Desafíos para la consolidación del derecho étnico-territorial de comunidades negras en el Pacífico colombiano^[1]

 

[Versión en español]

Challenges to the Consolidation of Ethnic-Territorial Rights of Black Communities in the Colombian Pacific

 

Desafios para a consolidação do direito étnico-territorial de comunidades negras no Pacífico colombiano

Recibido el 18/06/2025

Aceptado el 04/11/2025

 

Cómo citar Cuesta, R. y Osorio-Garcia, D. (2025). Desafíos para la consolidación de derechos de comunidades negras en el Pacífico colombiano. Ánfora, 33(61), xx-xx. https://doi.org/10.30854/a4v3pc74

Reinaldo Cuesta Borja[2] https://orcid.org/0000-0002-9911-7801 CvLAC https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001677794  Colombia   David Osorio-García[3] https://orcid.org/0000-0002-9944-364X  CvLAC https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001462663  Colombia

 

Resumen

Objetivo: analizar, desde una perspectiva crítica, los conflictos territoriales que desafían la garantía del derecho étnico-territorial de las comunidades negras en Colombia, según lo establecido en la Ley 70 de 1993. Metodología: este estudio de caso cualitativo se centró en la organización COCOMACIA. La recolección de datos, realizada entre 2021 y 2024, provino principalmente de entrevistas semiestructuradas con representantes de Consejos Comunitarios. Esto se complementó con la revisión documental y la observación participante, cuyos hallazgos se consignaron en diarios de campo. El análisis se fundamentó en el contenido cualitativo para identificar patrones temáticos. Resultados: las visiones de desarrollo impuestas externamente erosionan la construcción étnico-territorial de las comunidades. Dicha erosión se materializa en conflictos con el Estado, actores armados y agentes económicos. Estas tensiones obstaculizan la plena realización de los derechos territoriales adquiridos desde 1991, subordinando la concepción cultural y territorial propia de las comunidades a intereses externos. Conclusiones: a pesar de los avances legales, la consolidación de estos derechos enfrenta desafíos estructurales. Aunque las nuevas políticas gubernamentales son una esperanza, su transformación en acciones concretas que respeten la autonomía local es crucial para garantizar que el territorio se mantenga como base de la identidad étnica y la pervivencia comunitaria.

Palabras clave: afrodescendientes; grupo étnico; derechos de grupos especiales; derechos culturales; conflicto social (obtenidos del tesauro de la UNESCO).

                                                  

Abstract

Objective: To analyze, from a critical perspective, the territorial conflicts that challenge the guarantee of the ethnic-territorial rights of Black communities (Afro-Colombian communities) in Colombia, as established in Law 70 of 1993. Methodology: This qualitative case study focused on the organization COCOMACIA. Data collection, conducted between 2021 and 2024, was primarily based on semi-structured interviews with representatives of Community Councils. This was complemented by document analysis and participant observation, with findings recorded in field notes. The analysis relied on qualitative content analysis to identify thematic patterns. Results: Externally imposed development models erode the ethnic-territorial construction of communities. This erosion is reflected in conflicts with the State, armed actors, and economic agents. These tensions hinder the full realization of territorial rights recognized since 1991, subordinating communities’ cultural and territorial understandings to external interests. Conclusions: Despite legal advances, the consolidation of these rights faces structural challenges. Although recent government policies offer hope, their translation into concrete actions that respect local autonomy is essential to ensure that territory remains the foundation of ethnic identity and community continuity.

Keywords: people of African descent; ethnic groups; rights of special groups; cultural rights; social conflict (obtained from the UNESCO thesaurus).

 

Resumo

Objetivo: analisar, a partir de uma perspectiva crítica, os conflitos territoriais que desafiam a garantia do direito étnico-territorial das comunidades negras (comunidades afro-colombianas) na Colômbia, conforme estabelecido na Lei 70 de 1993. Metodologia: este estudo de caso qualitativo concentrou-se na organização COCOMACIA. A coleta de dados, realizada entre 2021 e 2024, baseou-se principalmente em entrevistas semiestruturadas com representantes de Conselhos Comunitários. Isso foi complementado por análise documental e observação participante, com registros em diários de campo. A análise fundamentou-se no conteúdo qualitativo para identificar padrões temáticos. Resultados: as visões de desenvolvimento impostas externamente enfraquecem a construção étnico-territorial das comunidades. Essa erosão se manifesta em conflitos com o Estado, atores armados e agentes econômicos. Essas tensões dificultam a plena realização dos direitos territoriais reconhecidos desde 1991, subordinando as concepções culturais e territoriais das comunidades a interesses externos. Conclusões: apesar dos avanços legais, a consolidação desses direitos enfrenta desafios estruturais. Embora as novas políticas governamentais representem uma esperança, sua transformação em ações concretas que respeitem a autonomia local é essencial para garantir que o território permaneça como base da identidade étnica e da continuidade comunitária.

Palavras-chave: afrodescendentes; grupo étnico; direitos de grupos especiais; direitos culturais; conflito social (obtidos do tesauro da UNESCO).

Introducción

Desde la década de los ochenta se ha producido una mayor movilización de grupos étnicos en América Latina, como indígenas y afrodescendientes, en busca del reconocimiento de su identidad cultural (Areiza, 2022). Apoyada por el Convenio Núm. 169 de la OIT (1989), que protege a pueblos indígenas y tribales, esta movilización ha impulsado reformas constitucionales en varios países, incluidos Brasil, Ecuador, Bolivia, Honduras y Colombia. El reconocimiento étnico-territorial de los afrodescendientes varía entre países (Hooker, 2008); por ejemplo, en Ecuador los avances son mayores, con derechos colectivos sobre tierras ancestrales y la creación de circunscripciones territoriales, superando a Colombia (Juárez, 2023). Estos movimientos protegen a las comunidades indígenas y afrodescendientes, sus territorios y ecosistemas, y reconocen sus prácticas productivas, conocimientos tradicionales y su relación con la naturaleza (Cano y Lozano, 2021, p. 848).

En Colombia, la Ley 70 de 1993 reconoció el derecho de las comunidades negras a la propiedad colectiva de tierras en el Pacífico, garantizando la protección de su identidad cultural y territorial (Offen, 2009; Nates, 2020). Este reconocimiento fue un hito en la lucha por sus derechos culturales y territoriales (Coronado, 2006; Clavijo, 2016; Cuesta e Hinestroza, 2017; Hoffmann, 2002; Ortiz y Mendoza, 2012; Restrepo, 2013), que también permitió desarrollar esquemas de gobernanza alineados con sus prácticas tradicionales (Oslender, 2003).

A pesar del reconocimiento, los esfuerzos de las autoridades para garantizar estos derechos han sido limitados por factores políticos y económicos (Pantoja, 2014). Además, las comunidades negras enfrentan desafíos internos, ya que deben alinear sus demandas con otros actores afrodescendientes en Latinoamérica (Antón y Santacruz, 2023) y resolver la dicotomía entre demandas urbanas y rurales (Hooker, 2008).

El Plan de Desarrollo para Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras 2022-2026 (2022), titulado Derechos, territorio e identidad cultural para potenciar la vida, propone un nuevo contrato social y la reconfiguración de las relaciones entre el Estado y estas poblaciones. Este contexto otorga pertinencia renovada a la investigación al representar una coyuntura crítica que busca superar décadas de reconocimiento formal ineficaz. El plan reconoce la identidad cultural y la apropiación territorial diferenciada, integrando elementos de la cosmovisión y organización social para garantizar derechos y fomentar entornos pacíficos (Departamento Nacional de Planeación, 2022, p. 10). Esta política rompe con marcos previos de reconocimiento étnico-territorial y se complementa con la representación política de una vicepresidenta afrodescendiente, lo cual marca un avance en la inclusión racial en Colombia.

En el marco de la anterior discusión, en este artículo se analiza cómo los conflictos territoriales, que configuran los espacios colectivos como territorios plurales y de disputa (Lara-Largo, 2019; Zambrano, 2001), se manifiestan como los principales desafíos para la consolidación de los derechos étnico-territoriales de las comunidades negras. Específicamente, el análisis se centra en las tensiones generadas por tres actores clave: el Estado, los grupos armados y los agentes económicos. Además, se examinan los desafíos organizativos internos y la desterritorialización que afecta no solo el territorio material, sino también los ámbitos político, económico y simbólico (García, 2017).

Estas afectaciones se analizan en el caso de COCOMACIA, que por ser el mayor territorio colectivo en Colombia y una de las primeras experiencias de reconocimiento tras la reforma de 1991 (Restrepo, 2013), constituye un barómetro esencial para medir la efectividad real de estos derechos. COCOMACIA ha defendido su identidad étnica, cultural y autonomía territorial desde los años ochenta. Sin embargo, la consolidación de sus derechos étnico-territoriales, respaldados constitucionalmente, ha sido limitada. Su caso en el Pacífico colombiano evidencia que las relaciones entre diversas racionalidades y concepciones territoriales no se basan en el diálogo de saberes, sino que son impuestas por quienes detentan el poder (Porto-Gonçalves, 2009).

A partir de la revisión documental, entrevistas y observación directa del territorio de COCOMACIA, se argumenta que el reconocimiento étnico-territorial de las comunidades negras, que incluye la propiedad colectiva de la tierra y su sistema de valores, se ve limitado por los intereses de otros actores que afectan su desarrollo político, económico y social. La pregunta que surge es: ¿Cómo afecta la disputa territorial con otros actores que apropian el territorio de manera diferenciada a la consolidación de los derechos étnico-territoriales de las comunidades negras en sus espacios colectivos?

Para responder a esta pregunta, el artículo se organiza en las siguientes secciones. Primero, se presenta un contexto histórico sobre la ocupación espacial de las comunidades negras en la cuenca media del río Atrato, entre Chocó y Antioquia, y la consolidación de su derecho a la propiedad colectiva desde una perspectiva étnico-territorial. Segundo, se analizan los principales actores que interactúan en el territorio de COCOMACIA y sus mecanismos diferenciados de apropiación territorial, basados en la tesis de la producción del espacio de Henry Lefebvre (2013). Tercero, se examina el territorio de COCOMACIA como una espacialidad en tensión, donde los conflictos con la cosmovisión de las comunidades negras afectan su existencia. Finalmente, las conclusiones examinan cómo la configuración histórica de estos espacios de disputa sigue obstaculizando, tras tres décadas, la materialización de los mandatos de la Constitución y la Ley 70 de 1993, evaluando la urgencia de superar estas barreras fácticas para que las nuevas promesas estatales de «potenciar la vida» no se vean igualmente frustradas.

Metodología

La investigación se enmarca en un estudio de caso cualitativo de alcance descriptivo, orientado a la exploración de fenómenos contemporáneos en sus contextos reales, donde los límites entre ambos no son nítidos (Yin, 2018, p. 39). El diseño metodológico contempló cinco fases: planeación, preparación del registro, recolección, análisis de datos y generación del informe (Eisenhardt y Graebner, 2007). La información se recolectó entre 2021 y 2024 mediante revisión documental, observación participante consignada en diarios de campo y entrevistas semiestructuradas a actores sociales y representantes de consejos comunitarios. Se aplicó un muestreo intencional para seleccionar a seis informantes clave, específicamente líderes de los Consejos Comunitarios de La Boba (Bojayá, Chocó) y Buchadó (Vigía del Fuerte, Antioquia), por su rol activo en la defensa territorial y su ubicación estratégica en la zona de conflicto.

El tratamiento de los datos se realizó mediante análisis de contenido cualitativo, empleando una codificación sistemática inductiva donde las categorías emergieron directamente del material (Schreier, 2012). Este enfoque facilitó la identificación de temas y patrones centrales a través de una interpretación profunda de los datos. El proceso analítico interpretativo, aplicado tanto a documentos como a entrevistas, se sustenta en las propuestas metodológicas de Patton (2015), Miles et al. (2014) y Coffey y Atkinson (1996). Estas herramientas permitieron abordar las condiciones contextuales relevantes para la comprensión del fenómeno de estudio.

Resultados

Presentación del caso de estudio: territorio, derecho y ocupación en COCOMACIA

Tres fundamentos componen el escenario de las disputas en COCOMACIA. El primero es la historia de la ocupación de su espacio. El segundo, el andamiaje de ley que define la propiedad para el colectivo. El tercero, el perfil de la organización como caso de estudio. Este apartado aborda cada elemento con base en la revisión de documentos.

Historia del poblamiento de la cuenta del Atrato.

La construcción histórica del territorio en la cuenca media del Atrato se divide en tres períodos: una formación minera insular colonial (siglo XVII-1850) basada en mano de obra esclava, una fase de colonización agrícola dispersa tras la manumisión, y una etapa contemporánea de nuclearización en asentamientos parentales (Aprile-Gniset y Mosquera, 1998).

Estos modelos de distribución espacial responden a patrones de poblamiento rural del Litoral Pacífico. Dichas estructuras están influenciadas por un sistema tradicional de relaciones familiares que se refleja directamente en las formas de habitar y organizar el espacio (Mosquera, 2010).

El derecho a la propiedad colectiva de las tierras.

Como parte del giro multicultural latinoamericano (Clavijo, 2016), el reconocimiento étnico-territorial en Colombia, impulsado por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de 1991 (Restrepo, 2013), resultó en la titulación de más de 5 millones de hectáreas a 157 Consejos Comunitarios en el Pacífico (Romaña et al., 2010). Sin embargo, la vigencia de este marco legal se mantiene en debate debido a la exclusión de derechos para comunidades negras en áreas urbanas y rurales fuera de la región Pacífica, como en los valles interandinos (Romaña et al., 2010; Hoffmann, 2016).

La figura 1 ilustra el alcance espacial de esta legislación, donde los «Títulos colectivos» (marrón) forman un corredor en la costa Pacífica que coexiste con Resguardos Indígenas (verde). Esta configuración, interceptada por límites municipales y departamentales, anticipa las tensiones entre la gobernanza étnica y la administración estatal analizadas en este estudio. Dicha distribución territorial refleja las complejidades de la implementación del derecho a la propiedad colectiva en el contexto colombiano.

Figura 1. Resguardos indígenas y Títulos colectivos.

Perfil del territorio colectivo de COCOMACIA.

COCOMACIA (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Río Atrato) ejerce el gobierno propio en la cuenca del Atrato (Chocó y Antioquia). Su incidencia trasciende la escala regional mediante la exigencia de derechos étnicos y la protección ecosistémica. La organización representa la lucha por la autonomía, equidad y preservación identitaria, factores que sustentan la protección de los derechos territoriales (Domínguez, 2015; Escobar, 2010; Restrepo, 2013).

 

Como salvaguarda de la herencia afrodescendiente, COCOMACIA integra un modelo de autonomía territorial con la gobernanza de recursos naturales. Su labor se extiende a la defensa de derechos humanos y la promoción de la paz en contextos de conflicto, abordando la discriminación y la violencia a través de liderazgos representativos como el de Leyner Palacios Asprilla.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de COCOMACIA (2016), su territorio está en la región Pacífica colombiana, en la cuenca media del río Atrato, abarcando Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte en Antioquia, y Atrato, Bojayá, Carmen de Darién, Medio Atrato y Quibdó en Chocó. Recibió su título colectivo en 1997 (Resolución 4566 del INCORA), que lo convirtió en el territorio colectivo más grande de Colombia (722,510 hectáreas). Para su administración, el título se divide en 124 consejos comunitarios locales, cada uno con su reglamento interno, que opera desde perspectivas sociales, productivas y políticas. Estos consejos se distribuyen en nueve zonas y albergan a aproximadamente 45,000 habitantes.

El siguiente mapa muestra la ubicación del territorio colectivo de COCOMACIA, que abarca parte de los departamentos de Chocó y Antioquia:

 

Figura 2. Título colectivo COCOMACIA, división municipal y CARS.

La producción del espacio en COCOMACIA

En este apartado se analizan los principales actores en el territorio de COCOMACIA y sus mecanismos de apropiación territorial: las políticas del Estado colombiano, los actores armados ilegales y las empresas de explotación forestal y minera. Se destacan las contradicciones entre estos mecanismos y las representaciones territoriales de las comunidades negras de COCOMACIA. También se detalla cómo las concepciones territoriales de estos actores generan tensiones con las racionalidades de las comunidades negras.

Diferenciar entre «espacio» y «territorio» sugiere que el segundo tiende a trascender la abstracción geográfica, al configurarse mediante relaciones sociales (Ramírez, 2004; Pérez y Uribe, 2016). Su definición clásica integra la delimitación y el dominio (Aceves citado por Pérez y Uribe, 2016, p. 537), mientras que Hoffmann (2007) lo define desde la etnicidad como un ámbito de emancipación que consolida la identidad (Hadad y Gómez, 2007). Esta perspectiva podría facilitar el análisis de la construcción territorial en comunidades negras a través de la dialéctica ser humano-naturaleza.

La teoría de la producción del espacio de Lefebvre (2013) sugiere que el territorio resulta de procesos históricos y relaciones sociales materializadas en formas espacio-temporales (Hadad y Gómez, 2007). Esto se articula en la tríada del espacio concebido, vivido y percibido, cuyas interacciones tienden a la conflictividad. Al respecto, Baringo (2013) plantea una dialéctica política e ideológica marcada por la beligerancia entre las representaciones del espacio (el ámbito técnico-burocrático) y los espacios de representación, definidos como el espacio vivido y apropiado directamente por los sujetos (p. 125).

Comprender los conflictos territoriales requiere abordar cómo los actores producen el espacio y construyen el territorio desde su cotidianidad. En comunidades negras, estos dispositivos se enmascaran en la negritud orgánica (Thame, 2023), que explica experiencias cotidianas en espacios colectivos bajo tensión con actores económicos. Esto podría llevarlos a resistir lógicas capitalistas mediante un contra-espacio (Lefebvre citado por Oslender, 2010), donde se produce un espacio que parece configurar la relación ambiental como sustento y pilar territorial (Martínez-Alier et al., 2016).

Configuración de la conflictividad.

El estudio de los conflictos requiere examinar a los actores, sus intereses, estrategias y recursos (Londoño, 2018), dado que las tensiones tienden a surgir de percepciones incompatibles y diferencias culturales que socavan capacidades mutuas (Gómez, 2009, p. 132). En COCOMACIA, la categoría de «conflicto territorial» debe abordarse con precaución por los diversos enfoques existentes (Hoffmann, 2010), pues la proliferación de disputas parece responder a la preocupación por la seguridad del entorno frente a proyectos de agentes supralocales (Nel·lo citado por Cruz, 2008). Estas intervenciones, marcadas por una visión utilitarista, suelen priorizar la explotación capitalista de recursos mineros y forestales, la ganadería extensiva y los monocultivos como la palma de aceite (Hoffmann, 2010; Pérez, 2004).

Por lo tanto, los conflictos territoriales tienden a entenderse como tensiones entre la administración pública y la ciudadanía por intereses contrapuestos (Cruz, 2008), lo cual genera respuestas organizativas de resistencia y re-existencia (Mosquera y Tobar, 2021; Mosquera, 2020). Estas acciones enfrentan el modelo extractivista de apropiación en América Latina (Hurtado, 2021) mediante la etnización de los espacios (Restrepo y Rojas, 2004; López, 2014) y formas de oposición frente a las percepciones dominantes del territorio (Moreno, 2013).

En el territorio de COCOMACIA converge una pluralidad territorial (Haesbaert, 2013; Zambrano, 2001) donde la autoridad estatal coexiste con el dominio de empresas extractivas y grupos armados. Frente a estas presiones, las comunidades negras construyen su territorialidad mediante prácticas cotidianas y ancestrales que dotan de contenido social el espacio habitado (Boira, 1998; García, 2017). Esta dinámica refleja una tensión entre la racionalidad que asume el territorio como recurso económico y fuente de riqueza, y aquella que lo concibe como abrigo, espacio de encuentro y fundamento de la vida comunitaria (Jiménez y Novoa, 2014, p. 14).

Esta situación no es aislada para el caso de COCOMACIA, pues ocurre algo similar en el parque nacional Lagunas de Chacahua en Oaxaca, México, donde la producción del espacio afrodescendiente se desarrolla en tensión entre las prácticas espaciales de los habitantes y el espacio de representación institucional (Ruíz, 2019).

El territorio colectivo: una relación en tensión

El territorio colectivo de COCOMACIA existe en una tensión constante. Esta surge de una colisión de visiones sobre el espacio y sus recursos. Por un lado, se encuentra la perspectiva de la comunidad. Por otro, la lógica que imponen actores externos como el Estado, grupos armados al margen de la ley y empresas de extracción como Unión Natural. La intervención de estos últimos modifica el uso, el control y el sentido del territorio, una acción que vulnera los derechos étnico-territoriales (Romero et al., 2017).

Esta pugna en el ámbito local no es un caso aislado, responde a un patrón más amplio de expansión de políticas neoliberales en América Latina. Según Gudynas (2011), este modelo de desarrollo impone una visión única que, por su naturaleza, subordina o ignora las perspectivas propias de cada comunidad. A su vez, conforme a Hoffman (2010), la concepción utilitarista y mercantil del espacio prevalece en áreas con proyectos de explotación capitalista, basados en un modelo de acumulación por despojo (Vélez et al., 2013; Silva, 2016). Esto contrasta con los sistemas de construcción territorial de las comunidades locales, que consideran el territorio como un espacio de resistencia (Mosquera, 2020) y base de su identidad cultural (Nates, 2020). En este contexto, se analizan las tensiones en la apropiación territorial entre los distintos actores presentes en COCOMACIA.

Tensiones con el Estado colombiano.

A pesar del reconocimiento de los derechos étnico-territoriales establecidos por la Ley 70, los asentamientos de las comunidades negras, denominados «Consejos Comunitarios», continúan siendo descritos como espacios homogéneos, atrasados, marginados e inferiormente desarrollados. Estos calificativos sustentan el discurso que introduce y legitima el esquema de planificación territorial convencional, en el que participan organismos institucionales como ministerios, corporaciones autónomas y alcaldías municipales (Estrada et al., 2013; Vélez et al., 2013). Aquí se manifiesta la tensión lefebvriana: el «espacio concebido» por el Estado ―técnico y homogeneizante― se impone sobre el «espacio vivido» por la comunidad, cargado de sus propios significados, lo que genera el conflicto.

Esta injerencia institucional se refleja en el testimonio del señor Gilbertico, miembro del territorio colectivo de COCOMACIA, quien expresó: «Los que están en las oficinas deben cambiar su forma de pensar sobre nosotros, traen los proyectos, pero se hacen como ellos dicen» (comunicación personal, 04 de junio, 2021). En el mismo sentido, Marquitos, activo miembro del Consejo comunitario, dice: «No estamos interesados en otra cosa que no sea el reconocimiento de que tenemos otras formas de hacer las cosas» (comunicación personal, 01 de junio, 2021). La mirada que ambos critican se basa en el estándar de modernidad occidental, el cual permite ver los problemas del tercer mundo de manera superficial y externa (Solistyani, 2014).

Lo anterior evidencia las diferencias entre la burocracia gubernamental y las concepciones territoriales de las comunidades negras de COCOMACIA, que generan una desarticulación entre las normas estatales y las territorializaciones definidas por el Consejo Comunitario. Esta paradoja se remonta a la Constitución de 1991. Por un lado, abrió el camino al reconocimiento de la propiedad colectiva. Por otro, mantuvo una lógica de Estado para la planificación del territorio que choca con la visión de las comunidades. Este desfase, como apunta Cely (2018), transitó el eje del debate desde el acceso a la tierra hacia los modelos para su ordenación. La tensión se manifiesta en el contraste entre el uso comunitario del espacio y la racionalidad del Estado, un choque que expone la rigidez de la estructura institucional (Martínez, 2011).

Recientemente, se ha registrado un nuevo hecho que evidencia las tensiones entre el Estado colombiano y las comunidades negras. Este hecho está relacionado con la Sentencia T-128/22, que reconoce la partería como saber ancestral y patrimonio cultural de la Nación. Sin embargo, según la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa), esta decisión muestra claramente cómo la práctica de estos saberes sigue siendo un escenario de conflicto con el Estado, ya que no es reconocida por el sistema de salud estatal (citado en T-128/22).

Para contextualizar esta afirmación, se cita un fragmento de la respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia a las demandas comunitarias respecto a la priorización de parteras y parteros en el Plan Nacional de Vacunación durante la pandemia de COVID-19: «No se encontró la ‘partería’ como programa de educación superior en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES» (Minsalud, 2021, citado en T-128/22). Esta respuesta evidencia las tensiones y sugiere un conflicto entre las comunidades negras y el Estado colombiano.

En la misma línea, se presentan elementos de la posición política de COCOMACIA, expuestos durante su asamblea general anual, celebrada del 8 al 11 de diciembre de 2021 en Beté, cabecera municipal de Medio Atrato (Chocó). En este encuentro, COCOMACIA denunció ante la comunidad nacional e internacional que los intereses estatales y de multinacionales han convertido su territorio en un escenario de guerra. Señalaron como factores de peligro la presencia y disputa de actores armados (paramilitares, ELN y disidencias de las FARC-EP), la siembra de minas antipersona y la explotación de recursos sin consentimiento ni manejo adecuado (COCOMACIA, 2021, p. 5).

En entrevistas a los líderes comunitarios pertenecientes al territorio colectivo de COCOMACIA, también se evidenciaron expresiones de las tensiones con el Estado, de manera particular en el campo administrativo y político a escala municipal, precisamente por su particular pertenencia a dos departamentos. El señor Nevaldo Perea, ex representante del legal de COCOMACIA y líder social y comunitario en el territorio colectivo, manifiesta los problemas de autonomía territorial a los que se ven enfrenados:

La relación con la institucionalidad es una situación compleja, hay instituciones del Estado que no nos aceptan como organización con autonomía territorial. [...] se han presentado muchos tropiezos con los alcaldes municipales, porque no quieren soltar el poder [...]. La otra dificultad está relacionada con el asunto político-electoral, [...] si llega un alcalde al que no se le brindó apoyo [...], las relaciones [...] son difíciles durante su periodo de gobierno. (Perea, comunicación personal, 06 de abril, 2024).

En este mismo sentido, el señor Liborio Moreno Perea, representante de la Zona siete ante la junta directiva de COCOMACIA, hace referencia a la sensación de utilitarismos que aparece en los procesos administrativos, pues ven a COCOMACIA como obstáculo para los proyectos políticos de las administraciones locales:

La situación por la cual los municipios nos miran feo es cuando [...] llega el momento de la consulta previa, ellos creen que nosotros simplemente debemos dar el visto bueno de una [...]. Se debe analizar los beneficios de la obra, pero también las consecuencias, y este ejercicio [...] requiere de recursos [...]. En muchas ocasiones estas situaciones se presentan por desconocimiento de los procesos de comunidades negras. (Moreno, comunicación personal, 02 de abril, 2024).

Tensiones con los actores armados al margen de la ley.

En el Pacífico, el conflicto armado posee una dimensión geopolítica donde los actores buscan controlar el territorio para el cultivo de coca, tránsito o residencia (González, 2015). El despojo de tierras en Chocó indica que narcotraficantes, guerrillas y paramilitares persiguen objetivos geoestratégicos que suelen omitir los procesos étnico-territoriales (Robledo, 2006). Teóricamente, estos grupos producen un «contra-espacio» de violencia que desestructura el «espacio vivido» comunitario, imponiendo una lógica de control que transforma la vida cotidiana.

Las afectaciones del conflicto armado en los territorios colectivos de las comunidades negras, debido a las disputas por el control territorial por parte de actores armados ilegales, destacan la gravedad de la violencia contra estas comunidades. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014, p. 279), «[…] la guerra librada por el control territorial ha impedido que estas comunidades puedan ejercer la autonomía consagrada constitucionalmente y practicada ancestralmente». De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) (2022) de la Unidad para las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, más de un millón de personas identificadas como negras o afrocolombianas han sufrido algún tipo de afectación por el conflicto armado.

La masacre de Bellavista (Bojayá) el 2 de mayo de 2002 evidencia la intensidad del conflicto armado y las disputas territoriales entre las FARC-EP y grupos paramilitares en COCOMACIA (García, 2012). Este evento generó daños socioculturales al interrumpir el tránsito tradicional de adultos y ancianos hacia su función como ancestros protectores y guardianes de la sabiduría (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 280).

Veinte años después de la masacre de Bellavista (Bojayá), y según observaciones en el territorio colectivo de COCOMACIA, la presencia de actores armados ilegales, especialmente del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sigue siendo significativa, manteniendo las afectaciones a las comunidades negras. Riqui, un campesino de la cuenca media del Río Atrato, expresó: «Aquí ya no cultivamos el plátano en los caños porque estos señores (grupos armados al margen de la ley) son muy celosos donde tienen sus cultivos (siembra de coca); al ir allí, creen que uno es espía y terminan matándolo» (comunicación personal, 17 de octubre, 2022). Este panorama refleja una fuerte percepción de miedo entre los habitantes, que configura un escenario de desterritorialización (Haesbaert, 2013) y la formación de territorios del miedo (Oslender, 2002; Victoria, 2001). Así, el territorio como base para la consolidación de la identidad étnica de estas comunidades está en constante tensión debido a la acción de otros actores.

Ahora bien, COCOMACIA, en aras de mantener su territorio fuera del conflicto armado, formuló una solicitud explícita a los actores armados con presencia en esta espacialidad y, en el marco de su posición política, planteó, entre otros aspectos, la necesidad de «respetar la autonomía de los Consejos Comunitarios, en cuanto a la elaboración y aplicación de los reglamentos internos aprobados». Esta postura, reiterada en sus asambleas anuales, ha llevado a reconocimientos internacionales, como el premio internacional de Derechos Humanos otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Hernández, 2009b, p. 126). Además, en su esfuerzo por construir paz, han surgido iniciativas comunitarias como el trabajo de las Cantaoras de Pógue, Voces de resistencia, quienes, como mujeres constructoras de paz, aportan lo que Hernández (2009a) considera iniciativas civiles de paz de base social.

En este sentido, las estrategias judiciales son de gran ayuda, como es el caso de la sentencia T-622 del año 2016, emitida por la Corte Constitucional, que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. Para las comunidades negras de COCOMACIA, el río Atrato es su territorio ancestral y el soporte básico de la vida material, social y simbólica. Así, para estas comunidades, la noción de ‘territorio’ incluye las lenguas, las costumbres, los ríos, las ciénagas, los bosques, los animales, los lugares sagrados, las tierras para cultivar y vivir, los espíritus y las autoridades tradicionales. En esa medida, consideran el territorio como fuente de vida, donde tiene lugar la cultura del hombre y la mujer atrateña, con organizaciones ancestrales que marcan la vida de las comunidades; entre ellas, las más importantes son: los novenarios, las juntas promortuorias, los grupos juveniles e infantiles, entre otros.

Tensiones con los agentes económicos.

Los conflictos en el Pacífico derivan de ambiciones territoriales que omiten la titulación colectiva (Barabas, 2014) y eluden la negociación obligatoria de la Ley 70 de 1993 (Oslender, 2003), reflejando el choque entre el «espacio concebido» mercantil y el «espacio vivido» comunitario. Esta dinámica consolida a las poblaciones del Chocó como territorialidades de resistencia, originadas en el cimarronaje y fortalecidas por el reconocimiento jurídico actual, cuya cosmovisión tiende a desafiar proyectos neoliberales mediante «ontologías diversas o relacionales» (Escobar citado por Cuesta y Ramírez, 2024, p. 54).

Por consiguiente, la concepción utilitarista y mercantil del espacio predomina en áreas con proyectos de explotación capitalista. En este contexto, las teorías económicas sobre la renta y los derechos de propiedad son útiles para comprender las dinámicas actuales en los territorios colectivos de las comunidades negras (Cairo, 2009). En este sentido, la enorme riqueza de la cuenca media del Río Atrato, como la madera y el oro, despierta gran interés para el beneficio económico de distintos actores, entre ellos los grupos armados al margen de la ley. A su vez, mecanismos como la consulta previa, también constituyen un escenario de tensiones entre las comunidades negras y grandes empresas, privadas o estatales. Nevaldo Perea, líder de COCOMACIA, relaciona la exploración de los recursos de los territorios y los intereses económicos al margen de la organización comunitaria:

Antes del reconocimiento de la propiedad colectiva los territorios que hoy habitamos eran territorios de nadie, acá llegaba el extranjero, el paisa y de lo que hablaban era de baldíos, talaban árboles a gran escala, hacían minería de manera indiscriminada y nadie les podía decir nada. Hoy hemos ganado en ese sentido, ya que somos dueños del territorio de manera colectiva y eso implica consulta previa. Bajo las condiciones actuales, el minero entra al territorio porque lo trae el actor armado o lo trae la comunidad, en esto los consejos comunitarios también tienen su cuota de responsabilidad, algunos lideres de los consejos comunitarios negocian a escondidas para recibir algún tipo de dádivas para permitir esos tipos de actividades. (Comunicación personal, 06 de abril, 2024).

También, Rosendo Valoyes, exrepresentante legal de COCOMACIA, expone la tensión entre el interés económico unilateral y la necesidad de preservar los recursos naturales:

Es importante recordar que COCOMACIA nace por la defensa de los recursos naturales. [...] no estamos de acuerdo que se destruyan nuestros recursos con maquinaria, [pues] los insumos de la minería envenenan a nuestros ríos [...]. Ahí se han presentado algunas dificultades porque, aunque la junta directiva ha dado la instrucción que no se haga, algunos consejos comunitarios locales lo permiten, algunos bajo presión armada, otros por incentivos económicos. Esa situación toca regularla. (Comunicación personal, 06 de abril, 2024).

Conclusiones

El análisis de COCOMACIA demuestra que la consolidación de los derechos étnico-territoriales, a pesar del logro que representa la Ley 70 de 1993, es sistemáticamente erosionada en la práctica por estructuras de poder que instrumentalizan la norma. La consulta previa, por ejemplo, es reducida a un obstáculo burocrático y no se reconoce como mecanismo de gobernanza (Reyes-Guarnizo y Díaz-Riveros, 2024). Esta falta de garantías materiales deja a las comunidades en una encrucijada permanente entre la protección de su territorio y las presiones de afuera.

La raíz de esta vulnerabilidad es la pugna antagónica entre la visión de mundo extractivista y la lógica de pervivencia de la comunidad. Dicha visión, que dialoga con nociones de ‘buen vivir’ presentes en otros movimientos étnicos de América Latina (Cubillo et al., 2016), es asediada en un escenario de multiterritorialidad conflictiva (Haesbaert, 2013) que no solo disputa recursos, sino que despoja a la comunidad del control real sobre sus significados espaciales. Como resultado, el territorio colectivo no logra consolidarse como base de la identidad cultural, pues su control y significado están permanentemente en disputa.

Así, la conflictividad territorial en COCOMACIA surge de dos perspectivas diferentes sobre el territorio: una que lo ve como abrigo y base fundamental de identidad, y otra que lo aborda desde una perspectiva utilitarista y mercantil. Este panorama requiere comprender la gestión territorial desde la diversidad étnica y cultural, reconociendo una forma de control socio-espacial (Zambrano, 2010).

Ahora bien, las nuevas políticas del gobierno colombiano, bajo la presidencia de Gustavo Petro y la vicepresidencia de Francia Márquez, líder y ambientalista afrocolombiana, expresadas en el Plan de Desarrollo para Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras 2022-2026, vislumbran un cambio significativo para garantizar el derecho al territorio como base de la identidad étnica de las comunidades negras en territorios colectivos.

Precisamente, el discurso de dicho plan coincide con la visión de estas comunidades, pues postula la identidad como eje para la autonomía y la definición de sus propios intereses. La prueba de fuego, no obstante, será si este planteamiento supera el ámbito del papel. Para asegurar el territorio como base de la identidad étnica, se requiere más que una intención. Es necesario trascender la voluntad política hacia una garantía material del control territorial, única vía para asegurar la pervivencia física y cultural de estas comunidades.

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