Orden de archivo. Secreto e inteligencia militar en democracia *
File Order: Secrecy and Military Intelligence in Democracy
Pedido de arquivo. Sigilo e inteligência militar na democracia
Recibido el 27 de mayo de 2021. Aceptado el 22 de febrero de 2022.
› Para citar este artículo: Muzzopappa, E. (2022). Orden de archivo. Secreto e inteligencia militar en democracia. Ánfora, 29(53), 164-188. https://doi.org/10.30854/anf.v29.n53.2022.789
Objetivo: identificar los procesos y prácticas involucrados en la definición de objetivos, la búsqueda y clasificación de información de una oficina de inteligencia naval y aportar al estudio de los sistemas de inteligencia en Argentina, a partir del análisis de un archivo de inteligencia naval que abarca el período (1985-2006) y que fuera confiscado como prueba judicial. Metodología: investigación antropológica y etnográfica que incluye en su diseño el análisis de un expediente judicial, entrevistas a diversos actores intervinientes en el proceso de armado de la causa, fuentes históricas, legislación, normativa de diferente jerarquía, y la reconstrucción en detalle del archivo de inteligencia. Resultados: el análisis da cuenta de prácticas atribuibles a marcos doctrinarios correspondientes a temporalidades diversas, sostenidas como estrategias dirigidas a disputar ámbitos de poder e influencia en el campo del Estado, y a consolidar una autonomía del sector. Se aborda el proceso de «policiamiento» del sector y la pertinencia de la noción «policía política». Conclusiones: el abordaje de la causa judicial y del análisis del archivo de inteligencia permitieron problematizar las relaciones y transmisión de prácticas y saberes al interior de una oficina de inteligencia de la Armada, más allá de lo establecido en los lineamientos legales institucionales. Se abre la indagación específica sobre el entramado burocrático de los diversos organismos de inteligencia que conforman el sector y el problema de su creciente autonomización.
Objectives: to identify the processes and practices involved in the definition of objectives, the search and classification of information of a naval intelligence office, and to contribute to the study of intelligence systems in Argentina, based on the analysis of a naval intelligence file that covers the years 1985 to 2006) and that was confiscated as judicial evidence. Methodology: anthropological and ethnographic research that includes in its design the analysis of a judicial file, interviews of different actors involved in the process of setting up the case, historical sources, legislation, regulations of different hierarchies, and the detailed reconstruction of the intelligence file. Results: the analysis shows practices attributable to doctrinal frameworks corresponding to different time periods, sustained as strategies aimed at disputing areas of power and influence in the field of the State, and consolidating the sector's autonomy. The process of “policing” the sector and the relevance of the notion of “political policing” are discussed. Conclusions: the approach to the court case and the analysis of the intelligence file allowed problematizing the relationships and transmission of practices and knowledge within a Navy intelligence office beyond what is established in institutional legal guidelines. It opens the specific inquiry into the bureaucratic framework of the various intelligence agencies that make up the sector and the problem of their increasing automatization.
Objetivos: identificar os processos e práticas envolvidos na definição dos objetivos, a busca e classificação das informações em um escritório de inteligência naval e contribuir para o estudo dos sistemas de inteligência na Argentina, com base na análise de um arquivo de inteligência naval abrangendo o período 1985-2006, o qual foi confiscado como prova judicial. Metodologia: pesquisa antropológica e etnográfica que inclui em sua concepção a análise de um processo judicial, entrevistas com vários atores envolvidos no processo de constituição do caso, fontes históricas, legislação, regulamentos de diferentes hierarquias e a reconstrução detalhada do processo de inteligência. Resultados: a análise revela práticas atribuíveis a estruturas doutrinárias correspondentes a diferentes períodos de tempo, sustentadas como estratégias destinadas a disputar áreas de poder e influência no campo do Estado, e a consolidar a autonomia do setor. O processo de «policiamento» do setor e a relevância da noção de «policiamento político» são abordados. Conclusões: a abordagem do processo judicial e a análise do arquivo de inteligência tornaram possível problematizar as relações e a transmissão de práticas e conhecimentos dentro de um escritório de inteligência da Marinha, além do que está estabelecido nas diretrizes jurídicas institucionais. Ela abre o caminho para um inquérito específico sobre a estrutura burocrática das diversas agências de inteligência que compõem o setor e o problema de sua crescente autonomia.
Este trabajo presenta algunos ejes relevantes de una investigación que se inició con el acceso a un archivo de inteligencia de la Armada Argentina, en el año 2006. Las circunstancias fueron posibles en el marco de una querella presentada por un organismo de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante la justicia federal, por la realización de actividades de inteligencia ilegal. Fueron imputados inicialmente los integrantes de la oficina de inteligencia de la Base Aeronaval Almirante Zar (Trelew, provincia de Chubut) y finalmente la cadena de mandos, hasta el jefe de la Armada. La investigadora participó en esa causa como colaboradora en función de mi experticia en el tema militar siendo estas las condiciones del acceso al expediente y al archivo. El archivo aún se encuentra bajo custodia del Juzgado Federal de Rawson.
Hasta la actualidad, este es el el único archivo de inteligencia militar al cual se ha tenido acceso, ya que la totalidad de los denominados «archivos de la represión» desclasificados en Argentina, pertenecen en su totalidad a cuerpos policiales provinciales. Habitualmente también comprenden las fechas máximas de 1960-1980, con algunas excepciones, y han constituido evidencia probatoria en los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo por los crímenes cometidos en la dictadura militar del período 1976-1983. El archivo de Trelew no se enmarca institucional ni temporalmente en esta categoría, lo cual constituyó uno de los primeros desafíos para la indagación. Sobre esta cuestión se profundizará a lo largo de este trabajo.
La causa judicial «CELS su denuncia»1 se inició cuando se le atribuyó la realización de prácticas ilegales a la oficina naval de inteligencia ubicada en la ciudad de Trelew. Tales prácticas no se condecían con los principios contenidos en las leyes de Defensa nacional (Ley 23554,1988), de Seguridad interior (Ley 24059, 1991) y de Inteligencia nacional (Ley 25520, 2001) que sucesivamente sentaron las bases de una estructura legislativa y delimitaron los roles militares. Dicho entramado se había constituido a partir de un fuerte consenso parlamentario, sustentado en dos principios fundamentales, con los cuales un amplio sector del espectro político intentó desarticular las bases de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la Argentina, establecida en su ley de Defensa 16970 de 1966. El primero de tales principios entiende que las fuerzas armadas son parte del sistema de la defensa nacional y que, por ende, solo están habilitadas para enfrentar amenazas de origen externo. El segundo de dichos principios delimita la seguridad interior y establece que las cuestiones relativas a la política interna del país no pueden constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia.
Tras un extenso período en el cual distintos sectores de las fuerzas armadas y la sociedad civil pugnaron por modificar los límites establecidos en la normativa, el presente caso denominado mediáticamente como «Espionaje de Trelew» se transformó en la punta de lanza para concretar una serie de modificaciones en el sistema de inteligencia militar referentes a la orientación, coordinación, dirección, planificación y supervisión de las actividades vinculadas al ciclo de producción de inteligencia realizado por los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas (Poczynok, 2017; Calderon, 2016; Muzzopappa, 2018).
Por su parte, en el marco de la causa judicial, fue secuestrado el archivo de dicha oficina de inteligencia, el cual permitió probar judicialmente la realización de tareas ilegítimas, tales como seguimientos a políticos y referentes de organizaciones de muy distinta índole (agrupaciones sociales y familiares de víctimas de terrorismo de Estado, entre otras).
La documentación secuestrada consiste en una serie de informes, memos y recortes periodísticos organizados en carpetas contenidas en un mueble archivador, libros de actas, biblioratos e información contenida en dos computadoras. La documentación abarca un período que se extiende desde 1985 hasta 2006.
La investigación con archivos de inteligencia, habitualmente denominados «archivos de la represión» ha tenido un particular impulso en función del informe elaborado para la Unesco por el Consejo Internacional de Archivos en el año 19952 (González-Quintana, 2008). Dicho informe puso en evidencia la importancia del acceso y la conservación de los archivos producidos por distintos organismos de seguridad e inteligencia durante los períodos represivos, en relación con los procesos de transición democrática y a la garantía de los derechos humanos.
Desde el fin de las dictaduras militares, distintos sectores, organismos de derechos humanos y movimientos sociales reclamaron a sus gobiernos la búsqueda y apertura de archivos policiales y militares como parte de las condiciones para garantizar los procesos de transición democrática e inclusive de los sistemas democráticos mismos. En este contexto, su inclusión en investigaciones judiciales permitió exponer a la luz pública el soporte que los sistemas de inteligencia constituyeron para la maquinaria represiva de los regímenes dictatoriales pasados.
En Argentina, los archivos contemplados en este proceso de «apertura» son, en su mayor parte, policiales (de sus departamentos de Investigación o Inteligencia, conocidos como D2)3 o de los servicios de inteligencia civiles de los gobiernos provinciales.4 En buena medida, sus fechas máximas contemplan el período 1960 - 1980; algunos alcanzan la década de 1990 (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), y solo dos avanzan sobre la primer década del 2000 (Archivo de Prontuarios Policiales de la Policía de Chubut; Departamento de Investigaciones Policiales de Santiago del Estero).
Esto ha significado que la mayor parte de las indagaciones sobre los sistemas y las prácticas de inteligencia se remitan a los períodos dictatoriales, mientras que se encuentran escasas investigaciones enfocadas en el período que se inicia en el año 1983, año de la reinstauración del sistema democrático en Argentina. Una notable excepción ha sido la tarea acometida recientemente por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que ha realizado aportes fundamentales sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia para causas judiciales sobre inteligencia ilegal durante el período post-dictatorial. Este trabajo pretende constituir también un aporte en esta dirección.5
Considerando el propósito descripto, esta investigación iniciada en el año 2006 ha indagado en torno a: 1) la historización y el desarrollo de los organismos de inteligencia en la Argentina, atendiendo a su dinámica en tanto burocracias estatales; 2) la configuración histórica de peligros y amenazas, su relación con los procesos de militarización de la seguridad y «policiamiento» de las fuerzas armadas, y con el problema de la autonomía y el control civil.
En este trabajo se pone de relieve cómo a partir de la reconstrucción y análisis de un archivo de inteligencia de una delegación «local» es posible identificar prácticas y lógicas de trabajo del sistema de inteligencia naval propias del período 1985-2006. De tal manera que, aun cuando no se profundice aquí sobre la problemática en torno al «control civil» o la «autonomía relativa» de las fuerzas armadas—que fuera abordado profusamente por especialistas para el caso latinoamericano (Varas y Agüero, 1988; Diamint, 1999), (por nombrar solo algunos clásicos)—, estas constituyen una referencia ineludible para el diálogo en una investigación que tiene como marco de referencia la constitución cotidiana de las burocracias estatales.
Una indagación antropológica en torno a la cuestión del estado6 ha sido especialmente fructífera para contribuir a su «desreificación» (Abrams, 1988). El abordaje aquí propuesto intenta aportar a aquellos trabajos como los de Corrigan y Sayer (2007) que, en esta dirección, asumieron el desafío de analizar los procesos de conformación histórica del «estado» y a develar el argumento legitimador bajo el cual, tal como muestra Bourdieu (2014), se desempeña una miríada de oficinas, agentes y burocracias que disputan el poder de «lo estatal»
En esta dirección, una perspectiva antropológica y etnográfica implica dar cuenta de racionalidades, agentes, procesos y producciones: el archivo y el expediente de la causa judicial se convirtieron en las dos vías de análisis en esta indagación etnográfica de las burocracias estatales, lo cual supuso distinguir sus dinámicas de conformación, trayectorias y tradiciones, las redes, alianzas y confrontaciones, así como de las circunstancias que rodean a los agentes, tales como los «grupos» de presión, de interés o de pertenencia, que no necesariamente coinciden con los que los límites institucionales demarcan (Muzzopappa, 2018).
Tanto el expediente como el archivo pueden ser así abordados en tanto «artefactos» como parte de las prácticas aparentemente banales, mecánicas de gobierno (Sharma y Gupta, 2006) que constituyen el centro de las tareas «administrativas» de diferentes sectores de esas burocracias. Pueden, por lo tanto, ser abordadas en tanto huellas para entender el rol que los registros juegan en el seno del aparato estatal y cómo, cotidianamente, estos le dan forma (Goody, 1990; Stoler y Sierra, 2010).
Desreificar el estado significa, también, considerar el análisis de tales registros más allá del «contenido» o de su lectura «literal» y detenerse tanto en el productor como en las dinámicas, configuraciones y categorías desde las cuales se producen. Esto significa que la mirada sincrónica y microscópica, que requiere el análisis de un archivo de inteligencia, se inserta en una perspectiva de procesos de larga duración,para considerar el desarrollo histórico de las lógicas y prácticas involucradas, así como el particular efecto de sus categorías en el ordenamiento del mundo y la configuración del peligro, la amenaza y el enemigo.
Las fuerzas armadas pueden resultar, a su vez, un particular objeto de reificación. Aun cuando el análisis histórico ha dado cuenta de las heterogeneidades y las disputas en su interior—particularmente, en los análisis que abordan su relación con la contienda política—lo cierto es que la frontera o el límite que aparece como relevante es la que se establece entre lo «militar» y lo no-militar (o «civil»). En función de este clivaje, la cuestión de las llamadas «relaciones cívico-militares» implica precisamente el interés por indagar las relaciones de subordinación o autonomía de las fuerzas armadas respecto del poder político «civil» Buena parte de estos estudios fueron realizados en América Latina a partir del estudio, en especial desde la ciencia política, de problemáticas que abarcaron la influencia militar en los sistemas políticos latinoamericanos (O´Donnell, 1975), pasando por la «autonomía militar» (Varas y Agüero, 1988) hasta los debates y propuestas respecto del «control» o la «supremacía civil» (Diamint, 1999).
La investigación aquí presentada retoma la relevancia de una categoría como la de «corporación» (Durkheim, 1985), que en este marco permite la referencia a la relación con la «profesión» como lugar de establecimiento de moralidades específicas (Frederic y Soprano, 2010) y los sentimientos subjetivos de pertenencia y transformación ( Muzzopappa, 2005; Badaró, 2009), pero en particular, como modo de intermediación de intereses, históricamente situado y cambiante (O’Donnell, 1975) y de las formas de constitución de grupos para ejercer presión sobre determinados sectores del Estado. La noción de «corporación» ha permitido, así, indagar en torno a los recursos que se movilizan tanto para establecer los límites como para promover la integración interna de grupos al interior del aparato estatal.
Esta investigación se detiene precisamente en el recurso del «secreto» utilizado para establecer y definir tal frontera. Este recurso, en definitiva, constituye una de las formas en que se erige el poder de lo estatal, marcando un límite con el exterior.
La invocación al secreto en el caso de los organismos de inteligencia permite ver, en este caso, cómo la disputa por el «poder del estado» (Bourdieu, 2014) se da entre las propias burocracias estatales. Aunque no forma parte del análisis de este trabajo, vale destacar que el recurso al secreto se hizo presente no solo en las clasificaciones documentales del archivo ya mencionadas, sino que constituyó, en el marco de la causa judicial, una estrategia legal de los imputados para impedir la supervisión por parte de otros poderes del Estado (la Justicia y el Poder Ejecutivo). El análisis de la dinámica establecida en este caso, en torno al secreto, permite avanzar en esta «desreificación » del estado y visualizar los contornos y límites corporativos convirtiéndolo en índice para develar el entramado de relaciones e intereses que lo sustentan.
Se realizó una investigación que incluyó en su diseño el análisis del expediente judicial, entrevistas a diversos actores intervinientes en el proceso de armado de la causa, búsqueda de fuentes históricas, legislación y normativa de diferente jerarquía, siendo de particular importancia la reconstrucción en detalle del archivo de inteligencia y su comparación con otros archivos similares.
A partir de las actas de allanamiento y algunas fotografías sobre los muebles archivadores, se realizó una reconstrucción del «orden original» de este archivo, que había sido desarmado durante el proceso de incautación. Una primera descripción incluye la de los muebles archivadores, con cajones rotulados tal como se describe a continuación:
Tabla 1. Ordenamiento posible del archivo
Los archivadores metálicos contienen, en sus carpetas, el material a partir del cual se confeccionaban los informes elaborados en la oficina, de acuerdo con diferentes tipos documentales (Síntesis para el Comando de Operaciones Navales -Sint.COOP-, Mensajes Navales, Mensajes Encriptados, Partes de Información). Se encuentran recortes de diario e impresiones de páginas informativas de internet, no hallándose otro tipo de legajos—del tipo ficha personal, por ejemplo—aun cuando en la redacción de los informes referidos pueden identificarse esas otras fuentes de referencia, en particular en aquellos que especifican que no se ha encontrado información en «Archivo propio»7 Por último, prácticamente la totalidad de los informes y memos contenidos en este archivo poseen una clasificación de «ESC» Estrictamente Secreto y Confidencial.
Esta descripción del archivo, que se encuentra desarrollada más ampliamente en otros trabajos (Muzzopappa, 2017, 2018), resultó clave para establecer una dimensión comparativa con otros archivos de inteligencia, especialmente con el de Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires,8 el más completo y extenso de los archivos de departamentos de inteligencia policiales disponibles en la Argentina.
La perspectiva comparativa fue utilizada a fin de arrojar luz « sobre regularidades, variaciones, conexiones y correlaciones no siempre esperadas» (Balbi, 2015) a partir del contraste de las categorías y el sistema clasificatorio de los archivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y del Servicio de Informaciones del Chubut (SICh).
También se retoma una estrategia que requiere reunir lógicamente situaciones dispares, desconectadas espacial o temporalmente, protagonizadas por una diversidad de actores, con un corpus heteróclito para el análisis: leyes, decretos, expedientes judiciales y discursos institucionales, entre otros. Se asume esta perspectiva ya que se entiende aquí que, para el estudio de este tipo de burocracias estatales, resulta fructífera la apertura a una diversidad de espacios evitando así la pretensión del «aislado primitivo» más aún cuando el objetivo no radica en la definición de las características de los grupos involucrados, sino en los modos en que se piensan y constituyen en función de relaciones y fronteras móviles con diversos «otros» (Barth, 1976, pp. 9-47).
Respecto de la mirada sobre los archivos desde la antropología, retomamos la propuesta de Stoler y Sierra (2010), quien entiende que los archivos se constituyen como un lugar privilegiado para una etnografía del estado, donde el interés debe centrarse en el proceso de conformación de los acervos documentales para destacar su rol en el proceso de producción de conocimiento estatal, pero también en su condición de artefacto cultural de producción de hechos y de taxonomías en el hacer de sus burocracias.
Finalmente, a partir de los principios de la archivística de respeto de orden y procedencia,9 se realizó un reordenamiento de la documentación, que había sido intervenida en el allanamiento judicial. Esto permitió la descripción e identificación de los agrupamientos y categorías utilizadas por la oficina de inteligencia, y establecer vínculos con otros archivos de inteligencia producidos por otros organismos (policiales y sistemas de inteligencia provinciales) en diferentes períodos históricos. Se apeló asimismo a la categoría archivística de tipos documentales esto es, la identificación de documentos que, teniendo caracteres externos semejantes —soporte, medidas, etc.—e internos—organización y disposición de la información— (Heredia-Herrera, 1991, p. 135) dan cuenta de procedimientos administrativos específicos.
Tal y como se ha mencionado, esta investigación ha ido abonando diversos ejes de trabajo. Se consignan en este apartado los principales resultados referidos al conocimiento de las prácticas de los organismos de inteligencia en la Argentina, en particular sobre el período post-dictatorial 1985-2006, y al problema teórico sobre los procesos de militarización de la seguridad, de la función de «policía política» y del «policiamiento» de las fuerzas armadas y sus organismos de inteligencia.
El trabajo con la perspectiva archivística permitió identificar un esquema clasificatorio, esto es, un determinado tipo de recuperación y ordenamiento de la información que permite indagar la lógica a partir de la cual el archivo fue creado y utilizado. Se postuló asimismo la necesidad de un análisis que ayudara a determinar el sustento legitimador de tal propuesta organizativa.
Este trabajo implicó avanzar respecto del interrogante sobre la trayectoria, a partir de la cual este archivo había sido conformado tanto en lo relativo a la distinción de temas (rótulos y carpetas) como a los criterios de organización de los informes. Dicha reconstrucción permitió corroborar que las categorías presentes en el archivo no se correspondían con las estipuladas en la normativa vigente que establecen las «misiones y funciones» institucionales. En otras palabras, la descripción de los «factores» tal como aparecía en el rotulado del archivador metálico y en la redacción de los informes, no formaba parte de las funciones delegadas al sistema de inteligencia naval por parte del Plan de Inteligencia de la Armada. Esta falta de congruencia, sin embargo, no implicaba la existencia de una desvinculación institucional entre la oficina de inteligencia de Trelew con el resto del sistema en la realización de dichas tareas. Por el contrario, la identificación de emisores y receptores en memos e informes (realizados a partir de formularios estandarizados que registran tanto el origen del requerimiento como los distintos destinos a los cuales es enviada y/o copiada la respuesta) daba cuenta de una circulación de tipo institucional de esta información. En otras palabras, las tareas realizadas allí, lejos de formar parte de decisiones individuales o circunscriptas al personal de Trelew, debían ser analizadas en el marco de lógicas institucionales, aun cuando las mismas no fueran «legítimas» o «legales».
La Armada, al igual que otras fuerzas, somete a buena parte de su personal a un sistema de rotación de destinos, lo cual deja abierta la pregunta respecto de la formación y capacitación involucrada para la utilización y mantenimiento de un archivo. Considerando que este requiere de un conocimiento básico, se propone aquí que el archivo es intervenido en función de reglas que pueden ser entendidas en el marco de un habitus clasificatorio que no necesita un anclaje en el registro formal. Es decir, que estos criterios de organización del archivo no se explican por lo dictaminado en la normativa vigente, los planes de inteligencia o los contenidos supuestamente impartidos en instancias de formación de especialidades, sino que requieren también de otras variables para su comprensión . Así, la noción de habitus , permitió realizar un análisis del archivo y las prácticas de clasificación con una independencia relativa de las determinaciones exteriores del presente inmediato (Bourdieu, 2014), en este caso de las actualizaciones doctrinarias vigentes en la época.
Para esta definición resultó de particular interés el material contenido en los cajones de los muebles archivadores: rotulados «Factores Chubut» y «Síntesis COOP» (ver Tabla 1).
La organización en «factores» se identificó como parte de una extensa tradición en lo referente a la construcción de los «peligros» y las prácticas institucionales conformadas en torno a ellas. Así, se encontraron grandes similitudes con la organización establecida para la inteligencia policial de la Provincia de Buenos Aires en 1984 10 y previamente en la Dirección de Inteligencia del gobierno de Santa Fe desde 1977 (Águila, 2013) o la del Ministerio de Gobierno de Río Negro en 1978 (Muzzopappa y Mereb, 2020). Ellos son los « factores » político, gremial, socioeconómico, educacional y religioso, psicosocial; minoría extranjera.
A estas categorías, que daban cuenta de continuidades de criterios de clasificación de períodos previos, se le sumaban otras, que debían ser analizadas en relación con la configuración de un escenario posterior a la caída del Muro de Berlín. Con este objetivo, se identificaron las carpetas «Drogas» «Derechos humano» e «Indigenismo» que aparecían junto al resto de los «factores» pero que resultaban en esta trayectoria «novedosos» Se ponderó, entonces, la influencia de los cambios doctrinarios acaecidos a lo largo de la década de 1990 en el escenario internacional y las disputas por la instalación del paradigma de las «nuevas amenazas» o «amenazas asimétricas» como parte de las funciones del instrumento militar de la defensa en la Argentina. Efectivamente, las consideraciones contenidas en el Plan de Inteligencia, que formaba parte del material contenido en el archivo, especificaba como función del sistema de inteligencia naval el análisis de información relativa a las «amenazas asimétricas» Así, la Armada incluía como tarea propia la conjura de aquellos peligros que incluyen el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y de personas, entre otros. Es en esta perspectiva que pueden ser entendidas categorías tales como la de «Drogas» e «Indigenismo»
Si bien la cuestión «Drogas» es recurrente en los archivos de inteligencia policiales de períodos previos, está estrechamente asociada a la caracterización moral de individuos vigilados por sus vinculaciones con la «subversión» o bien por su orientación sexual. Mientras que el tipo de información recopilada en las carpetas del archivo naval de Trelew, así como los informes confeccionados, permiten dar cuenta de una delimitación del fenómeno del narcotráfico en tanto red de comercio ilegal o delito transnacional.
Por su parte, la carpeta de «Indigenismo» reúne recortes periodísticos sobre distintas actividades públicas llevadas a cabo por comunidades y agrupaciones de pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche de la provincia de Chubut. Vale aclarar que ciertos sectores imputan a este pueblo su carácter de «extranjería» y orígenes en Chile, con lo cual parecieran con sus reclamos poner en jaque la soberanía territorial.
Finalmente, una mención especial debe hacerse sobre la carpeta rotulada como «Derechos humanos» cuyo origen puede establecerse en la conflictiva relación que los organismos de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura de 1976-1983 en Argentina han tenido con las fuerzas armadas debido a su renuencia a entregar información sobre el destino de las víctimas. En el caso específico de esta carpeta, se recopila información relativa a la realización de actividades públicas y al detalle de la realización de reuniones de los familiares de la «masacre de Trelew» que tuvo como escenario, precisamente, la Base Aeronaval Almirante Zar en el año 1972. 11 A lo largo de todos esos años, la Armada dispuso de diferentes medidas de protección para quienes eran imputados como los culpables y siguió meticulosamente las actividades de los familiares de los asesinados.
Dicho esto, es de notar que pese a la aparente desconexión de estas «nuevas» categorías añadidas al archivo, la adición se realizó preservando el esquema de interpretación y clasificación basado en aquella visión dicotómica donde el polo negativo, que caracteriza a individuos, agrupaciones y actividades que son puestas bajo sospecha, continúa siendo definido por una eventual ubicación a la «izquierda» del espectro político y por una caracterización espuria entre la política, la delincuencia y la moral.
Con relación a las formas de organizar el circuito de la información, la comparación con los archivos de otros organismos permitió considerar el ordenamiento del sistema de inteligencia naval y especificar el lugar jerárquico de la oficina de inteligencia de Trelew. En función de ello, se lo identificó como archivo de una delegación «local» esto es el primer paso en la cadena del circuito de relevamiento y envío de la información, desde la cual se remite información con criterios pre-establecidos a un organismo central que reúne, en su propio archivo, los informes de las secciones o delegaciones y a partir de los cuales realiza un nuevo proceso de análisis.
Esta indagación genealógica sobre las continuidades en las tareas, actividades, ordenamiento y características del sistema clasificatorio de los organismos de inteligencia permitieron comprobar, a su vez, la persistencia de mecanismos de cooperación entre los mismos. Esta colaboración, que recibió históricamente el nombre de «Comunidad informativa» (Sain, 1997), estuvo durante un extenso período de tiempo bajo la égida de las fuerzas armadas, desde donde se establecían los criterios referentes a la interrelación y coordinación de tareas de los organismos de inteligencia (Funes, 2008; Gabriela Águila, 2013; Montero, 2016). Pese a que el entramado fue desarticulado con la sanción de las leyes de Seguridad Interior (1991) e Inteligencia Nacional (2001), el caso analizado mostró la permanencia informal de estos circuitos de colaboración basados en «usos y costumbres» Debido a dicha conformación histórica, los trabajos sobre los organismos de inteligencia han destacado lo que se denomina un proceso de «militarización» a lo largo del siglo XX.
Vale aclarar que la noción de «militarización» es polisémica y refiere a una multiplicidad de acepciones y niveles de aplicación (Muzzopappa, 2017; Hathazy, 2016; Lisa Sánchez-Ortega, 2020). Así, varios trabajos destacan los actuales procesos de «militarización» de los cuerpos policiales a nivel internacional definida por la adaptación de cuerpos especiales con un notorio poder de fuego (Kraska y Kappeler 1997; Kraska, 2007; Hathazy 2016). Luego, se encuentra ampliamente difundida la utilización del término «militarización» para identificar el proceso de conformación histórica de los cuerpos policiales a partir de características «militares» tanto en lo que hace a la estructura organizacional como a la modalidad de formación de sus integrantes. Con «militarizado» entonces, suele designarse el proceso de conformación de un sistema jerárquico y a la importancia otorgada a las nociones de «cuerpo» y «disciplina» (Sain 1997; Varela, 2007; Galeano, 2007; Barreneche, 2008; Barry, 2010, como se citó en Caimari, 2015) porque emulan las características de las fuerzas armadas. Dichos trabajos apuntan a mostrar la profunda influencia que, particularmente los ejércitos, han tenido en el diseño de los cuerpos policiales.
Resulta aquí de particular relevancia la definición de los objetivos, capacitación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad o de los organismos de inteligencia a estrategias en función de la identificación y persecución del «enemigo político» (Sain, 1997; Águila, 2013; Montero, 2016; Sozzo, 2016; Marengo, 2018; Scocco, 2019) que afectó particularmente a los organismos de inteligencia. Tal proceso fue especialmente fortalecido durante las dictaduras militares que se sucedieron en Argentina desde 1930 y se aceleró con la implementación de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional cuando se combinaron la formación, el sistema jerárquico y la definición de los objetivos de los cuerpos policiales y organismos de inteligencia desde las cúpulas militares. En relación con este diagnóstico, durante el período de reinstauración democrática se asumió la tarea de «desmilitarizar la política, así como los organismos de seguridad e inteligencia» (Sain, 1997).
Ahora bien, en función de las similitudes y continuidades en lo que hace a prácticas y categorías utilizadas en archivos policiales y en el archivo naval de Trelew, es que esta investigación inició la indagación en sentido contrario, preguntándose por el proceso de «policiamiento» de la inteligencia militar (Sain, 1997; Kalmanowiecki, 2000; Muzzopappa, 2018). Es decir, se introduce aquí la pregunta por el proceso histórico de transformación de la inteligencia militar en «policía política» teniendo en cuenta que la identificación y nominación de lo sospechoso o peligroso, a partir de categorías como «elemento disolvente» «subversivo» o «activista», entre otras, requiere de un procedimiento propio del ejercicio de la vigilancia y el control que resulta diferente del cuidado del equilibrio de fuerzas entre estados que fue propia de la doctrina militar hasta avanzado el siglo XX. Dicha diferencia es entendida como la distinción entre alta y baja policía (Brodeur, 2007; L’Heuillet 2010), donde la alta policía involucra la función de «instruir el poder», de controlar la identidad más que los límites del territorio. El modelo policial toma al modelo doméstico en su continua búsqueda de la consolidación y perpetuación de un orden; el orden es función de la policía y se basa en una idea de la política que vela por el cuidado del hogar, antes que del umbral (L’Heuillet, 2010, p.142). El interrogante que se abre a partir de aquí es, entonces, cómo y por qué las fuerzas armadas argentinas se vuelcan hacia tareas que son propiamente «policiales».
Kalmanowiecki (2000) encuentra, en la década de 1930, el momento en el cual se produce en Argentina esta transferencia de las prácticas de inteligencia de la «policía política» hacia las fuerzas armadas. El cuidado de ese orden interno, que es una idea de la política, deviene así objetivo de las fuerzas armadas en este temprano período de tal manera que, para cuando se consoliden los principios rectores de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la inteligencia militar habrá ya construido su propia trayectoria y experiencia sobre la mirada al peligro interno. Al mismo tiempo, se irá forjando una lógica clasificatoria que se extenderá a lo largo del siglo y continuará aún en el período postdictatorial iniciado en 1983.
El material del archivo de Trelew muestra, precisamente, tanto la permanencia de algunas categorías—factor económico, social, gremial, etc.—como la inclusión de otras—indigenismo, derechos humanos—que dan cuenta de cómo las actividades de inteligencia continuaron planteándose en tanto «alta policía». El esquema que sustenta dicha lógica configura como interés particular las relaciones entabladas por determinados sujetos, así como su caracterización política y moral, y se extiende mucho más atrás del período de la guerra fría trascendiendo diferentes cambios en el sistema político y reformas legislativas. Esta característica permite plantear, a su vez, la hipótesis de una confluencia de los organismos del sector escindida o no necesariamente ligada a las instituciones a las que pertenecen orgánica y funcionalmente (fuerzas armadas, de seguridad, policías, gobiernos provinciales).
Esta mirada de larga duración recupera para el análisis de este archivo, del período 1985-2006, la perspectiva de los «archivos de la represión» respecto de la relevancia y relación de los sistemas de inteligencia con diversas agencias estatales, su desarrollo específico, el vínculo y la correlación entre las categorías clasificatorias y el marco doctrinario, sin reducir el análisis a la mera corroboración de las continuidades y/o quiebres. La noción de «policía política» permite entender la lógica de la incorporación de categorías al sistema clasificatorio aún en el contexto de cambios doctrinarios en diferentes períodos. En este sentido, es posible observar cómo permanece un esquema general donde coexisten categorías producidas en diferentes períodos históricos: pueden distinguirse aquellas propias del período de la Doctrina de la Seguridad Nacional de la perspectiva de las «nuevas amenazas», propia del período que se inicia tras el fin de la Guerra Fría.
Finalmente, es posible recapitular en torno lo que otrora fuera la «razón de estado» cuando la perspectiva desde la cual se establece tal «razón» no se corresponde con las más altas autoridades estatales de un sistema democrático. Por el contrario, en el análisis se evidencia un proceso de autonomización de los organismos de inteligencia que ha llegado, en la actualidad, a constituirse como un problema de la agenda política en relación con el lawfare (Romano, 2021). 12
La participación de las fuerzas armadas en actividades internas, bajo el paradigma de las «nuevas amenazas» o «amenazas asimétricas» implica un escenario que ha sido bien acogido por ciertos sectores de las fuerzas armadas. Y, tal como puede apreciarse en la inclusión de las mismas en el Plan de Inteligencia Naval aquí citado, dicho marco fue incluido en este documento institucional a contramano de las directivas y la legislación nacional. Pero, más allá de la autonomía, en períodos democráticos aún queda la preocupación por las derivas de un debate que en la Argentina no se encuentra completamente saldado. Así, si durante la gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2006 y 2006-2015) se legisló a fin de fortalecer la perspectiva donde las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia para la defensa debían tener como objetivo la eventual «agresión estatal externa», la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) derogó el decreto 727 de 2006 instalando nuevamente la posibilidad de acción de las fuerzas armadas considerando que su actuación era legítima ante una «agresión externa» a secas, lo cual incluía así fenómenos como el narcotráfico o el terrorismo. En la actualidad, el gobierno del presidente Alberto Fernández ha dirimido a favor de la restricción de la actuación de las fuerzas armadas y promovido una avanzada importante sobre el control de la totalidad de los organismos que componen el sistema de inteligencia, cuyo nivel de autonomía no había hecho más que aumentar desde el caso de Trelew aquí presentado. 13
Si bien no es el objetivo de este trabajo el análisis de tal proceso, podemos afirmar que se ha evidenciado allí también cómo la función del «secreto», cotidiana y capilar, es en definitiva la primer valla ante lo que se percibe como el avasallamiento de otros poderes y burocracias estatales y un recurso para la autonomía del sector.
La indagación en este archivo permitió ampliar el límite temporal en lo que respecta a los archivos de inteligencia, para cubrir un período inexplorado que se inicia con la reinstauración democrática. Al realizar este movimiento, fue posible instalar el problema de los organismos de inteligencia más allá de la lógica represiva dictatorial y considerar la información relevada en el marco del derrotero de los organismos en la actualidad, su relación con la fuerza de la que es especialidad, así como su actuación autonómica en tanto sector. En función de ello, el «secreto» aparece como estrategia más que como interrogante utilizado para excluir a eventuales competidores en el campo del estado, del acceso y la utilización de la información.
El conflicto judicial se originó por la sospecha de la realización de actividades de inteligencia «ilegítimas». La investigación aquí desarrollada tomó este primer y fundamental paso para, más allá de las imputaciones individuales realizadas por la Justicia, dar cuenta de una lógica institucional que trascendía a miembros específicos de la Armada. Dado el contexto histórico, esta causa logró incautar el archivo de inteligencia y así profundizar en la hipótesis sobre las tareas de los organismos de inteligencia militares en Argentina desde el retorno de la democracia en 1983 (Muzzopappa, 2018).
Esta suposición fue posible profundizando el rol y la función que cumplen los archivos en las burocracias estatales. Entender el archivo como práctica antes que como un mero repositorio de información, o un recuento de categorías intangibles, implica considerar que las actividades y las denominaciones que se cristalizan en carpetas e informes responden a una lógica que es común, compartida, al menos por los que se han formado en la especialización de inteligencia. Asimismo, implica subrayar que dichas lógicas no se encuentran necesariamente plasmadas en normativas o planes institucionales específicos, lo cual conlleva el desafío de rastrear, identificar y comprender los mecanismos a partir de los cuales una función estrictamente institucional se aprende y transmite por fuera y más allá de los espacios de formación y funcionamiento legítimos y oficiales.
En este sentido, considerar la «ilegalidad» de las prácticas no significa desvincularlas de una institucionalidad. El abordaje antropológico y etnográfico abre la posibilidad de conocer una perspectiva nativa sobre la modalidad que asumen las relaciones al interior de las fuerzas armadas, más allá de una perspectiva meramente legal o institucionalista. La continuidad de prácticas de inteligencia, tal como se habían establecido décadas atrás, constataron la permanencia de lógicas pese a las reformas legislativas.
El caso judicial «CELS s/denuncia» volvió a poner en escena la «cuestión militar» y las «relaciones cívico-militares» en un período considerado como de subordinación de las fuerzas armadas al poder civil; o, tal como lo insinuaban ya algunos analistas, caracterizado por una subordinación que incluía amplios márgenes de actuación.
Recapitulando lo hasta aquí desarrollado, es fundamental entender que, si un archivo puede ser considerado, por un lado, una objetivación de esquemas de pensamiento y, por otro, como el sedimento del accionar y del funcionamiento estatal (Nazar, 2021, p. 24), se entiende que este reservorio de documentación da cuenta de las prácticas de esta oficina de inteligencia. Y que, si dichas prácticas se configuran de manera divergente a lo establecido en la normativa y a los principios legales vigentes, vuelve a aparecer la pregunta por la « autonomía » de estos sistemas (Sain, 1997) y por la forma en que se definen, establecen y perduran criterios y dinámicas institucionales.
Un proceso como el detallado permite poner en evidencia la escisión entre las prácticas de la oficina de inteligencia y las directivas emanadas constitucional y legalmente. Dicha perspectiva encuentra una línea propicia de indagación a partir de la perspectiva de la «autonomía militar» o bien acerca de los procesos de subordinación de la política militar y de defensa en la Argentina ya adentrado el período democrático. Así, Poczynok (2017) retoma la distinción entre política de defensa y control civil propuesta para subrayar cómo la primera —que comprende la adecuación de las instituciones castrenses a las necesidades definidas y percibidas por quienes gobiernan legítimamente el Estado— ha sido, desde la reinstauración democrática, notoriamente deficitaria en relación con lo logrado en el plano de la subordinación o sujeción, en tanto actor político de las fuerzas armadas al control civil. En definitiva, un caso como el mencionado destaca este salto significativo en lo que hace a la política integral de la defensa, entendiendo que en cuestiones como las de las actividades de inteligencia, entre otras, las fuerzas armadas conservaban para entonces altos niveles de autonomía (Diamint, 2008).
Finalmente, se presentó como una oportunidad única para rastrear e indagar en torno a las prácticas y categorías de las actividades de inteligencia en tanto constitutivas de las burocracias estatales y las estrategias para la disputa por el «poder del estado» (Bourdieu, 2014). Y, más importante aún, contribuye a delinear un problema que con el paso de los años no ha hecho más que profundizarse: el problemático rol de los organismos de inteligencia, su composición, formación y control democrático. Este debate trasciende el eje explicativo que distingue dictadura/democracia, y se ha tornado urgente en diversos países de Latinoamérica, lo que requiere profundizar las investigaciones respecto del problema de la autonomízación de los organismos de inteligencia y su constitución como corporación.
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* Esta investigación contó inicialmente con el financiamiento de la beca doctoral Ubacyt otorgada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (2006-2011) en el marco del Equipo de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires. La investigación continúa desarrollándose en el PICT 2018-0001917 «Redes de información. Archivos, lógicas y prácticas de los organismos de inteligencia en Argentina». Categoría I: Equipos de Reciente Formación. Dir: Eva Muzzopappa.
** Licenciada en Ciencias Antropológicas. Magister en Estudios Latinoamericanos. Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Miembro del Instituto de Investigaciones en Diversidad y Procesos de Cambio (IIDyPCa). Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Correos electrónicos: eva.muzzopappa@gmail.com emuzzopappa@unrn.edu.ar
1 Expediente. Nº 186 – Fº 134 – Año 2006- Juzgado Federal de Rawson, Argentina.
2 El informe coordinado por González-Quintana y titulado « Gestión de los archivos de los servicios de seguridad», fue reeditado en el año 2008.
3 Entre ellos se pueden mencionar: Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, Departamento de Informaciones Policiales de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, Departamento de Inteligencia de la Policía de San Juan, Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Mendoza, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires . El sistema de gobierno federal argentino contempla la existencia de policías bajo la órbita de los gobiernos provinciales. Asimismo, cada uno de estos archivos ha recibido diferentes tipos de tratamiento en relación a su preservación y acceso.
4 Se incluyen aquí el archivo del SICh (Servicio de Informaciones del Chubut) y DGI (Dirección General de Informaciones de la provincia de Santa Fé). Sobre el estado de tratamiento de los archivos de inteligencia en Argentina ver Nazar y García-Novarini (2021).
5 La Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) tiene en custodia los archivos de inteligencia de la ex DIPBA (Dirección de inteligencia de la Policía Bonaerense) desde el año 2001 en esta tarea la CPM ha desarrollado Programas que investigan las acciones y estructuras de inteligencia estatal y paraestatal en la Argentina, construyendo así una expertise única sobre esta temática y convirtiéndose en un referente para las investigaciones judiciales.
6 En congruencia con el abordaje propuesto, se distingue entre «estado» para hacer referencia al concepto que es analizado teóricamente y «Estado» para designar configuraciones estatales específicas.
7 El reclamo por la existencia de este archivo ha sido una constante por parte de los organismos de derechos humanos en Argentina. Referencias como las halladas en dichos informes sugieren que, al menos hasta el momento en que fue realizado el allanamiento, dicho archivo—probablemente un archivo central de inteligencia—existía y seguía siendo utilizado. Sin embargo, no ha habido nuevos resultados al respecto.
8 Esta Dirección de Inteligencia había sido disuelta en una reforma policial en el año 1998, su archivo (cuyas fechas extremas son 1932-1998) fue cedido, por ley, a la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM).
9 El principio de procedencia implica respetar y mantener la documentación proveniente de una institución unida, sin mezclarla con la de otras instituciones. Por su parte, la consideración del «orden original» implica considerar el ordenamiento que le dio esa misma institución productora. Para ello, resulta de suma utilidad contar con los llamados diagramas organizacionales que, a su vez, nos permiten entender cuáles son los diferentes «tipos documentales» que cada una de las instancias genera, en sus múltiples actividades. Sobre los principios de archivística ver Antonia Herrera Heredia-Herrera (1991).
10 Fondo Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, División Central Archivo y Fichero, Legajo 269
11 En la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 presas y presos políticos que se encontraban detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar fueron fusilados por integrantes de la Armada Argentina, El hecho provocó una gran conmoción en la sociedad y fue uno de los acontecimientos que precipitó el fin de la dictadura del Gral. Onganía. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2006 que los familiares lograron que se abriera la causa judicial para juzgar a los culpables.
12 Solo para mencionar la Argentina, tras el escándalo por el caso de espionaje de Trelew aquí mencionado, se fueron sucediendo una serie de casos que daban cuenta de la relación espuria establecida entre los agentes de inteligencia, la Justicia y diferentes niveles de la política. Al respecto ver Romano (2021).
13 Tras años de inactividad, la composición actual de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia presentó un informe sobre el «espionaje ilegal» que se desarrolló entre los años 2016 a 2019. De acuerdo con las conclusiones, en este período se habría montado un dispositivo que se ocupó de la vigilancia ilegal a personas en función de su fe religiosa, acciones privadas u opinión política, como forma de extorsión política. El informe se encuentra disponible en el sitio del Honorable Congreso de la Nación, https://cutt.ly/kRNzcYc