La informalidad laboral en las policías privadas de México^[1]

[Versión en español]

Labor Informality in Private Police Forces in Mexico

A informalidade laboral nas polícias privadas do México

Recibido el 13/06/2024

Aceptado el 22/07/2025

 

Cómo citar Jasso, L. (2026). La informalidad laboral en las policías privadas de México. Ánfora, 33(60), 78-104. https://doi.org/10.30854/k1zt6t09

Lucía Carmina Jasso López[2] https://orcid.org/0000-0002-8036-1126 México

 

Resumen

Objetivo: estudiar la informalidad laboral en las policías privadas en México a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Metodología: para comprender su transformación, se analizan los datos del 2012 al 2024 y, para profundizar en el estudio del fenómeno, se estudian distintas variables socioeconómicas a partir de los resultados del tercer trimestre de 2024. Resultados: se muestra el incremento de las personas que laboran en este sector como consecuencia de la demanda de mayor seguridad en el país, pero también se evidencian altos niveles de informalidad laboral, que se agudizan mayormente en los vigilantes y porteros en casas particulares, en las personas con vulnerabilidades asociadas al género, la edad, la escolaridad, entre otros. Esta informalidad, además de afectar directamente la economía de las personas, desencadena otros problemas sociales que se exacerban en la población con mayores vulnerabilidades, y profundiza las desigualdades. Conclusiones: las conclusiones de México se contrastan con la revisión de literatura de este fenómeno en otros países de América Latina, y permite abonar a la discusión sobre la informalidad laboral en este sector, que es un problema social en la región.

Palabras clave: policía; privatización; informalidad laboral; condiciones de trabajo; criminología (obtenidos del tesauro de la UNESCO).

Abstract

Objective: To examine labor informality in private police forces in Mexico based on the results of the National Survey of Occupation and Employment, published quarterly by the National Institute of Statistics and Geography. Methodology: To understand its transformation, data from 2012 to 2024 are analyzed, and to deepen the study of the phenomenon, various socioeconomic variables are examined using the results from the third quarter of 2024. Results: The findings show an increase in the number of people working in this sector as a consequence of the growing demand for security in the country, but they also reveal high levels of labor informality, which are particularly acute among guards and doormen in private households, and among individuals with vulnerabilities associated with gender, age, schooling, among others. This informality, in addition to directly affecting individuals’ economic conditions, triggers other social problems that intensify among populations with greater vulnerabilities and deepen existing inequalities. Conclusions: The conclusions drawn for Mexico are contrasted with a review of the literature on this phenomenon in other Latin American countries, contributing to the discussion on labor informality in this sector, which constitutes a regional social problem.

Keywords: police; privatization; labor informality; working conditions; criminology (obtained from the UNESCO Thesaurus).

Resumo

Objetivo: estudar a informalidade laboral nas polícias privadas no México a partir dos resultados da Pesquisa Nacional de Ocupação e Emprego, publicada trimestralmente pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia. Metodologia: para compreender sua transformação, analisam-se os dados de 2012 a 2024 e, para aprofundar o estudo do fenômeno, diferentes variáveis socioeconômicas são examinadas com base nos resultados do terceiro trimestre de 2024. Resultados: observa-se o aumento do número de pessoas que trabalham nesse setor como consequência da demanda por maior segurança no país, mas também se evidenciam altos níveis de informalidade laboral, que se acentuam especialmente entre vigilantes e porteiros em residências particulares, e entre pessoas com vulnerabilidades associadas ao gênero, idade, escolaridade, entre outros. Essa informalidade, além de afetar diretamente a situação econômica das pessoas, desencadeia outros problemas sociais que se agravam na população com maiores vulnerabilidades e aprofundam as desigualdades. Conclusões: as conclusões referentes ao México são contrastadas com a revisão da literatura sobre esse fenômeno em outros países da América Latina, contribuindo para a discussão sobre a informalidade laboral nesse setor, que constitui um problema social na região.

Palavras-chave: polícia; privatização; informalidade laboral; condições de trabalho; criminologia (obtidos do tesauro da UNESCO).

 

 

Introducción

Ser policía es una labor considerada de alto riesgo, y más aún en un país como México. Las estadísticas compiladas por organizaciones de la sociedad civil muestran que en los últimos años han asesinado a miles de policías, en promedio uno por día (Causa en Común, 2023), a lo que se suman otros riesgos asociados a la función policial.

            Una de las principales razones por las que las personas deciden ser policías es porque lo consideran una alternativa de empleo para cubrir sus necesidades económicas, y por la estabilidad y prestaciones que podrían mejorar su calidad de vida y la de sus familias. La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) (2017) muestra que 36.5% decidió ser policía por «necesidad económica o desempleo» y 6.8% «buscando estabilidad económica» (INEGI, 2018). Sin embargo, aunque los ingresos de los policías formales, en algunos casos, les permiten cubrir sus necesidades básicas de alimentación y vivienda, no son suficientes para pagar totalmente gastos como ropa y calzado, servicios médicos, gastos escolares, ahorro, entre otros. Y, paradójicamente, aun cuando ser policía es un trabajo relevante para la sociedad, en México tienen ingresos precarios. Esta situación es más frecuente y se agrava en las policías privadas, cuyos ingresos generalmente son más bajos que los de las policías públicas. Además, se suman las condiciones de informalidad laboral que en el sector prevalecen. 

En esta investigación se comprende que «[…] las policías privadas son corporaciones privadas que en formato de empresa y, bajo la lógica del mercado, ofrecen servicios de seguridad a cambio de una remuneración económica» (Jasso, 2025, p. 143), algunas son formales y otras informales. Sin embargo, también «[…] hay individuos o grupos que a título personal realizan funciones de vigilancia en entornos más acotados como calles, edificios o pequeños comercios a cambio de un pago de manera más informal» (Jasso, 2025, p. 143).

La informalidad se agudiza en las policías privadas. Además de que los ingresos generalmente son menores a los de las policías públicas, la informalidad en este sector ha llegado a superar el 75% en algunas de sus modalidades, que contrasta con la informalidad promedio en México (55%) (INEGI, 2023c). Esto trae como consecuencia que el servicio que se ofrece a la sociedad no garantice que los elementos estén debidamente capacitados y equipados, y se vulneren sus derechos sociales. Afecta la calidad de vida de las personas que no tienen otra alternativa que prestar sus servicios en estos esquemas de informalidad y vulnerabilidad. Se ha evidenciado que «[…] los trabajadores de la economía informal trabajan de esta forma principalmente por necesidad y no por elección» (Espejo, 2022, p. 13).

La principal fuente de información es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre otras variables, la ENOE mide la informalidad laboral en ocupaciones relacionadas a la seguridad privada. El análisis y los resultados se contrastan con los hallazgos de la literatura y evidencia empírica en la materia, particularmente en América Latina, donde el problema del crecimiento de las policías privadas y la informalidad es también una constante.

Se parte del marco teórico de la informalidad laboral como fenómeno social, para, posteriormente, profundizar en las policías privadas en América Latina, entendiendo los distintos efectos de la informalidad laboral en sus vidas y las vulnerabilidades asociadas como causa y consecuencia. Sobre México, con los resultados de la ENOE, se estudia longitudinalmente el crecimiento del 2012 al 2024 y, se analizan distintas variables socioeconómicas a partir de los resultados del tercer trimestre de 2024 (INEGI, 2024). Entre otros datos, se analiza: quiénes son las personas vigilantes, cuáles son sus principales características y condiciones de vulnerabilidad, edad, ingresos, nivel de escolaridad, y se estudia la informalidad laboral en las diferentes entidades del país. Finalmente, se exploran las narrativas públicas en torno a este fenómeno, y se concluye enunciando propuestas orientadas al diseño de políticas públicas.

La informalidad laboral

La informalidad laboral es un concepto que surge en la década de los setenta y fue acuñado a partir de los estudios antropológicos de Keith Hart, mientras que el concepto de «economía informal» fue ratificado por la OIT hasta 2015 (Espejo, 2022). Históricamente es un fenómeno social que afecta a millones de personas en el mundo y que incide en sus capacidades para abastecer las necesidades básicas, propicia condiciones desfavorables y, en general, afecta en detrimento de la calidad de vida. Se considera que es «[…] un producto de la desigualdad social en América Latina» (Rubio, 2018, p. 18), una «característica estructural» (Espejo, 2022, p. 7) en la región, que principalmente afecta la economía de las personas y desencadena otros problemas sociales, los cuales se exacerban en la población con mayores vulnerabilidades.

A su vez, es una especie de círculo que profundiza las desigualdades. Las personas con menores posibilidades de acceder a un trabajo formal se suman a la informalidad como «[…] una forma de superación de la pobreza» (Rubio, 2018, p. 20). Se ha convertido en la «[…] alternativa al desempleo de los sectores pobres» (Espejo, 2022, p. 10), pero esta opción difícilmente les brindará estabilidad y, por el contrario, puede traer otros problemas y complicaciones a sus vidas.

En la literatura se encuentra que la informalidad laboral se asocia a «[…] desigualdades de género, socioeconómicas, étnicas y raciales, etarias y, especialmente, territoriales» (Espejo, 2022, p. 7). Las vulnerabilidades que se han estudiado son: causa y consecuencia, ya que la informalidad laboral incrementa los riesgos en el trabajo (Rubio, 2018). Las malas o inadecuadas condiciones laborales pueden causar accidentes o enfermedades, que, paradójicamente, no podrán ser atendidas en el sector de salud público al carecer de prestaciones como la seguridad social, y esto puede afectar la economía y estabilidad de las familias.

También tiene efectos en la economía de una nación. En el tiempo, la informalidad se ha consolidado como «[…] una característica endémica en nuestros mercados laborales» (OIT, 2022, p. 7). Y, en términos económicos, incide en «[…] la evasión de la regulación o economía oculta, y se cuantifica como una variable latente (como porcentaje del PIB)» (Rubio, 2018, p. 19). El impacto económico puede llegar a ser alto.

Para entender la situación en América Latina, es relevante la visión con respecto a que la «informalidad laboral» es «[…] un resultado del funcionamiento del capitalismo periférico» (Espejo, 2022, p. 10), y que por tanto tiene mayor impacto que en otras regiones del mundo.

En América Latina, la historia de la informalidad laboral ha sido constante. El «61% de los empleos generados en los años noventa fueron informales» (Espejo, 2022, p. 12) y, al 2022, los datos de la OIT muestran que «[…] la tasa de informalidad regional (promedio de 11 países) es de casi 50 por ciento» (OIT, 2022, p. 18). Si bien la informalidad se ha reducido, aún es alta, debido a que este fenómeno se manifiesta a través de «factores de exclusión y de escape», y se asocia a las «deficiencias de la política social» (Espejo, 2022, p. 13).

En México, la informalidad también ha sido un problema constante. El INEGI (2014) expone que la «informalidad» «[…] es el conjunto de actividades económicas realizadas por los individuos que, por el contexto en que lo hacen, no pueden invocar a su favor el marco legal o institucional que corresponda» (p. 26).

Los datos del INEGI (2023c) muestran que en 2022 «[…] la economía informal participó con 24.4% del PIB nacional en valores corrientes». El sector en el que se ha registrado mayor informalidad es en el comercio al por menor (en 2022 fue de 43.7%), seguido del sector construcción y la industria manufacturera (24.5% y 12.8%, respectivamente) (INEGI, 2023c). No obstante, algunas ocupaciones relacionadas a la seguridad privada han llegado a alcanzar porcentajes más altos.

Revisión de literatura de la informalidad laboral en las policías privadas de América Latina

La informalidad laboral es un fenómeno que se replica en las policías privadas de América Latina. En gran parte debido a la demanda social de este tipo de seguridad que trajo como resultado el crecimiento exponencial registrado en los últimos años, y que en algunos países genera relaciones desiguales, donde las policías privadas incluso superan numéricamente a las policías públicas (Kinosian y Bosworth, 2018).

Existen empresas, grupos o personas que ofrecen servicios de seguridad privada, y por distintas circunstancias, sociales o económicas, los ofertan fuera del marco de la legalidad y en contextos de informalidad laboral. Se estima que, en el sector la informalidad laboral también es causa de «[…] la falta de información y de un registro centralizado de las actividades» (Pérez, 2018, p. 131) por parte de los gobiernos que se han visto rebasados frente al fenómeno. En otros estudios se ha encontrado que las áreas reguladoras cuentan con poca estructura y capacidades para realizar las tareas de supervisión necesarias (Jasso, 2025).

Conocer la magnitud y características de esta informalidad laboral en América Latina es complejo, debido a

[…] la gran cantidad de servicios de seguridad privada que están sub facturados y/o pertenecen a la economía informal, es un problema en la mayoría de los países de la región. Por lo tanto, no se tiene un conocimiento real de la envergadura y ritmo de desarrollo de la informalidad en este mercado, pese a que según diferentes reportes se estime que ésta asciende a cerca del 50% del total de los servicios prestados en la mayoría de los países de la región. (Frigo citado en Pérez, 2018, p. 132).

La revisión de literatura del fenómeno en América Latina muestra que, en general: «[…] es un problema en la mayoría de los países de la región» (Pérez, 2018, p. 132). Sin embargo, el análisis no es homogéneo y, mientras que en algunos países este fenómeno social se reconoce como un problema histórico (Losa, 2018) y se dispone de bases de datos públicas que hacen posible distintos niveles de análisis, en otros la información es dispersa. Así, los diagnósticos y propuestas de políticas públicas son distintas, como se muestra en las siguientes líneas.

En Uruguay se afirma que «[…] el negocio de la seguridad privada ha tenido históricamente un alto nivel de informalidad y una fiscalización casi inexistente» (Losa, 2018, p. 1), razón por la cual se buscó incrementar las tareas de fiscalización.

En Nicaragua se observa como un problema actual, vigente y en crecimiento. Y se encontró que «[…] conceptos como “trabajo informal” y la “precariedad” han ganado cada vez más terreno en las condiciones laborales vigentes» (Mora et al., 2023, p. 7). Mientras que en Ecuador se encuentran diferencias en la prestación de servicios según su contexto de formalidad o informalidad y capacidades económicas de quienes pagan los servicios.

Así, mientras las empresas formales de guardianía privada […] prestan sus servicios a la banca, al comercio formal, a los barrios cerrados y a ciertas oficinas estatales; las empresas informales atienden a los sectores de bajos ingresos, situación que reproduce los mismos problemas de informalidad que tienen otros sectores del país. (Carrión, 2006, p. 1).

En la investigación realizada en Costa Rica, se documenta que la función de seguridad privada la realizan migrantes nicaragüenses en contextos de informalidad. Se les denomina «Guachimanes», y son contratados de manera más informal y aceptan condiciones laborales informales por su situación de migración irregular.

A pesar de las condiciones, este empleo informal ha sido fundamental para los migrantes en Costa Rica. En siete de cada diez entrevistados se observa el «[…] salario de trabajador informal de la seguridad privada como la principal fuente de ingresos» (Mora et al., 2023, p. 10). Además, dos de cada cinco entrevistados «[…] mencionaron que su primer trabajo en Costa Rica fue en seguridad privada» (Mora et al., 2023, p. 11). Este tipo de trabajos puede ser de larga data, en el estudio se encontró que había personas hasta con más de veinte años laborando en seguridad privada. Se observó que la mayoría trabaja en promedio 12 horas diarias, pero hay quienes trabajan 13 horas o más al día (Mora et al., 2023).

Existen otras vulnerabilidades sociales que les orillan a aceptar estas condiciones de informalidad. En Costa Rica, se identificó que los policías privados «[…] en su mayoría, son personas jóvenes que, en sumatoria al estatus migratorio irregular, hallan en la informalidad una fuente principal de ingresos a través de la oferta de servicios de seguridad privada» (Mora et al., 2023, p. 16).

En Colombia se observó que debido a que «[…] la mayoría de las acciones de verificación y control recaen sobre las empresas legales y no sobre las ilegales, el costo asociado a la ilegalidad es muy bajo» (Pérez, 2018, p. 132). De manera similar ocurre en otros países, donde los costos suelen ser más bajos y por lo tanto más atractivos para quienes contratan seguridad privada en contextos de informalidad.

Asimismo, se realizó una investigación con el objetivo de «[…] identificar las variables que inciden en la prestación informal de los servicios de vigilancia y seguridad privada del sector residencial» (Martínez, 2021, p. 7) explorando un barrio específico de Bogotá. Se observó que este es un problema de larga data que surgió ante la demanda de seguridad y el incremento de la violencia en la década de los sesenta, y aún continúa como un problema relevante.

Los hallazgos muestran que los 40 trabajadores informales de este barrio residencial pagan por sí mismos su seguridad social, y trabajan jornadas de 24 por 24 horas (Martínez, 2021, pp. 52-53). Y aunque existen marcos regulatorios de la seguridad privada en Colombia, «[…] tanto el cliente como el actor ya establecido, no tiene mayor interés de cumplir lo establecido por el Estado» (Martínez, 2021, p. 57). Incluso, se plantea la posibilidad de que «[…] la prestación informal de servicios de vigilancia y seguridad privada constituye en sí mismo una amenaza de servicio substituto ya que desplaza las empresas legales» (Martínez, 2021, p. 57).

Respecto a las variables que inciden en la prestación informal de los servicios, se enlista: la falta de oportunidades educativas, las condiciones laborales que generan rentabilidad al cliente, apoyo económico al contratar amigos o familiares, falta de oportunidades en la ciudad y necesidades económicas (Martínez, 2021, pp. 64-66).

Por su parte, en la investigación realizada en Buenos Aires, Argentina, se documenta que la proliferación de las policías privadas se hace presente en distintos lugares: «[…] encontramos personal de seguridad privada custodiando espacios recreativos como partidos de fútbol, shopping, malls cerrados y a cielo abierto, instituciones bancarias, educativas, y hasta del rubro menos pensado» (Page y Glanc, 2024, p. 343).

Como en otros países de la región, la informalidad es una constante: «[…] muchas empresas trabajan en forma clandestina, sin regulación, y sus guardias privados […] son trabajadores “en negro”, o bajo una relación laboral no registrada debidamente, con bajos salarios, pobres condiciones laborales y carentes de protección y control estatal» (Page y Glanc, 2024, p. 346).

Lo más relevante del trabajo de Page y Glanc (2024) es que da cuenta de que la informalidad en las policías privadas trae como consecuencia la precarización de sus vidas, con bajos salarios que les orillan a realizar trabajos extra, e que incluso podrían caer en el marco de la ilegalidad y sin posibilidad de crecimiento. Las vidas de las policías privadas «[…] están caracterizadas por situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad» (p. 348), recorren largas distancias para llegar a su trabajo, con poco tiempo libre, residen en zonas humildes, recurren a préstamos para subsanar sus necesidades y en la trampa constante del endeudamiento que «[…] no puede separarse de la historia de vida» (p. 353). Se trata como decía uno de sus entrevistados, de «[…] un circuito de endeudamiento difícil de salir» (p. 354).

Además, se identifica que en las policías privadas hay lógicas organizacionales que pueden incidir en la informalidad laboral. Spekuljak (2024) propone el concepto de «amalgama proletaria de los vigiladores», que se refiere a las actividades y trabajos adicionales a la seguridad que los vigilantes desarrollan de manera cotidiana. Con esto los clientes logran obtener más servicios y explotar más a los trabajadores.

En síntesis, en América Latina se observa que la informalidad laboral en las policías privadas se alimenta de las vulnerabilidades de la población: menor escolaridad, mayor edad, poca experiencia, situación migratoria irregular, etc. Y que además genera otras circunstancias de vulnerabilidad y precarización que inciden en la calidad de vida; algunas de estas, de manera casi permanente.

Metodología

La investigación es principalmente de tipo cuantitativo. A través de la estadística descriptiva se analiza la informalidad laboral en la seguridad privada en México, su variación en el tiempo y las características socioeconómicas de las personas que laboran informalmente en esta actividad. La principal fuente de información es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realiza trimestralmente el INEGI y que ha sido calculada por esta institución desde el 2002 cuando «[…] presentó ante el Grupo de Delhi el primer ejercicio de estimación del empleo informal» (INEGI, 2014, p. 2).

La definición de «informalidad laboral» que orienta esta investigación es la del INEGI, que a la luz de los consensos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comprende que esta, desde la perspectiva laboral,

[…] se refiere a todo trabajo que se esté realizando sin contar con el amparo del marco legal o institucional, no importando si la unidad económica que utiliza sus servicios son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas formales, por lo que se puede hablar de «empleo informal». (INEGI, 2014, p. 6).

En el análisis se estudian dos categorías: «vigilantes y guardias en establecimientos» y «vigilantes y porteros en casas particulares», que corresponden a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada que forman parte de la División 5. Trabajadores en servicios personales y de vigilancia.

Figura 1. Clasificación de los trabajadores en servicios personales y de vigilancia (ENOE).

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019).

 

En la investigación se estudian longitudinalmente los cambios del porcentaje de informalidad laboral en ambas categorías, del 2012 al 2024, y anualmente se consideran los cuatro trimestres del año. Esta parte recurre a la sistematización que realiza la Secretaría de Economía (2025) en el portal «Data México. Perfiles» que permite explorar los datos ocupacionales a partir de la ENOE.

Con mayor profundidad se analizan los resultados de la ENOE, correspondientes al tercer trimestre de 2024 (INEGI, 2024). Entre otras variables, se exploran y comparan las características de las personas que trabajan en estas ocupaciones, que son: 3,056 «vigilantes y guardias en establecimientos» y 98 «vigilantes y porteros en casas particulares». El tamaño de la muestra sin duda es una limitación, pero es una forma de aproximarse a los indicadores socioeconómicos. Este análisis es relevante considerando que la OIT ha encontrado que la informalidad es mayor entre las mujeres, la población más joven y la mayor, y, territorialmente, se concentra en zonas rurales (Espejo, 2022).

De manera complementaria, en esta investigación se recurre al análisis cualitativo, a través de la revisión de literatura académica y de fuentes abiertas sobre la informalidad laboral en las policías privadas, para contrastar los resultados. Asimismo, se recuperan las narrativas públicas respecto a este problema en México, tratando de identificar las perspectivas en el corto y mediano plazo para la generación de políticas públicas.

Resultados

En el tiempo es notorio el incremento de las personas que laboran en seguridad privada en México, muy probablemente en correspondencia con la demanda de mayor seguridad por parte de la sociedad. Su presencia es perceptible en diversos espacios públicos y privados, pero no se sabe con certeza cuántas personas laboran en esta industria.

            Hay estimaciones de que estas policías privadas en México superan el millón de personas y que cerca del 10% están armados (Barragán, 2020). Las mediciones oficiales como la del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal refiere que, al cierre de 2022, había 149,939 personas contratadas en seguridad privada (INEGI, 2023b), pero otras fuentes como la ENOE que aquí se estudia, reporta cifras mucho más altas.

            En las siguientes páginas se presentan los resultados de investigación. El análisis está enfocado en la informalidad laboral. Las primeras partes se orientan al estudio del fenómeno de las policías privadas, explicando el incremento y sus características; como género, ingreso, escolaridad, entre otros aspectos que permiten contextualizar la informalidad laboral que se desarrolla con mayor profundidad con el análisis de los datos, pero también con el estudio de las narrativas en torno a este fenómeno.

El incremento de los vigilantes de seguridad privada

Los prestadores de servicios de seguridad privada han incrementado en el tiempo. Los «vigilantes y guardias en establecimientos» (en adelante «vigilantes en establecimientos») pasaron de 687,582 en 2012 a 887,899 en 2024. Mientras que en el caso de los «vigilantes y porteros en casas particulares» (en adelante «vigilantes en casas»), se registró un decremento al pasar de 26,853 a 22,184 en el mismo periodo. En suma, 910,083 personas laboran en esta ocupación (INEGI, 2024).

Figura 2. Vigilantes en establecimientos y en casas particulares 2012-2024.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE 2012-2024 y de la Secretaría de Economía (2025).

Respecto a la ocupación de vigilantes en casas, es probable que las cifras sean mucho más altas que las reportadas por la ENOE, considerando que la ENVIPE 2023 evidenció que a nivel nacional 1.6% de los hogares declararon que sí contrataron vigilancia privada; lo que corresponde a aproximadamente 619,863 hogares (INEGI, 2023a).

¿Quiénes son las personas vigilantes en la seguridad privada?

Como ocurre en las ocupaciones relacionadas al sector seguridad y justicia, hay más hombres que mujeres en este tipo de trabajos. Al 2024, de los vigilantes en establecimientos, el 83.4% eran hombres y 16.6% mujeres y, de los vigilantes en casas, el 98.4% eran hombres y 1.55% mujeres (INEGI, 2024). Es notoria la presencia masculina en el sector, pero no tan alta como en otros países como Argentina, donde en 2011 se estimaba que el 92% eran hombres, y además coincidía con la «escasa educación formal» (Page y Glanc, 2024, p. 347).

Esta diferencia de género puede ser de interés para analizar con mayor profundidad, considerando que según los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023, al cierre de 2022, de las 149,939 personas contratadas en seguridad privada, 24.2% (36,333) son mujeres. En principio, se observa que la participación femenina en seguridad privada es menor que en las instituciones de seguridad pública, donde el 38% del personal son mujeres (INEGI, 2023b). Es probable que esto se deba a las prestaciones sociales, que pueden ser superiores en la seguridad pública que en la privada (particularmente si se labora en esquemas informales), y que son uno de los principales motivos por los que las mujeres se suman a este tipo de trabajos.

Pero en sentido positivo, esta misma encuesta muestra que el 33% de los directivos en seguridad privada son mujeres. Esto contrasta con los datos de la seguridad pública, donde entre miles, apenas 33 mujeres ocupan puestos de comisario y 353 el puesto de inspector (INEGI, 2023b); es decir, un porcentaje menor ocupa puestos directivos o de alto rango.

Sobre la edad, es relevante que en la ENOE hay evidencia de menores de edad trabajando como vigilantes de seguridad privada. En porcentaje, no supera el 1%, sin embargo, se trata de trayectorias de vida que se vulneran a muy temprana edad. 

También se emplea a adultos mayores. En los resultados de la encuesta se observa que 17.2% de los vigilantes en establecimientos son mayores de 60 años y hay registro de personas laborando con más de 80 años. En el caso de los vigilantes en casas, 25.5% tiene 60 años o más (INEGI, 2024). 

Se observa que mientras avanza la edad, la informalidad laboral incrementa. La situación más compleja es la de vigilantes en casa, donde afecta al 90% de los mayores de 75 años.

Figura 3. Informalidad laboral en las personas vigilantes según edad (%), 2024.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE 3T-2024 y de la Secretaría de Economía (2025).

Los vigilantes en establecimientos tenían en promedio 9.82 años de escolaridad, la mayoría con estudios de educación básica (primaria 24% y secundaria 23.2%), y en menor medida bachillerato (17.8%). Sin embargo, 5.4% de estas personas señaló que no sabe leer y escribir un recado, y 3.1% no tiene ninguna escolaridad. Las personas vigilantes en casas tienen menor nivel de estudios, en promedio 8.65 años de escolaridad.

Es clara la relación en la que, a menor escolaridad, mayor informalidad laboral en la seguridad privada. Esto es más evidente en los vigilantes en casas, se observa que quienes tienen de 0 a 3 años de estudios les afecta el 99% de informalidad.

Figura 4. Informalidad laboral en las personas vigilantes según años de escolaridad (%), 2024.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE 3T-2024 y de la Secretaría de Economía (2025).

Otro dato relevante es que hay vigilantes que refieren condición de asistencia a la escuela. Lo que probablemente significa que la ocupación de vigilante podría ser temporal, para subsidiar los gastos mientras se realizan los estudios que en el futuro les permitan acceder a una mejor opción laboral.

Sobre el estado conyugal, la mayor parte vive en pareja: el 29.5% está casado y 11.3% vive con su pareja en unión libre, y 36.6% está soltero. Este dato es relevante considerando los gastos que tiene que cubrir con sus ingresos como policía privado, particularmente en el caso en el que se tienen dependientes, pues si bien hay quienes no tienen hijos (15.5%), la mayoría tiene entre uno y tres hijos (22.9%), y hay casos en los que declararon tener cuatro hijos y más. 

Sobre los contratos, el 80% de los vigilantes en establecimientos refirió que cuenta con un contrato por escrito. De estos, 19.4% afirmó tener un contrato temporal o por obra determinada. En el caso de los vigilantes en casas, solo el 22.4% refirió contar con un contrato por escrito, datos que corresponden con el alto porcentaje de informalidad en esta ocupación.

En cuanto a las prestaciones. En la encuesta se encontró que, de los vigilantes en establecimientos, 85.4% recibe aguinaldo, 76.2% vacaciones con goce de sueldo, y 21% recibe utilidades. Sin embargo, 10% respondió que no le dan ninguna prestación. Esta situación es más grave para los vigilantes en casas, donde el 36.7% de ellos señaló que no recibe prestaciones.

Sobre las horas trabajadas por semana, son muy pocos los que laboran 40 horas o menos por semana. Lo que se observa es que la mayoría de los vigilantes tienen jornadas extensas y 36.5% trabaja 72 o más horas por semana. Esto implica jornadas de 12 horas o más, por seis días seguidos o incluso hasta siete días. En la ENOE se contabiliza que el 16.8% refirió trabajar siete días a la semana, y 46.4% labora seis días por semana.

Sobre el lugar de residencia, los datos de la ENOE muestran que el 1.3% de los vigilantes en establecimientos eran nuevos en el lugar que actualmente reside ―este porcentaje es similar a los datos nacionales―, pero en el caso de los porteros en casa, la condición de nuevo residente incrementa a 3.1%. Es decir, hay población que ha migrado recientemente y se incorporó a laborar en la seguridad privada. Este dato es interesante considerando la hipótesis de vulnerabilidad de las personas que laboran en este sector, entre las que se encuentra la migración (Mora et al., 2023). Y de que «[…] el lugar donde las personas residen o trabajan puede incidir directamente en sus opciones de hallar un empleo formal» (Espejo, 2022. p. 5). Tratando de profundizar un poco más, en la ENOE se cuestiona sobre el cambio de residencia, y los resultados muestran que, en primer lugar, la mayoría migró para reunirse con su familia; en segundo lugar, por situaciones de inseguridad y violencia; y, en tercer lugar, para buscar trabajo.

Sobre el lugar en el que trabajan, en la ENOE se encontró que la mayor parte de los vigilantes en establecimientos colabora en servicios de apoyo y en escuelas. Mientras que los vigilantes en casas se enfocan en las zonas residenciales cuidando entradas a las calles cerradas, con plumas o rejas o en edificios, y desde casetas con videovigilancia o a la intemperie. Sin embargo, como lo han revelado otras investigaciones, este tipo de vigilantes son cada vez más comunes y se encuentran prácticamente en todos lados y hasta en los lugares menos sospechados (Page y Glanc, 2024).

Como se observa, las vulnerabilidades se manifiestan al analizar las características socioeconómicas y las condiciones laborales de esta población que trabaja como prestadora de servicios de seguridad privada.

Los ingresos de un vigilante

Los ingresos de un vigilante en promedio son bajos, a pesar de que estos han incrementado en el tiempo. En el caso específico de los vigilantes en casas, la situación empeora en la mayoría de las entidades. El ingreso promedio de los vigilantes en establecimientos en el cuarto trimestre de 2023 fue de $6,130 (pesos mexicanos); mientras que el ingreso promedio de los vigilantes en casas fue de $4,730. Ambos salarios son bajos, considerando los costos de necesidades básicas que prevalecen. Al tercer trimestre de 2024 la relación cambia, el ingreso promedio de vigilantes en establecimientos fue $6,941.6, y para vigilantes en casas de $7,872.7. Este cambio se debe particularmente a entidades como Nuevo León y Baja California Sur, donde los ingresos de vigilantes en casas incrementaron notoriamente. Es probable que esto se deba a las necesidades de seguridad en algunas zonas residenciales con alto nivel adquisitivo.

Figura 5. Ingreso mensual de vigilantes en establecimientos y vigilantes en casas.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE 3T-2024 y de la Secretaría de Economía (2025).

Nota: los datos de vigilantes en casas en Veracruz, Tabasco, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca no están disponibles (ND).

Los ingresos en México contrastan con los de otros países. En Argentina, «[…] el básico mensual por 40 horas semanales para los vigiladores generales, sin antigüedad, en agosto de 2017 estaba en 10,975 pesos (638 dólares estadounidenses)» (Page y Glanc, 2024, p. 349).

Al revisar los ingresos de los vigilantes en establecimientos en las distintas entidades federativas, es notorio que hay variaciones importantes. Los ingresos más altos los tiene Veracruz con $10,090.8, mientras que en Estado de México, Querétaro y Morelos los ingresos son menores a los $4,000 mensuales.

Por su parte, en la ocupación «vigilantes en casas» se observa que los salarios más altos se encuentran en Nuevo León con $26,078.8, Baja California Sur con $17,495.1 y Michoacán con $13,340.8. Pero en Baja California, Durango y Chiapas se registran salarios menores a los $3,000 mensuales, tan bajos que resultan insuficientes para vivir.

Además de las diferencias de ingresos entre las distintas modalidades de vigilancia en la seguridad privada, es importante advertir las diferencias de ingresos entre quienes están empleados en la formalidad y la informalidad. En 2024, la ENOE reportó que quienes tienen un empleo informal como vigilantes en establecimientos percibían en promedio $6,110.8, mientras que quienes laboraban formalmente recibían $11,298.6 mensuales (INEGI, 2024).

En otros países se ha encontrado que además de los salarios bajos, estos ocasionalmente son penalizados. En Argentina, «[…] las empresas de seguridad privada no pagan los salarios a término, no se adecuan exactamente a los convenios colectivos de trabajo y los vigiladores se quejan de descuentos injustificados» (Page y Glanc, 2024, p. 357). Probablemente, este tipo de prácticas se repliquen en México, sobre todo con la población más vulnerable y en contextos de informalidad e ilegalidad. En el caso de los vigilantes en casas que fueron contratados por un grupo de vecinos, existe la posibilidad de que estos no paguen oportunamente las cuotas y, por ende, el salario del policía no sea pagado a tiempo o completo.

¿Para qué usan estos recursos? «[…] el uso del dinero y los consumos de los guardias privados son, en su mayoría, destinados a cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda» (Page y Glanc, 2024, p. 357). Pero, a todas luces, considerando los ingresos que reporta la ENOE, se trata de ingresos insuficientes.

La informalidad laboral

Además de las vulnerabilidades, bajos salarios y condiciones ilegales en las que labora una buena parte de las policías privadas en México, está el fenómeno de la informalidad laboral que afecta en mayor grado a esta población.

La ENOE muestra que, en el tercer trimestre de 2024, la informalidad laboral de vigilantes en establecimientos fue de 15.4%, pero en el caso de los vigilantes en casas la informalidad fue de 80.9%. Esto superó la informalidad laboral a nivel nacional, que en ese mismo periodo fue de 54.6%.

Figura 6. Porcentaje de informalidad laboral, nacional y vigilantes en México (2012-2024).

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE 2012-2024 y de la Secretaría de Economía (2025).

En la gráfica sobresale que, históricamente, la informalidad laboral de los vigilantes en casas ha sido superior a la registrada a nivel nacional (exceptuando el cuarto trimestre de 2022). Destaca el tercer trimestre de 2019, en el que la informalidad laboral afectó a casi todos los vigilantes en casas. Sobre estos vigilantes, la organización ASUME ha encontrado que «[…] en zonas residenciales se pagan los servicios más baratos y es donde hay más informalidad. A la gente se le pone como velador, no tienen capacitación y carecen hasta de uniforme» (citado por Barragán, 2020, p. 1).

Promediando, la informalidad laboral en las policías privadas en México es de 48.1% (INEGI, 2024), mayor a la cifra estimada en otros países. «En Argentina, el 45% de los trabajadores se encuentran en la informalidad» (Page y Glanc, 2024, p. 346). Sin duda preocupante por la precariedad en la que subsiste esta población tan vulnerada.

Se observa que la informalidad laboral en México ha disminuido con el tiempo. Y esta misma tendencia se encuentra respecto a la ocupación «vigilantes en establecimientos», que de 2012 a 2024 pasó de 22.3% a 15.4%. Sin embargo, en la ocupación «vigilantes en casas», la informalidad incrementó al pasar del 78.5% a 80.9% en el mismo periodo. Además, en la gráfica se observa que no hay estabilidad en el tiempo y hay cambios profundos de un trimestre a otro. Esto destaca el tercer trimestre de 2019, en el que se registró el porcentaje histórico más alto de informalidad con 94.1%.

Al comparar entre las entidades, se observa que en algunas de estas el problema es mucho más grave. Estos hallazgos suman al estudio subnacional de la informalidad que es escaso (Espejo, 2022), y contribuye a entender el fenómeno espacialmente. Sobresale la situación de vigilantes en casas, donde la tasa de informalidad alcanza al 100% en 13 entidades (estos resultados pueden ser resultado del tamaño de la muestra). Las entidades federativas con menor tasa de informalidad fueron Guerrero (28.9%), Michoacán de Ocampo (21.2%) y Baja California Sur (13.6%) (INEGI, 2024).

Con relación a los vigilantes en establecimientos, las entidades con la situación más crítica al 2024 son Yucatán (32.9%), Chiapas (30.9%) y Puebla (29.4%) (INEGI, 2024).

Figura 7. Porcentaje de vigilantes e informalidad laboral por entidad federativa, 2024.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE 3T-2024 y de la Secretaría de Economía (2025).

En el mejor de los casos, se observa que en Baja California Sur, Chihuahua y Estado de México la informalidad laboral de los vigilantes en establecimientos es menor al 10%. Se destaca Estado de México con el menor porcentaje de informalidad (3.1%). Sin embargo, en el caso de vigilantes en casas se observa que el menor porcentaje de informalidad lo registró Guerrero con 28.9%. Esto significa que al menos una de cada cuatro personas en esta ocupación se encuentra en la informalidad.

Las «[…] especificidades locales pueden aportar información relevante para el diagnóstico de las problemáticas socioeconómicas, el desarrollo de políticas públicas y su seguimiento» (Espejo, 2022, p. 7). Y, como se observa en este análisis, hay variaciones importantes de la informalidad en las distintas entidades; en este sentido, también podrían enfocarse las posibles soluciones, sobre todo en aspectos más específicos.

La construcción de la agenda pública sobre la informalidad en las policías privadas

A pesar de los impactos directos de la informalidad laboral, tanto en las policías privadas como en la sociedad, esta ha sido abordada tangencialmente en la agenda pública. Si bien los gobiernos, la academia y las organizaciones sociales han mostrado su preocupación por avanzar en la solución de este problema ―o cuando menos es lo que se comparte en las narrativas― es un tema pendiente en el país.

Los gobiernos federales y locales se han enfocado fundamentalmente en la autorización y registro de empresas, pero no han implementado acciones específicas para disminuir la informalidad en el sector, aún y cuando la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública considera que «[…] los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de seguridad pública» (Art. 122).

Particularmente, son las organizaciones de seguridad privada las que realizan diagnósticos para comprender el problema, sus características y posibles soluciones.

El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), en referencia a la «[…] reforma que prohíbe el outsourcing en las empresas de seguridad privada» (Venegas, 2022, p. 1), señalaba que persistía la contratación de personal bajo este esquema «[…] llevando a cabo prácticas de subcontratación, [que] evadan impuestos, operen en la informalidad y ocasionen precariedad laboral para los policías privados» (Venegas, 2022, p. 1).

Respecto a la magnitud del problema, el coordinador general de Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), además de comprender el problema asociado al registro por parte de las instituciones reguladoras en los gobiernos, estima que: «[…] de cada empresa que está registrada, hay cinco que no lo están» (citado por Barragán, 2020, p. 1). Y se estima que el marco de ilegalidad puede llegar a ser más amplio que el de las empresas informales en sí mismas, «[…] incluso se detectó que algunas empresas han sido constituidas para dar servicio a gente que no está dentro de la ley» (citado por Barragán, 2020, p. 1).

Se observa que la informalidad se asocia principalmente a la demanda de seguridad por parte de la sociedad a un costo más bajo, pero en mayor medida como una responsabilidad de los gobiernos y sus instituciones reguladoras. Las propuestas de mejora se orientan mayoritariamente hacia la regulación y gestión gubernamental.

Desde esta visión, se argumenta que los incentivos para registrar a las empresas no son suficientes. El director de Asuntos Interinstitucionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) incluso afirmó que existen obstáculos para el registro y uno de ellos es la gran cantidad y diversidad de requisitos que solicitan. Un estudio evidenció que hay 114 requisitos únicos para registrar una empresa (citado por Barragán, 2020).

En otros países se han tomado medidas para disminuir el problema. En Uruguay se incrementó el número de servidores públicos que realizan tareas de fiscalización para realizar más inspecciones a las policías privadas. Esto fue una de las exigencias de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada para evitar la competencia desleal que se observa en la informalidad (Losa, 2018). En Colombia se ha optado por el sistema de multas y sanciones que recaen tanto en las personas vigilantes que ofrecen sus servicios, como en quienes los contratan (Pérez, 2018, p. 133).

En México se ha optado por la sensibilización de quienes contratan servicios de seguridad privada. En algunos gobiernos locales las autoridades advierten de esta informalidad o irregularidad. En el portal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señalan: «No contrate problemas», y lo relacionan con la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en donde se específica que: «[…] Los prestatarios de servicios de seguridad privada, serán solidariamente responsables de la comisión de infracciones, cuando contraten personas físicas o morales que no cuenten con permiso, licencia o autorización de la Secretaría» (Art. 58). Esto afecta no solo a la empresa, sino también a quien contrata.

Asimismo, se realizan visitas de verificación para fiscalizar a las empresas. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, en 2022 se registraron un total de 6,599 visitas (INEGI, 2023b). Sin embargo, la fiscalización es desigual en las entidades y, como ocurre en otros países, recae principalmente en las empresas formales.

En menor medida, en las narrativas también están las que visibilizan la vulnerabilidad de las personas que laboran en la seguridad privada. Se afirma que los esquemas de informalidad laboral «[…] han dejado de lado los derechos laborales y existe ya una marcada precariedad en los puestos de trabajo en esta industria» (Barragán, 2020, p. 1).

Se reconoce que «[…] los guardias que sufren en mayor medida condiciones laborales precarias son los que se emplean en condominios, eventos masivos y complejos residenciales, donde no se supervisa si los elementos cuentan con capacitación y si las empresas operan en la legalidad» (Venegas, 2022, p. 1). Sin embargo, estas narrativas enfocadas en los derechos sociales de las personas que laboran en el sector son de los temas menos abordados en la agenda pública.

Conclusiones

La informalidad laboral en las policías privadas de México es un problema social que prevalece y vulnera la calidad de vida de las personas. Tanto de quienes prestan el servicio al laborar en condiciones precarias, como de quienes contratan estos servicios y la sociedad en general.

Los datos aquí analizados muestran que la seguridad privada ha incrementado. Las estimaciones de la ENOE evidencian que actualmente hay casi un millón de personas en este sector, cifra superior a la registrada en el Censo Nacional, y probablemente sean más personas las que están laborando en seguridad privada.

Paralelamente al crecimiento de la seguridad privada, la informalidad laboral es un problema latente que, aunque ha disminuido, afecta a miles de personas; sobre todo a aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad asociadas al género, la edad, la escolaridad, etc., que paradójicamente se exacerban al no tener un trabajo digno. Se advierte que la informalidad afecta la economía de las personas y desencadena otros problemas sociales que impactan en la población con mayores vulnerabilidades. Se trata de una especie de círculo que profundiza las desigualdades.

La literatura y los hallazgos de esta investigación dan cuenta de la necesidad de visibilizar estas vulnerabilidades que no son promovidas en las narrativas institucionales o sociales, o en las políticas públicas. En este sentido, además de las iniciativas y acciones gubernamentales que mayormente se orientan a la regulación y supervisión de las empresas formales, es importante focalizar la atención en aquellas empresas, grupos o personas en la informalidad. La política social podría ser la clave para abrevar las desigualdades.

Más allá de la regulación que ha caracterizado la política en la materia, se deben realizar procesos de acompañamiento para que los derechos laborales de las personas en la informalidad sean reconocidos y hacer cumplir sus derechos humanos. Este tipo de acciones, además de resarcir la injusticia social, generará externalidades positivas que brinden un mejor servicio de seguridad a la sociedad.

En síntesis, la informalidad laboral en la seguridad privada es un tema con grandes vacíos. Desde la academia es importante profundizar en la comprensión y posibles soluciones de este problema social.        

Referencias

Barragán, D. (2020). Son miles, muchos están armados y no hay quién ponga freno. Los guardias privados crecen sin Ley. Sin Embargo. https://www.sinembargo.mx/27-01-2020/3718308 

Carrión, F. (2006). Privatización de la seguridad o privación de un derecho. Ciudad segura. Programa de Estudios de la Ciudad. FLACSO sede Ecuador, (n. 07).

Causa en Común. (2023). Registro de policías asesinados, 2023. https://causaencomun.org.mx 

Congreso de la Ciudad de México. (2014). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. México, Gaceta Oficial del Distrito Federal. Última reforma publicada el 18 de diciembre de 2014. https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5fd271a8a8d62a47b21b414c89e8b6390a77423a.pdf

Espejo, A. (2022). Informalidad laboral en América Latina: propuesta metodológica para su identificación a nivel subnacional. Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/6), Comisión Económica para América Latina y el Caribe https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b5e5aa09-8dd9-4ddf-84af-c9412db19f20/content 

Jasso, L. (2025). Crecimiento y transformación de las policías privadas en México.  Constructos Criminológicos, 5(9), 141-164. https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/84

Kinosian, S. y Bosworth, J. (2018). Seguridad a la venta. Desafíos y buenas prácticas en la regulación de empresas militares y de seguridad privada en América Latina. Informe de Estado de Derecho del Dialogo Interamericano. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-SPANISH.pdf

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (México). DOF: 2 de enero de 2009 (última reforma DOF, 25 de abril de 2023).

Losa, G. (2018). Seguridad Privada: un sector de alta informalidad y baja fiscalización. El Observador. https://www.elobservador.com.uy/nota/seguridad-privada-un-sector-de-alta-informalidad-y-baja-fiscalizacion-2018326500 

INEGI. (2014). México: Nuevas estadísticas de informalidad laboral. INEGI. https://www.inegi.org.mx/temas/pibmed/ 

INEGI. (2018). Encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial (ENECAP) 2017. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enecap/2017/doc/enecap2017_presentacion_ejecutiva.pdf 

INEGI. (2019). ENOE. Instructivo de Codificación de Ocupación. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_instructivo_ocupacion.pdf

INEGI. (2023a). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. INEGI.

INEGI. (2023b). Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023. INEGI.

INEGI. (2023c). Medición de la Economía Informal (MEI) 2022. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/MDEI/MDEI2022.pdf 

INEGI. (2024). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. III Trimestre. INEGI.

Martínez, J. (2021). Informalidad en los servicios residenciales de vigilancia y seguridad privada en el barrio Niza Sur, localidad de Suba, ciudad de Bogotá. [tesis de grado]. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. https://repository.umng.edu.co/server/api/core/bitstreams/33cc01d8-8d45-4f26-9f9c-512fa12a3aa2/content

Mora, C., Vargas, C., Hernández, J. y Rodríguez, J. (2023). Condiciones del trabajo informal en seguridad privada: perspectivas desde el migrante nicaragüense. Revista Reflexiones, 102(2), 1-19. https://doi.org/10.15517/rr.v102i2.47297

OIT. (2022). Panorama Laboral 2022 de América Latina y el Caribe. OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2022. https://www.ilo.org/es/publications/panorama-laboral-2022-de-america-latina-y-el-caribe 

Page, F. y Glanc, L. (2024). De la garita al shopping: ¿quiénes son?, ¿qué hacen y cómo viven las y los vigiladores de seguridad privada en la Argentina actual? Trabajo y sociedad, 25(42), 339-359. https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/

Pérez, C. (2018). El sector de seguridad y vigilancia privada: Evolución reciente y principales retos laborales, regulatorios y de supervisión. Fedeseguridad, Cuadernos Fedesarrollo 65. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3689/CDF_No_65_Julio_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Rubio, M. (2018). La informalidad laboral en América Latina. Archipielago. Revista cultural de nuestra América, 25(99), 18-20. https://www.revistas.unam.mx/index.php/archipielago/article/view/78374

Secretaría de Economía. (2025). Data México. Perfiles. Explore México mediante datos económicos, sociales y ocupacionales a través de visualizaciones interactivas personalizables. https://www.economia.gob.mx/datamexico/

Spekuljak, P. (2024). ¿Qué hace la seguridad privada en Santa Fe? Aproximaciones a una de las formas de gestionar la seguridad contemporánea. Delito y sociedad, (58), 1-21.

Venegas, P. (2022). La mayoría de empresas de seguridad privada sigue contratando a través del Outsourcing. El Sol de México. https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/la-mayoria-de-empresas-de-seguridad-privada-sigue-contratando-a-traves-del-outsourcing-8703444.html