizing social and environmental rights, continue to give free rein to the exploitation of nature: ignoring the objectives of sustainable development, favoring the accumulation of capital of northern countries by dispossessing the environmental and social wealth of the countries of South America and the Caribbean.

Keywords: Extractivism; Mining; State; Latin America.

Resumo

Objetivo: no final da última década do século XX, a América Latina testemunhou a chegada de um intenso fluxo de investimentos estrangeiros para atividades de exploração e mineração. Este artigo examina o impacto do extrativismo em alguns dos conflitos na América Latina. Metodologia: a pesquisa utilizou o método comparativo da ciência política para analisar dados quantitativos e qualitativos governamentais e não governamentais para entender os conflitos socioambientais produzidos pela mineração, especialmente a mineração de ouro na América Latina. Os resultados são geo-referenciados como uma forma de representar a intensidade dos conflitos no espaço geográfico. Resultados: a corrida de atores corporativos, estatais e hegemônicos para possuir e controlar a biomassa natural e as reservas minerais revelou interesses em controlar não apenas a forma como os estados administram, mas também a própria natureza. Conclusões: verifica-se que as grandes multinacionais têm um impacto negativo nos conflitos sociais, econômicos e políticos na América do Sul e no Caribe. A licença social para operar concedida às multinacionais não consegue reduzir os conflitos nos territórios. As políticas governamentais, apesar de reconhecerem os direitos sociais e ambientais, continuam a dar livre curso à exploração da natureza: ignorando os objetivos do desenvolvimento sustentável, favorecendo a acumulação de capital nos países do norte, desapossando a riqueza ambiental e social dos países da América do Sul e do Caribe. 

Palavras-chave: Extrativismo; Mineração; Estado; América Latina.

Introducción

A finales de la última década del siglo XX, América Latina presenció la llegada de un intenso flujo de inversión extranjera para actividades de exploración y explotación minera. Los gobiernos del sur del continente fueron tan cautivados por los procesos de apertura comercial y de desarrollo económico, que vieron en este albor la solución al fenómeno dela pobreza y la muy esquiva inversión extranjera. Aunque Colombia ya había sido un destino atractivo para empresas mineras de oro a mediados del Siglo XIX, con la reforma del código de minas en el 2001 (ley 685 de 2001), se vuelve a dar paso a la exploración y explotación minera por parte de empresas con capital canadiense, peruano y africano. Algunas de ellas son: B2Gold, Barrik, Continental Gold, Iam Gold, Anglogold Ashanti (AGA). Además de lo anterior, también incidió el aumento de los precios internacionales de los principales productos mineros de exportación, especialmente del oro (Toro, Fierro, Coronado, Roa, 2012).

La naturaleza ha sido tomada por el modelo globalizador para instrumentalizarla y explotarla, como refiere Hector Alimonda (2011), tanto en su realidad biofísica como en su configuración territorial. Así la naturaleza aparece en el contexto global como un espacio subalterno que puede ser explotado y arrasado según sea la necesidad de acumulación hegemónica. Como uno de sus objetivos, la investigación pretende mostrar la génesis de los extractivismos en el contexto latinoamericano, y cómo estos han permeado las apuestas estatales viendo en este fenómeno la posibilidad de superar la pobreza y la desigualdad social del país a través del crecimiento económico.

Según Eduardo Gudynas (2018):

El extractivismo es la apropiación de los recursos naturales en grandes volúmenes, y está asociado principalmente a la explotación de petróleo y minerales como hierro, carbón, cobre, oro, entre otros; actividades de trayectoria en la política de desarrollo económico de los Estados. (p.61)—

Este fenómeno extractivo se ha dado en los territorios suramericanos desde tiempos de la colonia, cuando con ocasión de los procesos de conquista “se realizaban envíos de metales preciosos hacia las metrópolis europeas. Desde aquel entonces, la explotación de recursos naturales ha acompañado la historia latinoamericana”. (Gudynas, 2015, p. 23)

La definición deja muy en claro la dependencia de los extractivismos a la globalización. Hoy el mercado mundial recrudece sus lógicas fomentando una euforia mercantil que se basa en los altos precios de las materias primas y en una persistente demanda internacional. Eduardo Gudynas (2018) explica que los extractivismos se han diversificado y siguen siendo los pilares centrales de las estrategias de desarrollo que defienden gobiernos latinoamericanos desde distintas opciones políticas, y evidencia que no es una lógica de mercado nueva.

El término extractivismo se popularizó en América Latina por estar asociado al calificativo de industria. En efecto, el rótulo de Industria extractiva aparece en algunas publicaciones desde inicios de siglo XX, y fue utilizado por varios economistas por lo menos desde la década de 1950, pero se volvió popular a partir del empuje dado desde varios países desarrollados, agencias y bancos internacionales. Bajo esa perspectiva, se concebía al extractivismo minero o petrolero como una industria más, tal como la manufactura de automóviles (Gudynas, 2015, p. 15).

Bajo este escenario, también aparecen algunos organismos internacionales como gestores de este modelo, el Banco Mundial (BM), por ejemplo, ha contado con un área de trabajo especializada en “industrias extractivas” enfocada específicamente en petróleo, gas y minerales. A estos se les adjudica un enorme potencial para remontar la pobreza, generar empleos, proveer ingresos fiscales y contribuir a un desarrollo “sostenible” (BM, 2014). Además, el BM facilita préstamos para emprendimientos específicos en distintos países, y paralelamente evalúa aspectos de gobernabilidad, transparencia y gestión ambiental. Hasta ahora, el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue lanzando iniciativas que también utilizan el rótulo de industria extractiva para promover programas como el de la estrategia de sustentabilidad y equidad de las industrias extractivas. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2013).

Paralelamente, empresarios y gobiernos han ido adoptando los discursos de organismos internacionales como el Banco Mundial (2014) por diversos motivos, entre ellos, el poder defender el extractivismo como una industria generadora de desarrollo y que posibilita a los países mejorar los índices de calidad de vida. Además, basan su argumento en que dichos emprendimientos brindan contribuciones esenciales para superar la pobreza, asegurar empleos y generar crecimiento económico.

Actualmente, la lógica del modelo extractivo exportador en América Latina marca la pauta consolidando su papel de proveedora de materias primas al mercado global, con el inicio y desarrollo de un nuevo ciclo de expansión extractivo. Este fenómeno se refiere no solo al sistema de extracción de la naturaleza y de los componentes esenciales para el equilibrio de la misma—agua, nutrientes del suelo, hidrocarburos, energía, biomasa—sino a la implementación de reformas estructurales que liberalizaron los mercados nacionales, abriendo las puertas a grandes capitales extranjeros que entran con el propósito de dinamizar el sector en varios países de la región (Damonte, 2014). Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL, s.f.) en Latinoamérica hay 266 conflictos y cinco transfronterizos en 283 proyectos mineros involucrados en la región.

En este artículo se analiza la economía extractiva de América Latina a partir de una investigación de política comparada que, mediante documentos oficiales y análisis de políticas públicas, rastrea la explotación por invitación de las multinacionales con el auspicio del Estado latinoamericano. La investigación que se realizó da cuenta de un panorama de conflictos territoriales producido por las relaciones de poder que se desatan en torno a los extractivismos en el territorio latinoamericano y sus impactos en la pérdida de biodiversidad y contaminación del suelo, el aire y el agua.

Metodología

¿De qué modo podemos mejorar nuestra comprensión de las estructuras y los procesos a gran escala que transformaron el mundo del siglo XIX, y los que hoy están transformando el nuestro? (Tilly, 1991).

Basado en este aspecto, la investigación de la que es producto este artículo posibilita el análisis hermenéutico de la mercantilización de la naturaleza en América Latina. Para abordar esta problemática fue necesario acudir a la política comparada utilizando datos cuantitativos y cualitativos, para leer las similitudes y diferencias entre los Estados que han promovido políticas extractivistas en Latinoamérica y el Caribe estimulados por organismos internacionales y empresas multinacionales. Se comprende especialmente el caso de la minería de oro y su impacto socio ambiental. Tal y como lo señala Mónica Ramírez (2012) “América Latina despierta hoy un gran interés para la minería transnacional del oro”.

Para la realización de este artículo son importantes los aportes teóricos de Hector Alimonda (2011, 2018), Arturo Escobar (2007), Horacio Machado (2010), Eduardo Gudynas (2009, 2015), Stephen Bunker (1996), Maristella Svampa (2012) y David Harvey (2005). En sus trabajos se descubre la larga duración de la historia de la colonización de la naturaleza; la cual ha generado un proceso de acumulación por desposesión que se puede evidenciar en lo que se ha conocido como enfermedad holandesa o enfermedad chola, y la larga duración de la relación entre el Estado y el mercado, que es productora de un territorio: “El tercer mundo”.

Con la finalidad de comprender la practica minera en Latinoamérica y el Caribe, se acude a fuentes primarias gubernamentales y no gubernamentales, a saber: informes de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), y bases de datos construidas por el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL).

Para finalizar, se presenta el problema comparado y geo-referenciado para tener una representación gráfica de los extractivismos mineros, comparando muchos países de la región latinoamericana y del Caribe, especialmente al abordar los conflictos por el agua en territorios mineros, y comparando el impacto de la presencia de multinacionales en la acumulación por desposesión en los territorios mineros.

Resultados

Durante la década de los noventa, en América Latina se crearon condiciones para la aplicación de políticas que recuperaran el ritmo del crecimiento económico, y lograran revertir la caída del Producto Interno Bruto (PIB) e iniciaran un ciclo de tasas positivas. La estrategia para lograrlo fue acudir a la privatización de empresas estatales, lo cual redujo drásticamente el sector público. Además, se desregularizó la economía, al generar incentivos para las inversiones y al aplicar políticas de apertura con los flujos comerciales financieros globales.

Todas estas medidas, como lo indica Horacio Machado (2010), se encuentran en coherencia con las políticas que impulsaban los organismos multilaterales de créditos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y avaladas por los centros oficiales y académicos encargados de la formulación de las políticas públicas que fueron adoptadas como propias por los gobiernos de los distintos países.

Dentro de ese panorama se destaca el caso de la minería destinada a convertirse en “motor del desarrollo” adoptado por los gobiernos de América Latina (Machado, 2010). El BM asumió el papel de gestor e impulsor de un nuevo marco normativo para el sector ofreciendo a los países asesoramiento y créditos destinados a emprender lo que se entendió como una necesaria modernización. Esto buscaba promover e incentivar las inversiones en minería y dio origen al “Boom” de la exploración minera. Mediante los créditos condicionados del Banco Mundial, países como Perú (1991), Bolivia (1991), Argentina (1993), Ecuador (1991), México (1992), y Colombia (2001) introdujeron modificaciones en sus legislaciones mineras. De ahí que las reformas estuvieran encaminadas a remover los obstáculos que en el pasado no habían permitido potenciar la minería como renglón importante de la economía, y, de esta manera, permitir que la región se encausara en el curso “natural del desarrollo” como lo denomina Eduardo Gudynas (2015).

Adicional a la modificación de la legislación y de los avales crediticios de los organismos internacionales, el Banco Mundial (2018) sostiene que el modelo de explotación de recursos no renovables o la concentración de grandes extensiones de tierra por parte de capitales dominantes son cualidades que permiten el desarrollo económico ⁴ . En la misma perspectiva, en el 2017, el entonces presidente del Ecuador, Rafael Correa, se enorgullecía de la bonanza económica latinoamericana de su década de gobierno 2007-2017. Creencias que descansan en una mirada económica enfocada en el papel económico de los extractivismos, como son las exportaciones de materias primas, la recaudación fiscal de los gobiernos o el ingreso de inversiones. Pese a que en la Constitución de 2008, en los artículos 14 y 71, se consagraron los derechos de la población a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado y el derecho de la naturaleza a que se respete su existencia, Ecuador se ve desde entonces amenazado por el inicio de una de las actividades más contaminantes del planeta como son los extractivismos.

Poner a América Latina en el foco de los extractivismos es la estrategia del modelo de desarrollo económico, que usa como defensa la extracción de recursos naturales con la idea de asemejar la región con países como: Canadá, Australia, Noruega, Finlandia y Nueva Zelanda, países con sectores extractivos importantes, pero con exportaciones diversificadas y altos niveles de vida. La mayoría de estas empresas extractivas hacen presencia en países con legislaciones ambientales débiles, las cuales invitan a pagar por contaminar; estas legislaciones no se enfocan en hacer un control real de los impactos generados por grandes operaciones, sino por ser flexibles en las sanciones.

El argumento de defensa que usa la economía extractiva, por momentos, es semejante a las viejas ideas de promover el progreso por exportaciones de bienes primarios, pero está claro que los países latinoamericanos son muy diferentes a países como Canadá, Noruega y Australia. Como dice Gudynas “lo que hoy se está presentando como una bendición exportadora en realidad expresa una simplificación productiva interna que genera diversos problemas económicos” (2015, p. 45). Lo anterior es lo que se denominó como la enfermedad holandesa; como consecuencia del Boom petrolero en Holanda en la década de 1970, en la que la expansión económica, motivada por la explotación de un recurso natural, tuvo efectos en la economía como la entrada masiva de capital, la valoración de la moneda nacional, la pérdida de la competitividad exportadora, y el abaratamiento de la importación de bienes de consumo.

Este mismo patrón se repite en América Latina, dado a que la economía ha crecido en razón de los extractivismos, la entrada de divisas por exportaciones masivas de recursos naturales, y el fortalecimiento de la moneda. Esto se ha vivido con distinta intensidad en los países de Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Colombia y Venezuela. En el caso peruano incluso se ha descrito una subvariedad propia bajo el nombre de “enfermedad chola”.

Esto muestra que los extractivismos, más allá de sus éxitos exportadores, pueden desencadenar efectos negativos dentro de las economías nacionales. Con distintos matices, “surge un patrón de economías nacionales distorsionado y desarticulado, con sectores como los extractivistas que tienen fuertes vínculos globales, y otros volcados al mercado interno que se articulan entre ellos y que a veces se oponen entre sí” (Gudynas, Alaiza, 2012, p. 53).

Para entender mejor el modelo extractivo hay que hacer especial énfasis en las diferentes etapas de extracción de minerales, el cual inicia con una etapa exploratoria donde se desarrollan trabajos, estudios y obras necesarios para establecer y determinar la existencia y ubicación del mineral o los minerales, seguida por la geometría del depósito, en cantidad y calidad económicamente explotables, la viabilidad técnica de extraerlos y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno social puedan causar. Estas fases iniciales pretenden establecer y calcular técnicamente las reservas de los minerales, la ubicación y características de los depósitos o yacimientos, y es en estas fases en las que se define la elaboración del plan minero, los medios y métodos de explotación, y la escala y duración factible de la producción esperada en el área que ha sido concesionada. En Colombia, la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental para regular la extracción de minerales en el país, reconociendo al Estado como titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.

Por tal motivo, al finalizar el periodo de exploración se presenta ante la autoridad minera la delimitación definitiva de la zona en el área contratada, que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental. Así mismo, se determina el tipo de explotación minera que se adelantará en el depósito la cual, para efectos de esta investigación, se estableció de la siguiente manera: explotación subterránea, Cielo Abierto y Aluvial, según el Glosario Técnico Minero de Colombia (GTMC) (Ministerio de Minas y Energía, 2003) y en el Censo nacional Minero (2012) se entienden así:

• Minería subterránea: Se refiere a las actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra (Ministerio de Minas y Energía, 2003, p. 108).

• Minería a cielo abierto: Da cuenta de actividades y operaciones mineras desarrolladas en superficie (Ministerio de Minas y Energía, 2003, p. 108).

• Minería Aluvial: Sus operaciones mineras son adelantadas en riberas o cauces de los ríos; también se adelanta la extracción de minerales en terrazas aluviales (Ministerio de Minas y Energía, 2003, p. 108).

Es importante anotar que a este tipo de extracción de minerales le sigue lo que en el argot minero se define como escalas las cuales, según (FEDESARROLLO, 2012), dependen de quienes realicen el aprovechamiento de los recursos y sus niveles de impacto ambiental, social, y tecnificación requerida; sí mismo, el capital de trabajo y los estándares de seguridad en las que se adelanten dichas labores, características que varían dependiendo del tipo de minería. De este modo, la minería Artesanal/Ancestral, Pequeña/Mediana y a Gran escala se define así:

Minería artesanal: Por lo general, la minería artesanal se relaciona con la minería de subsistencia, la cual “es desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos básicos de extracción y que en asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia” (Ministerio de Minas y Energía, 2003). Se caracteriza por ser una extracción con implementos como bateas, pico pala, zarandas; es decir, con implementos no mecanizados. Este tipo de ejercicio minero es catalogado como tradicional— (y es referido en la Ley 1382 de 2010, modificatoria del Código de Minas de 2001 y vigente por sentencia C-366 hasta mayo de 2013—)

Pequeña y mediana minería: Según el Decreto 1666 (2016), la pequeña y mediana minería se define a partir del número de hectáreas otorgadas en el título o concesión minera, esta debe tener en cuenta el nivel de explotación menor o igual a 150 hectáreas, así mismo esta es establecida a partir del volumen de producción minera máxima anual (Tabla 1).

Tabla 1. Producción minera anual

Nota. Decreto 1666 de 2016 Ministerio de Minas y Energía de Colombia.

Este tipo de minería cuenta con operaciones de algún grado de tecnología y preparación del personal, así como algunos estándares en los procesos laborales, productividad media y eficiencia en la explotación y procesamiento del mineral; presenta un bajo nivel de seguridad industrial y seguridad social para los trabajadores y un alto impacto ambiental.

Minería a gran escala: Este tipo de minería, dado el tamaño de sus operaciones, cuenta con el mayor nivel de formalización y legalidad. Adicionalmente, su proceso productivo es el más tecnificado y al que se le exige mayores estándares de seguridad industrial. Cuenta con mano de obra calificada, capital de trabajo y fuentes de financiamiento que le permiten desenvolverse de manera más competitiva que la minería en escalas más pequeñas. Se caracteriza además por la Industrialización del proceso productivo, explotación de minas de tamaño relevante, mano de obra calificada, alta productividad y mayor eficiencia en la explotación y procesamiento del mineral, formalización de salarios e ingresos y seguridad social para los trabajadores, su explotación es posterior a la obtención de títulos mineros y la reglamentación de la autoridad ambiental para la prevención y mitigación del impacto ambiental, posee mayor capital de trabajo y más facilidad para la obtención de recursos financieros destinados a inversión (FEDESARROLLO 2012).

Es importante anotar que, de 141.887 empleos que genera la minería en Colombia, las minas sin título minero emplean 74.906 personas, lo que indica que el 53% del empleo que provee la minería en Colombia tiene su fuente en la minería ilegal. Por su parte, la pequeña minería ilegal provee 28.992 empleos, lo que equivale a decir que el 20 % de los mineros del país son pequeños mineros ilegales (Güiza, 2013). “El 56% de las Unidad de Producción Minera (UPM) declaran no tener ningún tipo de título minero, lo que contrasta con la identificación en campo de UPM sin título minero” (Ministerio de Minas y energía, 2012, p. 23).

Mónica Ramírez (2012) indica que:

La extracción de oro puede darse desde explotaciones artesanales y de pequeña escala (tal como ocurre en poblaciones cuya historia y dinámica social y económica están ligados a esta actividad), hasta megaproyectos mineros a cielo abierto. Ambos tipos de minería tienen impactos severos sobre el medio ambiente y el territorio, pero por su magnitud, la minería de gran escala a cielo abierto genera mayores riesgos de devastación (p.95).

La minería reconfigura los territorios según las necesidades de los regímenes de acumulación existentes, en el cual prima la privatización de algunos bienes naturales, avanzando así una fragmentación territorial y reestructurando formas particulares de entender la naturaleza, dado que se instalan condiciones políticas y culturales. De esta manera, se constituyen las condiciones de sustentación y legitimación del extractivismo. En el apartado siguiente se verá cómo estos extractivismos hacen parte de la apuesta de los Estados latinoamericanos por una economía extractiva que dé respuesta al crecimiento económico y, por ende, que promueva el tan anhelado progreso, que permita alcanzar las metas de desarrollo como lo ha planteado la CEPAL en varias de sus publicaciones.

Stephen Bunker (1996) en su artículo las materias primas y la economía global, señala los olvidos y distorsiones de la ecología industrial y critica los marcos conceptuales para analizar la producción, especialmente en los países industrializados, pues no se puede explicar la producción desde las dinámicas internas de las economías extractivas por diversas razones, entre ellas, señala que no se puede ignorar la relevancia de la apropiación de recursos naturales, o que en esa acción se usa o destruya materia y energía, cuyos valores no pueden ser calculados en términos de trabajo o capital.

Bunker advierte (1996) que las economías que proveen las materias primas difieren significativamente de las economías industrializadas en los efectos sobre su ambiente natural, y en cómo se distribuyen las poblaciones humanas para la expansión de la infraestructura y en sus potencias para subsiguientes desarrollos. De esta manera, Bunker propone desarrollar el concepto de modo de extracción diferenciándolo de la idea de modo de producción, aunque inspirado en esta última idea.

Cuando se examina la economía extractiva, resulta evidente la necesidad de contar con categorías para analizar el papel que juegan las empresas mineras o petroleras en un contexto de relaciones sociales y marcos institucionales. Para esto se requiere asumir una postura válida y un abordaje abierto con respecto a las relaciones que se generan y reproducen, enfocados en cómo puede ser el desempeño de un sector económico considerando la apropiación de valor, junto a las relaciones y estructuras sociales que lo hacen posible; es decir:

No se producen recursos naturales, sostener que los extractivismos son parte de los modos de producción, nos deja otra vez en la ilusión de que, por exportar cobre o hierro como copartícipes de la industria del automóvil, en esa acción extractiva no hay producción (Bunker, 2005, citado en Alimonda, 2011, p. 233).

El mismo autor analiza una categoría distinta a la de modo de producción, esta categoría es la de modos de apropiación, así explica la forma como se extraen y son usados los recursos naturales. Estos modos son concebidos de manera que no queden atrapados dentro de descripciones puramente económicas, y, por tanto, incluyen elementos materiales, flujos de capital, fuerza de trabajo, como también relaciones sociales y marcos normativos. Los modos de apropiación, como explica el autor, describen diferentes formas de organizar la apropiación de distintos recursos naturales (como materia, energía o procesos ecológicos), para atender fines humanos en sus contextos sociales y ambientales. Es decir, no se incluyen solamente las acciones materiales que toman algo del ambiente, sino el consenso sobre qué es un recurso y qué no lo es, sus diversas valoraciones, el acceso y las normas que sostienen esa apropiación.

Así, la diferencia clave en este sentido es que los modos de producción entran en conflicto con procesos humanos, pero en los modos de apropiación la interacción clave es con la naturaleza, cuya dinámica no está bajo regulación social. “No se puede decidir colectivamente, por ejemplo, la tasa de fotosíntesis de las plantas, ni un consenso político permitiría recuperar recursos naturales agotados” (Alimonda, 2011, p. 245). Hector Alimonda (2011) advierte que los modos de apropiación extractivista se organizan económica y socialmente para externalizar esos efectos ejerciendo todo su poder económico y político, para así ocultar esos impactos y evitar incorporar esos costos en sus contabilidades.

Los modos de apropiación extractivista se enmarcan dentro de la frontera de avance de la mercantilización del entorno, en la que ideas del mercado y la economía se imponen al mundo natural. Eduardo Gudynas (2015) asegura que el valor económico es un factor determinante en el ritmo de avance de esa frontera, puesto que, donde hay indicios de que existe un gran depósito explotable se dispara el precio de ese elemento, aumentan los incentivos y se le presenta como una mercancía, se le extrae y se dispone en las redes de producción y comercio.

Al convertirse en mercancía, esos elementos de la naturaleza pasan a ser denominados como “commodities” . Incluso la categoría recurso natural “expresa en sí misma esa postura de entender los componentes del ambiente como recursos para fines humanos” (Svampa, 2012, p. 87). Es en este sentido donde descansan las formulaciones convencionales de los precios, en ellos está anclada la valoración económica como principal forma de entender el ambiente, pero a la vez sirve para excluir o invisibilizar las demás formas de valoración (Svampa, 2012, p. 89).

La economía extractiva hace que la naturaleza sea fragmentada y mercantilizada, dado que la valoración económica desplaza otras valoraciones propias como la cultura, la tradición o las ideologías locales, y de la ecología. Así, se impone la racionalidad que busca la rentabilidad, la eficiencia y la competitividad. A continuación, se hará un acercamiento a cómo el extractivismo, representado en la extracción de recursos minerales y la economía de mercado, se convierte en un reduccionismo económico de la naturaleza al presentar el pago de regalías, el pago de impuestos y tributaciones como su gran aporte al desarrollo de los territorios. Además, se explicará cómo los Estados justifican el aparato extractivo como necesario para el “progreso”, participando de lo que Gudynas (2015) ha denominado como el “consenso de los commodities ”, caracterizado por la expansión de las fronteras hacia los territorios antes considerados como improductivos, y que ahora están al servicio de capitales extranjeros bajo la figura de concesiones mineras.

En la figura 1 se puede observar el potencial geológico comparado de los países de América del Sur y del Caribe, en donde Jamaica, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil y México son los países con mayor potencial. El proceso expansionista de la industria extractiva de minerales alrededor del mundo ha generado que la política de desarrollo económico de los Estados gire en torno a la promoción de la llegada de capitales extranjeros a los territorios latinoamericanos principalmente. Según un informe de la CEPAL- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hacia 1994 los presupuestos anuales de exploración en América Latina aumentaron de 564 millones de dólares a 1.170 millones de dólares en 1997. En dicho año, América Latina logró captar el 29% de los gastos en exploración previstos por las principales empresas mineras, sobre un monto mundial estimado en 4.030 millones de dólares ( Sánchez, R; Lardé, J; Chauvet, P; Jaimurzina, A, 1999, p.60).

Figura 1. Mapa de categorización de países de América Latina y el Caribe (ALC), con base en la incidencia de la minería en la economía y el potencial geológico

Nota. Tomado de Minería en América Latina y el Caribe, un enfoque socioambiental (p.620), por R.V. Ríos, 2018, Actualidad y Divulgación Científica

El incremento del precio de la onza de oro en el año 2000, que pasó de estar en ese año en US$200 a US$1.200 para el año 2008, tuvo como consecuencia que se incentivara aún más el interés por la extracción y la especulación de este metal. Se reactivaron yacimientos que en otro momento habían sido descartados, debido al alto costo que representaba su extracción, lo cual reducía el nivel de ganancias esperado (Toro, Fierro, Coronado, Roa, 2012).

Según Lina Muñoz (2016) para América Latina y el Caribe, para el año 2012 el sector extractivo alcanzó un nivel de rentabilidad superior al de otras actividades económicas del continente con un 25% de rentabilidad, por lo que llamó a diversificar sus economías. El capital extranjero se ha expandido por América Latina marcando un escenario conocido para estas regiones, en el cual se ven inmersas en relaciones globales de interés económico extractivo. Dicho fenómeno, orientado a la depredación capitalista, sigue beneficiando a Estados supranacionales con desarrollos económicos fuertes, “el Estado se convierte en un ente más de la economía global que articula las economías nacionales con los intereses globales, al facilitar y crear condiciones para acceder a los recursos naturales, ambientales, intelectuales y culturales de sus territorios” (Toro, Fierro, Coronado, Roa, 2012, p. 111).

La ilusión del desarrollo ha hecho que América Latina haya abierto la puerta al capital extranjero, que llega con la expectativa del crecimiento económico. Los Estados han realizado los ajustes legislativos correspondientes para seguir alimentando el ciclo expansivo de la inversión extranjera sacrificando territorios a partir de la asignación de títulos mineros y re-victimizando regiones que han sido azotadas con olas de violencia. Además, con el argumento de generación de empleo, las empresas ingresan a los territorios con promesas de más y mejores condiciones de trabajo, que en efecto se materializan en la tercerización laboral (López-Sánchez, López-Sánchez, Medina, 2017, p. 66). Por todo lo anterior, los esfuerzos por la expansión de la minería en Latinoamérica, resultan cuestionados.

Como se indicó anteriormente, el mayor potencial geológico para la explotación minera se encuentra en Jamaica, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil y México (Figura 1). Frente a estos indicadores, se estableció que los países con mayor conflictividad minera son México, Perú y Chile, mientras que Colombia, Brasil y Argentina poseen una conflictividad media en cuanto al número de conflictos territoriales, y una menor conflictividad minera se evidencia en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá (Figura 2). Gran parte de estos conflictos se desarrollan porque la explotación minera ocasiona daño ambiental, daños a la salud, destrucción de la biodiversidad, destrucción de los paisajes cafeteros, contaminación de los ríos, y la sociedad crítica especialmente la explotación a gran escala. Hoy, las empresas se preocupan por obtener una licencia social para sus operaciones en el territorio, asumiendo la licencia social como atributo esencial para el éxito; no obstante, según la International Council on Mining and Metals (2012) las acciones no ofrecen sostenibilidad para el desarrollo territorial.

Figura 2. Mapa de conflictos mineros por el oro en América Latina y el Caribe

Nota. Mapa creado en el software ArGis, Software de mapeo teniendo como fuente de información al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL, s.f.) https://www.ocmal.org/

Pero, ¿Quiénes son los responsables de este nivel de conflictividad en la región Caribe y Latinoamericana? Los proyectos mineros de empresas multinacionales, especialmente de origen canadiense, son protagonistas de lo que David Harvey (2005) denomina como acumulación por desposesión; proceso en el que se da una alianza estratégica entre el Estado y el capital extranjero para transnacionalizar los territorios despojando de la propiedad privada a la población campesina, y despojando de territorios colectivos a poblaciones indígenas y afrodescendientes. En la (tabla 2) se puede observar las empresas multinacionales responsables de la acumulación por desposesión, una nueva forma de colonización por parte de empresas originarias de países del norte como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, y ahora, China.

Tabla 2. Empresas multinacionales responsables de la acumulación por desposesión

Nota. Tabla comparativa realizada a partir de filtros por países con la información del Observatorio de Conflictos Mineros, OCMAL (s.f.) https://www.ocmal.org

La presencia de multinacionales en los países latinoamericanos muestra un denominador común: el impacto negativo en los objetivos de desarrollo sostenible. La pobreza y la desigualdad aumentan en Latinoamérica y el Caribe debido al modelo de desarrollo económico que depende de la explotación de recursos naturales, donde se privatiza la propiedad y se despoja de la tierra a comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes eliminando en el largo plazo su patrimonio cultural.

Una mirada general sobre el sector minero-energético en la región de América y el Caribe refleja la contaminación y carencia del agua producto de la explotación minera, lo cual genera empobrecimiento de la población, múltiples enfermedades y amenaza su derecho a la salud y el derecho a la vida en aquellos países dependientes de un recurso natural como el oro. Si bien nos encontramos en el siglo XXI, gran parte de la sociedad latinoamericana y caribeña carece de agua potable y de energía. Actualmente, se está dando la privatización del mar, cada vez más se dan avanzadas de las multinacionales que quieren extraer recursos mineros del fondo del mar para ser usados en la producción de nuevas tecnologías y se amenaza la vida submarina tanto como la vida de los ecosistemas terrestres.

En la Figura 3 se puede ver representada la presencia de multinacionales en la región. Los territorios con la amenaza más alta por la presencia de proyectos mineros dirigidos por empresas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y China son: México, Perú y Chile. Podría verse también un rango intermedio donde se ubican países como Brasil, Colombia y Argentina, y con un rango menor de presencia extranjera pueden observarse los territorios nacionales de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. La presencia de estos proyectos mineros depende de las políticas de gobierno. Brasil tiene uno de los potenciales geológicos más fuertes de la región, pero los movimientos sociales han limitado la presencia de multinacionales en el territorio durante varias décadas. Los gobiernos también han buscado la nacionalización de la explotación de los recursos naturales. Preocupa, no obstante, la tendencia creciente de la explotación minero-energética en Brasil desde el gobierno del expresidente Michel Temer hasta la actualidad con el presidente Jair Bolsonaro, la cual él impulsa en el Plan Nacional de energía 2050 que proyecta el desarrollo de la energía nuclear (Ministério de Minas e Energía, 2020).

Figura 3. Proyectos mineros en América Latina y el Caribe

Nota. Mapa creado en el software ArGis, Software de mapeo teniendo como fuente de información al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL, s.f.) https://www.ocmal.org

El caso de Colombia también es notorio, ante la intensidad de los conflictos territoriales. Es un hecho que la presencia de los extractivismos ha aumentado la intensidad del conflicto armado, dificulta la implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y afecta la legitimidad del Estado. Organizaciones internacionales han documentado los vínculos de Anglogold Ashanti (AGA) con las estructuras paramilitares. Durante el periodo 1988-2006, 5.438 personas fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad y 610.110 personas fueron objeto de expulsión y apropiación de sus territorios por parte de paramilitares en lugares donde AGA desarrolla operaciones o pretende hacerlo. Los momentos en los que las expulsiones se han intensificado han sido entre 1999 y 2002 (año en que ingresa AGA al país) y entre 2004 y 2007 así lo reporta el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL, s.f.).

En las regiones de Colombia donde AGA ha desarrollado o pretende iniciar labores de exploración y explotación se han intensificado los procesos de militarización. Los casos más críticos se han presentado en Tierradentro (Cauca), Remedios y Segovia (Antioquia), Quinchía (Risaralda) y el Sur de Bolívar. La militarización de estas regiones como estrategia contrainsurgente también ha servido para desterrar a los nativos, pequeños mineros y campesinos que se convierten en molestia a la hora de privilegiar el saqueo de las multinacionales. Estos procesos de militarización han venido acompañados por bloqueos alimenticios, medicinales y de insumos de trabajo para el desarrollo de las actividades agropecuarias (OCMAL, s.f.).

En el 2005 se dio a conocer el conflicto de Marmato, Caldas; la Compañía Minera de Caldas S.A., subsidiaria de la multinacional canadiense Colombia Goldfields Limited, ha adelantado el Proyecto de Desarrollo de la Montaña de Marmato, el cual busca hacer una explotación a cielo abierto del yacimiento que se ubica justo debajo del municipio, y cuyas regalías para la Nación serían tan solo del 1%. Además de reducir costos, este tipo de explotación implica el traslado del pueblo a otro sector. El gobierno colombiano ha favorecido este proyecto mediante nuevas estrategias legislativas para fortalecer la Gran Minería permitiendo derechos preferenciales para la explotación y la expropiación en función de los negocios mineros de las empresas transnacionales (OCMAL, s.f.).

Según Mónica Ramírez (2012):

Marmato, una población cuya historia e identidad están fuertemente arraigadas en la minería de pequeña escala, es un ejemplo singular de las tensas relaciones que se tejen en torno a las implicaciones de un megaproyecto minero a cielo abierto. (p. 110)

Según Ruth Zarate, Claudia Vélez y José Caballero (2020):

En la base de datos de conflictos mineros de la OCMAL (s.f) se destaca que los impactos ambientales negativos son los principales detonantes de los conflictos socio ambientales en Latinoamérica, debido a que esta región del mundo sostiene las actividades extractivas que ocasionan la contaminación de los cuerpos de agua, la tierra y el aire; en especial por la industria minera. Lo anterior, como resultado del inadecuado manejo de los desechos y relaves, en razón a que es común que las empresas devuelvan el agua adulterada a las fuentes originales sin tratamiento alguno, propiciando que estos cuerpos terminen contaminados por metales pesados como el plomo o el mercurio y se generen consecuencias para la salud humana; además de estos impactos, también se halla la limitación del uso del agua para actividades agrícolas y se genera un aumento en la improductividad de la tierra que afecta directamente las labores tradicionales de las comunidades. (p. 161)

Es importante superar el concepto de “industrias extractivas” ´porque allí no hay transformación industrial; no se producen manufacturas y lo que se exporta son materias primas. Eduardo Gudynas (2018) dice:

La insistencia en hablar de “industrias extractivas” tampoco es ingenua, ya que tiene connotaciones culturales que apelan a los imaginarios de fábricas con muchos obreros para así lograr adhesión ciudadana. Es necesario abandonar esa denominación no solo por la rigurosidad conceptual sino por esas implicaciones políticas. (p. 63)

León Valencia y Alexander Riaño (2014) señalan que la gran preocupación de las comunidades que habitan en territorios mineros radica en el impacto que la actividad minera tiene en su derecho al agua y, por ende, a la vida, dada la afectación que tiene en ecosistemas y en áreas protegidas. La mayoría de títulos mineros son otorgados a las empresas en áreas protegidas de Colombia con ecosistemas relevantes de fauna y flora.

En la figura 4 puede observarse los conflictos por el agua generados ante la minería. Los Estados en alerta roja por el deterioro del agua son: Chile, Argentina, Brasil, Perú y México. En un rango medio se encuentran Colombia, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

Figura 4. Conflictos por el agua en la minería

Nota. Mapa creado en el software ArGis, Software de mapeo teniendo como fuente de información al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL, s.f.) https://www.ocmal.org

La presencia de las transnacionales en la minería de oro ha despojado a la población de sus territorios ancestrales. En Perú es conocido el caso de Yanacocha, la mina más grande de América Latina, propiedad de la empresa multinacional Newmont Mining, que llega a Perú en el año 1999 prometiendo el tan anhelado desarrollo. El mayor impacto de este proyecto minero ha sido la contaminación del agua y grandes afectaciones para comunidades agrícolas. La empresa Gold Fields-La Cima C.A.A. también fue acusada de grandes daños a las viviendas y al desabastecimiento del servicio de agua y energía para la población Hualgayoc en Perú. En Argentina, Chile, Perú y República Dominicana también se registran conflictos ambientales. Las comunidades denuncian desde el año 2010 daños ocasionados a los ríos por parte de la empresa canadiense Barrick Gold. Así mismo, en Bolivia y Perú, la industria minera de oro tiene presencia con la transnacional Newmont, en donde los conflictos sociales se presentan también debido a la contaminación de los ríos (Arana, 2009).

Según Ruth Zarate; Claudia Vélez y José Caballero (2020):

Bolivia es uno de los países más afectados por las consecuencias climáticas sobre el recurso del agua, el 2016 fue un año crítico para garantizar el derecho al agua por falta del recurso. A pesar que se construyó una propuesta por parte de organizaciones y movimientos de la sociedad civil para establecer una Ley de Aguas (permitiría proteger las fuentes hídricas y planificar un adecuado uso del recurso), el Estado ha sido indiferente al permitir actividades mineras en cabeceras de cuencas, en ríos y lagos. (p. 161)

En Guatemala hace presencia la multinacional Glamis Gold y en México la New Gold. La resistencia de la población a estas compañías se debe principalmente a la contaminación del agua, daños en la salud y la dificultad para desarrollar otros sectores de la economía como la agricultura y la pesca.

En Honduras, el daño ecológico y ambiental lo realizan las mineras canadienses Yamana y Aura Gold. También en el Salvador, desde el año 2004, la compañía minera Pacific Rim, domiciliada en Vancouver, hizo perforaciones en el territorio deteriorando el medio ambiente y la calidad de vida de la población, pues con la industria minera de oro el agua desapareció del territorio, en el 2013 la firma australiana-canadiense OceanaGold obtuvo los derechos de explotación de la Pacific Rim.

Conclusiones

La deficiente gobernabilidad en la implementación y cumplimiento de la legislación nacional, en materia minera de los países latinoamericanos, produce un fuerte impacto ambiental sobre los ecosistemas e impide el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, los conflictos alusivos a la defensa de los territorios y la violación a los derechos humanos, muestran los condicionamientos y restricciones en la participación social para la protección de la tierra y los recursos naturales lo cual produce la criminalización de comunidades de campesinos mineros, agricultores e indígenas. La legislación de los países latinoamericanos beneficia a grandes compañías y reduce la intervención de colectivos comunitarios, que, bajo ese enfoque, producen una narrativa sobre el desarrollo económico.

Con este panorama, al sector minero de oro le corresponde el reto de reinventarse y someter su apuesta de empleabilidad y desarrollo a debate, reconocer las complejas realidades económicas, socioculturales y ambientales donde adelanta sus operaciones y, finalmente, superar la prueba de la economía global.

Los precios del oro han mostrado un aumento considerable durante la última década debido a su valor como activo refugio en la economía mundial. Esto se evidenció luego de la crisis del año 2008, que dejó expuesta la fragilidad de la economía con relación a las materias primas; así, metales preciosos como el oro se convierten en una inversión más segura ante la incertidumbre, la volatilidad de las bolsas de valores y las fluctuaciones de las principales monedas, y se constituye como el mejor commoditie para el desempeño de la economía.

El proceso de extracción de recursos ha sido una práctica económica incluso antes de la colonización. Lo anterior ha conducido a transformaciones socio-espaciales a partir de las cuales se construyeron relaciones sociales y comerciales aún vigentes, como: trueques, las relaciones de familias por castas y el oro como moneda. El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata, y la explotación de fuerza de trabajo fueron el principal inicio de prácticas laborales capitalistas a lo largo del territorio latinoamericano.

En este artículo se han referido los proyectos mineros a gran escala como un sector de la economía global que, bajo los denominados “commodities”, ha ido expandiéndose y controlando los bienes naturales, lo que Maristella Svampa (2012) ha denominado un nuevo orden “sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y potencias emergentes” (p.31).Esta dinámica expansiva posee una característica determinante en el sentido de gran escala, que hace referencia a la tendencia de una mirada productivista y eficientista del desarrollo, en términos de la “monoproducción o la escasa diversificación económica, una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva” (Svampa, 2012, p. 32). Además, la escala de estos emprendimientos globales advierte sobre la envergadura de las inversiones, es decir, “se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas, así como sobre el carácter de los actores involucrados y la concentración económica de grandes corporaciones transnacionales” (Svampa, 2012, p. 35).

Los Estados en América Latina han sido actores garantes de una apuesta extractivista que ha permitido a grandes capitales hacer uso y disfrute de las riquezas minerales. En países como Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina los gobiernos han impulsado la megaminería como motor del desarrollo; En este sentido, las convulsionadas interacciones del sistema global han hecho que los Estados en el año 2020 acepten una ideología dominante de favorecer los mercados y capitales extranjeros aun cuando la tierra está en crisis debido al cambio climático, el pico de la extinción antropogénica, la escases de agua y el pico de la extracción de petróleos y muchos metales. Como dice Joám Evans Pim y Ann Dom (2021, p 17): “El principal impulsor de la destrucción medioambiental, la extinción de la biodiversidad y los dramáticos eventos climáticos son el consumo excesivo que alimenta una economía extractiva”. En 2020, el secretario general de la ONU, António Guterres, denunció que “Estamos librando una guerra suicida contra la naturaleza” (ONU, 2020).

Así pues, América Latina ha vivido bajo el influjo de la maximización de los recursos, esto incluye la biomasa existente en el continente materializado en 1991 con la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Poco a poco, elementos que no habían sido considerados mercancías pasaron a ser identificados como “bienes y servicios” que debían ser “gerenciados”, que necesariamente tenían que ser “rentables” y “competitivos”, y comenzaron a ser transados dentro de marcos legales propios del comercio. Los nuevos elementos ingresados al mercado debían contar con dueños y expresar un valor económico:

Esta mercantilización alcanzó su expansión extrema en relación con la naturaleza. Se diseñaron, por ejemplo, métodos de valorización económica de la biodiversidad: una hectárea de selva amazónica podía valer desde unos pocos centavos hasta unos cientos de dólares; se postuló el concepto de “capital natural”; se defendió la bioprospección (un término derivado de la prospección geológica o petrolera); la conservación comenzó a ser considerada una forma de inversión, e incluso comenzó a discutirse en la OMC el comercio de bienes y servicios ambientales. (Gudynas, 2009, p. 56)

Todo este panorama sirve para concluir que considerar el eslabón del sector minero-energético como el principal motor de desarrollo no solo desconoce las relaciones sociedad-naturaleza que existe al interior de los territorios, sino que el Estado genera condiciones normativas para que el modelo se pueda establecer.

En esta perspectiva, la idea de desarrollo con la que operan los Estados actualmente se basa en un proyecto hegemónico que privilegia el crecimiento económico. (Escobar, 2007).

Para poder frenar este proceso globalizador que amenaza la naturaleza se requiere de una transformación cultural y epistémica que resuelva los conflictos sobre acceso y control de los recursos naturales como señala Arturo Escobar y los denomina como “conflictos de distribución ecológica” (2011).

“Debemos bajarnos del tren del progreso, no se quiere implantar un único proyecto como alternativa al modelo existente. Lo que se quiere es consolidar una multiplicidad de modelos en que se va a cuestionar la modernidad globalizada” (Escobar, 2010, p. 321).A propósito Joám Evans Pim y Ann Dom (2021, p 62) dicen: “Las cosas nunca cambian luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que deje obsoleto el modelo existente”. Se requiere entonces de un diseño institucional (social, económico y político) que finalice con las ideologías del crecimiento y del extractivismo.

Referencias