La responsabilidad social empresarial y el mandato legal: un análisis sistemático de la literatura¹

(iv) Extracción y síntesis de información.

Para la extracción y síntesis de la información, se realizó una lectura analítica de los documentos con el fin de detectar argumentos, ideas y/o citaciones pertinentes que contribuyen a la respuesta de los interrogantes que inspiraron este artículo. Este análisis se desarrolló respondiendo a preguntas como: ¿De qué trata la investigación?, ¿cuál es el principal objetivo?, ¿cuáles son los principales resultados?, ¿cuáles son los principales argumentos a favor o en contra de establecer una RSE legalmente obligatoria y/o voluntaria?

Luego se conformó el trasfondo teórico, donde cada artículo fue clasificado en perspectivas que surgieron de sus respectivos análisis del contenido. Se presentaron las perspectivas de trabajo y sus sub-perspectivas así:

Resultó una primera perspectiva, que se denomina «Divulgación obligatoria/voluntaria de la RSE» (90 documentos), con dos sub-perspectivas relacionadas con recomendar, apoyar o estar de acuerdo con que las empresas elaboren un reporte obligatorio de RSE (40 documentos); o, por el contrario, con un reporte voluntario, mediante un análisis argumentativo de las ventajas o desventajas que soportan dicha posición (41 documentos); o, bien, una postura evidentemente neutra (9 documentos).

Una segunda perspectiva se denomina «Acciones e Inversiones en RSE de carácter obligatorio o voluntario» (en total 58 documentos), con dos sub-perspectivas que se relacionan con recomendar, apoyar o estar de acuerdo con que las empresas ejecuten acciones y/o inversiones en RSE de carácter obligatorio (20 documentos); o bien que dichas acciones y/o inversiones deben ser de carácter voluntario, mediante una análisis argumentativo de las ventajas o desventajas que soportan dicha posición (25 documentos); o una postura evidentemente neutra (13 documentos).

Resultados. Perspectivas sobre el carácter obligatorio/voluntario de la RSE

Referente conceptual y legal. RSE y ley

La globalización y el crecimiento empresarial han generado un mayor llamado para que las corporaciones asuman responsabilidad por sus impactos ambientales y sociales, y para una mayor transparencia sobre riesgos no financieros (Berger-Walliser y Scott, 2018). La RSE es una forma de incorporar comportamientos éticos en los negocios y puede ser usada para aumentar las ganancias y asegurar el crecimiento de la corporación, siempre que cumpla con sus responsabilidades hacia empleados, comunidad y el sistema ecológico (Cheruvalath, 2017). Varios autores afirman que la RSE y su reporte obligatorio influyen positivamente en el desempeño financiero (Baah et al., 2021).

Aunque persiste confusión sobre su significado (Gatti et al., 2019), la «RSE» es un concepto en evolución con raíces en la civilización humana. Originada en la caridad y el impulso humano de compartir y cuidar, la RSE hoy se conoce con sinónimos como ‘ciudadanía corporativa’, ‘triple resultado’, ‘conciencia corporativa’ y ‘sostenibilidad empresarial’ (Padhi et al., 2018). Además, se vincula con conceptos relacionados como «rendición de cuentas» (La Torre et al., 2020), «deontología», «caridad», «filantropía» (Padhi et al., 2018), «economía circular» (Fortunati et al., 2020), «lealtad del cliente» (Islam et al., 2021), «estrategia empresarial» (Jha y Aggrawal, 2019) y «responsabilidad social universitaria» (Ali et al., 2021).

El concepto de la «RSE», así como su pragmatismo, ha sido abordado, tradicionalmente, con el carácter de voluntario (Gatti et al., 2019; Yan, 2019); no obstante, y como se indicó, se ha venido defendiendo la idea que debe ser legalmente obligatoria, ya sea por leyes duras (hard laws) (Knudsen, 2018) (Berger-Walliser y Scott, 2018; Kim, 2021) o leyes blandas (soft laws) (Knudsen, 2018); enfoque este de, relativamente, reciente aparición (Fitriasari y Kawahara, 2018; Jain et al., 2017).

Varios países han adoptado leyes para impulsar la RSE mediante la divulgación de informes no financieros y la promoción de comportamientos responsables:

En India, la Sección 135 de The Companies Act 2013 requiere que las organizaciones que cumplan ciertos criterios gasten al menos el 2% de sus ingresos netos medios de los últimos 3 años en RSE y reporten anualmente sus actividades (Bag y Omrane, 2020).

La Directiva 2014/95/UE de la Unión Europea busca promover la RSE mediante la divulgación de informes no financieros sobre sostenibilidad ambiental, social, derechos humanos y políticas de diversidad (Hombach y Sellhorn, 2019).

Indonesia implementó un enfoque obligatorio de RSE en 2007, con regulaciones legales sobre conservación ambiental y gestión de desechos (Fitriasari y Kawahara, 2018).

En Japón, la Ley No. 77 de 2004 exige a las empresas preparar y publicar informes ambientales anuales (Fitriasari y Kawahara, 2018).

En China, la Revisión 2014 de la China Securities Regulatory Commission establece normas para la divulgación de información por empresas cotizadas (Huang y Yue, 2017).

En Sudáfrica, el Código King III de 1993, promovido por el Instituto de Directores, requiere a las empresas de la Bolsa de Valores de Johannesburgo preparar informes integrados sobre finanzas y sostenibilidad (Barth et al., 2017; du Toit et al., 2017).

Yan (2019) identifica tres formas principales del enfoque de ley dura en RSE: leyes obligatorias para promover comportamiento responsable, estándares mínimos para el comportamiento empresarial, y divulgación obligatoria de cuestiones de RSE.

Lo presentado en este artículo concuerda con el autor anterior en cuanto a los dos grandes grupos de enfoques encontrados: divulgación obligatoria/ voluntaria de la RSE, y comportamientos (acciones e inversiones) socialmente responsables de carácter obligatorio / voluntario.

Divulgación obligatoria / voluntaria de la RSE

Con la moderna cobertura de las tecnologías de información y comunicaciones, una empresa que recibe mayores niveles de cobertura mediática se encuentra en el centro de atención y, por lo tanto, experimenta un incentivo y necesidad de publicar sus informes para destacar sus fortalezas (Shabana et al., 2017).

La RSE se ha convertido en una interesante excusa para que las organizaciones divulguen su información no financiera, contribuyendo a aliviar la asimetría de información de forma efectiva (Lu et al., 2018), en términos de mayor transparencia y rendición de cuentas (Yan, 2019). En efecto, la obligatoriedad de carácter legal, en algunos casos, está asociada a la mayor cantidad y calidad de los reportes de RSE (Mio et al., 2020).

Sin embargo, estos esfuerzos por la transparencia también tienen un precio. Por ejemplo, las empresas que divulgan públicamente sus emisiones (v. gr., gases de efecto invernadero) en respuesta a incentivos financieros, presión social y/o compulsión regulatoria (Tang y Demeritt, 2018), pueden experimentar que su valor en bolsa se vea igualmente disminuido (Oware y Mallikarjunappa, 2020), pese a que existe evidencia que la regulación impulsa la disminución de dichas emisiones (Saha et al., 2021) y que el costo del capital social aumenta (Gerged et al., 2021). Lo anterior puede considerarse como un desestimulante para divulgar informes no financieros (Huang y Yue, 2017), por lo que los legisladores se han apoyado en falta de divulgación voluntaria para justificar la intervención regulatoria (Hombach y Sellhorn, 2019).

Ventajas asociadas al reporte obligatorio de la RSE.

A partir de la revisión bibliográfica, pueden apreciarse diversas ventajas asociadas al reporte obligatorio de la RSE. En términos generales, la inclusión de información sobre RSE en los informes financieros puede tener efectos en el desempeño organizacional (Christensen et al., 2017). Lo encontrado a partir de la revisión de los documentos analizados, muestra una asociación entre el reporte de RSE con mejoras en la legitimidad, el control, el desempeño corporativo y la innovación.

Desde el punto de vista de la legitimidad social, es preciso decir que el reporte voluntario no contempla sanciones por declaraciones falsas o datos no declarados, por lo que la confiabilidad de la información reportada puede verse menoscabada (Fitriasari y Kawahara, 2018). Lo anterior se conoce en el derecho romano como lex imperfecta, una norma que no conlleva sanción en caso de violación (Gatti et al., 2019).

La responsabilidad corporativa voluntaria puede no ser capaz de seguir el ritmo de la intensidad y el nivel de las demandas sociales, sin mencionar que los incentivos que impulsan a las corporaciones, a menudo, difieren de las expectativas sociales (Chiu, 2017). El deseo de legitimidad por parte de los stakeholders, asociado a la regulación obligatoria, influyen en la responsabilidad ambiental y social, así como en el desempeño financiero (Baah et al., 2021).

Un problema fundamental en el derecho corporativo en relación con el reporte de la RSE es si las directivas deberían ser responsables solo ante los accionistas o también ante los otros stakeholders. Aún más, si bien es esperable que las altas directivas, en su calidad de agentes de una corporación, deben trabajar casi que exclusivamente para los «principales» (Huang y Yue, 2017), también es cierto que las juntas directivas no necesariamente están obligadas a maximizar el valor para el accionista (Yan, 2019).

Según Lipton (2020), reportar solo a los accionistas puede ser beneficioso para grandes empresas con alto impacto social, pero operar fuera del ojo público puede tener efectos negativos significativos en empleados, clientes y competidores. La falta de transparencia dificulta entender el panorama social e industrial y, por ende, mejorar el servicio a las comunidades. Es necesaria al menos una intervención regulatoria mínima (Jain et al., 2017) y un compromiso ético de las empresas (Berger-Walliser y Scott, 2018) y de la alta dirección (Koya y Roper, 2020) para equilibrar sus intereses con la sociedad.

Las grandes empresas enfrentan más presión para cumplir con las expectativas sociales que las más pequeñas (Shabana et al., 2017). La obligatoriedad de la RSE no solo aumenta el volumen de reportes (Carini et al., 2018), sino que también ofrece a las partes interesadas información accesible y útil para sus decisiones (Hombach y Sellhorn, 2019; du Toit et al., 2017).

Incluso las organizaciones que no habían experimentado eventos negativos han visto la utilidad de publicar informes de RSE como defensa contra las percepciones públicas negativas (Shabana et al., 2017). En efecto, para algunos autores la obligatoriedad en el reporte de la RSE mejora la transparencia (Nair et al., 2019; Aureli et al., 2020; Hombach y Sellhorn, 2019; Caputo et al., 2021).

Cada vez más, los directivos empresariales observan que no reportar su RSE tiene implicaciones de sanción normativa (Shabana et al., 2017), por lo que dichos informes de RSE han aumentado en volumen y han mejorado en su contenido y calidad (Arraiano y Hategan, 2019). La obligatoriedad de los informes permite a las empresas determinar la estructura y contenido de la información a divulgar (Fitriasari y Kawahara, 2018). Estas mejoras están asociadas a un mayor valor de la empresa, una mayor liquidez, una mejor eficiencia en la inversión (Barth et al., 2017), a un mayor capital social (De Luca et al., 2020), a una disminución de asimetrías de información (Wang et al., 2018), y en general, a un mejor desempeño social (Kinderman, 2020).

La regulación obligatoria también puede verse como un efectivo mecanismo de control. La divulgación obligatoria de RSE mejora el seguimiento de las empresas en China, especialmente cuando estas se caracterizan por tener graves problemas de agencia (Liu & Tian, 2021), y contribuye a mejorar el control interno. Para Jackson et al. (2020), en su estudio en países de la OCDE, la regulación de los reportes no financieros se asocia con un mayor rigor en torno a los estándares mínimos. De igual forma, se relaciona con una mejor calidad en el reporte de sostenibilidad (Dilling y Harris, 2018) y financiero (Wang et al., 2018; Ahenkan et al., 2018).

La regulación también puede verse como motor de un mejor desempeño corporativo e innovación. Así lo manifiestan varios autores como Nair y Bhattacharyya (2019), quienes argumentan que el reporte obligatorio se constituye en un factor de ventaja competitiva (caso empresas indias) y, en algunos casos, de mejor desempeño organizacional (Kundu, 2017).

Algunos documentos incluidos en esta revisión sostienen que la divulgación obligatoria de los reportes de RSE están asociados al mejoramiento de indicadores económicos, financieros, de sostenibilidad empresarial y de mercado: una mejor calificación de riesgo (Garg et al., 2021); un mayor capital social (De Luca et al., 2020); un mejor retorno y eficiencia de la inversión (Liu y Tian, 2021); una realineación de los mercados de capitales con los principios de sostenibilidad (Esty y Karpilow, 2019); la mejora de la liquidez de las acciones y la eficiencia de precios (Ji et al., 2019); incremento del valor de la organización en el mercado (Xu et al., 2020); menores costos de bonos corporativos (Gong et al., 2018); mejoramiento de la sostenibilidad empresarial (Brzeska y Jędrzejewski, 2021); una mayor responsabilidad ambiental (Liu et al., 2021); mejoramiento de la imagen institucional (Shabana et al., 2017); una mayor transparencia y fomento de la participación de sus stakeholders (Aureli et al., 2020); así como una mayor confianza (Mio et al., 2020) y valor para los shareholders (Juniarti, 2021).

Desventajas asociadas al reporte obligatorio de la RSE.

Varios documentos incluidos en esta revisión describen algunos factores que han desmotivado el ejercicio de reporte de RSE en empresas públicas y privadas; entre ellos, la ausencia de asociatividad o, incluso, lo contraproducente que puede resultar la información no financiera y el desempeño financiero —accionario o de mercado— (Phan et al., 2020); así como también la falta de conciencia sobre la rendición de cuentas y la falta de esquemas disciplinarios regulatorios (Andrades et al., 2019); o, simplemente, la falta de madurez empresarial para asumir la responsabilidad de reportar integralmente su RSE (du Toit et al., 2017).

Para algunos autores, las desventajas del reporte obligatorio incluyen una disminución en la eficiencia de inversión y desempeño organizacional. Contrario a lo mencionado antes, la divulgación obligatoria de RSE puede estar asociada con resultados negativos en el desempeño organizacional, como un peor desempeño financiero (Oware et al., 2021). Chen et al. (2018), Fahad y Busru (2021) y Lu et al. (2021) argumentan que las empresas con reporte obligatorio de RSE suelen ver una caída en la rentabilidad debido a la divulgación de bajos puntajes ambientales y sociales, que generan externalidades negativas para los accionistas. Conciliar los intereses de los accionistas con los de las partes interesadas resulta complicado (Huang y Yue, 2017).

Asimismo, se argumenta que el reporte obligatorio reduce significativamente los pagos de dividendos (Ni y Zhang, 2019) y, en ciertos casos, está asociado con un aumento del riesgo de pérdida del precio accionario (Huang y Yue, 2017; Manchiraju y Rajgopal, 2017). Harper (2018) considera que la divulgación actual de sostenibilidad empresarial es inadecuada para el análisis de inversiones. Se observa una tendencia al greenwashing (Tang y Demeritt, 2018), una menor cantidad de información sobre el desempeño ambiental (Sharma y Verma, 2021) y una ineficiencia en reducir abusos de derechos humanos (Chilton y Sarfaty, 2016).

En contraste, la voluntariedad puede estimular el reporte de RSE y está asociada a un mejor desempeño organizacional. Varios estudios muestran que la voluntariedad se relaciona con percepciones positivas de stakeholders en aspectos como legitimidad organizacional (Fallan y Fallan, 2019), ciudadanía corporativa (Corrigan, 2019), credibilidad de los documentos de sostenibilidad (Loza, 2020), reducción de asimetrías de información (Cortesi y Vena, 2019), lealtad de marca (Muniz et al., 2019), valor para shareholders (Manchiraju y Rajgopal, 2017), mejores índices ambientales (Barbosa et al., 2021) y calidad de reportes no financieros (Zhang y Chen, 2019).

Divulgación obligatoria / voluntaria de la RSE

Algunos gobiernos han empezado a implementar leyes para asegurar la divulgación obligatoria de RSE, buscando que las empresas adopten prácticas responsables por sí solas, o bajo la presión de sus stakeholders, (Chilton y Sarfaty, 2016) y mejoren la eficiencia en la inversión en RSE. Según Makosa et al. (2020) la presión legal actúa más como una inercia estimulante que como un efecto estrictamente positivo o negativo.

Las empresas en países con divulgación obligatoria de RSE realizan más actividades de RSE (Jackson et al., 2020) y muestran un mayor compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Mishra, 2021). Asimismo, fomentan el compromiso de la alta gerencia y juntas directivas (Subramaniam et al., 2017). El reporte obligatorio de RSE no solo impulsa a las organizaciones a comportamientos socialmente responsables, sino que también refuerza los argumentos para que los líderes mundiales asuman responsabilidades ambientales (Mishra, 2021). Algunas leyes, como en India, regulan explícitamente la inversión y acciones de RSE. Por ejemplo, Smriti y Das (2021) encuentran que la presencia obligatoria de mujeres en cargos de gobierno corporativo se asocia positivamente con la rentabilidad de la empresa.

Varios autores evidencian los impactos positivos del gasto obligatorio en RSE en el desempeño financiero (Oware y Mallikarjunappa, 2020; Bag y Omrane, 2020), el rendimiento de activos y flujo de efectivo (Bhattacharyya y Rahman, 2019), el valor de las empresas (Sharma y Verma, 2021), el nivel de caja (Jadiyappa et al., 2021) y la intensidad de I+D por prácticas ambientalmente sostenibles (Banerjee y Gupta, 2019).

Sin embargo, mientras que, para aproximadamente la mitad de los autores revisados, tanto la divulgación legal como las actividades socialmente responsables asociadas ofrecen ventajas económicas, sociales y ambientales, la otra mitad considera que estas ventajas se deben principalmente al carácter voluntario de la RSE.

Esto podría deberse a un menor compromiso gerencial cuando se obliga a implementar prácticas de RSE (Guo y Shen, 2019), especialmente si la alta directiva tiene una gran participación accionaria (Ahenkan et al., 2018). Cosma et al. (2021) afirman que la participación de stakeholders en RSE depende más de las características del consejo de administración que de una RSE obligatoria.

La regulación obligatoria no previene comportamientos socialmente irresponsables (Jackson et al., 2020) ni garantiza un cambio positivo en la cultura organizacional (Koya y Roper, 2020). Por ejemplo, la transparencia obligatoria puede llevar a los directivos a actuar según las preferencias de sus principales stakeholders (Hombach y Sellhorn, 2019). Cambiar leyes y políticas no elimina necesariamente comportamientos nocivos para la sociedad o las empresas (Koya y Roper, 2020).

Un gerente deontológico toma decisiones basadas en reglas morales, buscando hacer lo correcto incluso si no es lo más rentable, como negarse a mentir a un cliente, aunque implique perder una venta (Mapletoft, 2021).

La regulación gubernamental suele imponer estándares mínimos más rigurosos, pero puede ser rígida por su enfoque de «talla única» (Jackson et al., 2020). Este enfoque puede causar problemas al tratar a todas las empresas por igual, ignorando sus particularidades (Jain et al., 2017). Por ejemplo, un entorno de RSE obligatoria en empresas públicas burocráticas puede presentar amenazas para proyectos de RSE subcontratados (Subramaniam et al., 2019).

A nivel global, la legislación de la UE ha mostrado una evolución compleja y fragmentada con efectos adversos; como baja eficiencia en RSE (MacGregor y MacGregor, 2020), limitada gobernanza empresarial (Chiu, 2019) y disminución en la inversión en RSE (Makosa et al., 2020). Además, identificar los efectos a largo plazo y evaluar la eficacia de las inversiones sociales es complicado (Zaytsev, 2019).

La literatura crítica destaca la ineficiencia de la inversión en RSE bajo mandato legal. En el caso de la India, la inversión obligatoria en RSE bajo la Sección 135 del Indian Companies Act 2013 ha mostrado resultados negativos. La legislación ha decepcionado a algunos autores (Mukherjee et al., 2018), mostrando impacto negativo en rentabilidad (Bhattacharyya y Rahman, 2020) y limitado desempeño ambiental (Prasad et al., 2019). Además, no se ha asociado el gasto en RSE con la inclusión financiera (Bhattacharyya et al., 2021) y se ha observado una reducción en el gasto general en RSE (Mukherjee et al., 2018) y en financiamiento de acciones de bajo impacto (Jain et al., 2021).

Puede afirmarse que la RSE obligatoria no es «el» determinante de la inversión social. Para algunos autores, la inversión depende más de características específicas de la empresa como el tamaño, el sector económico, el nivel de saldo y el flujo de caja de las operaciones (Bhattacharyya y Rahman, 2019) o la madurez de su ciclo de vida (Trihermanto y Nainggolan, 2018).

Discusión

Los resultados muestran discrepancias en la literatura sobre las ventajas y desventajas del reporte obligatorio. Algunos autores defienden la rentabilidad empresarial asociada al reporte obligatorio, mientras que otros afirman lo contrario. Además, aunque varios documentos vinculan el reporte obligatorio de RSE con el aumento del valor para los shareholders, algunos, como Cordazzo et al. (2020), argumentan que los reportes no financieros no contribuyen a este aumento. Por lo tanto, es crucial profundizar en estas discrepancias para entender mejor las razones y la información que sustentan distintas posturas en contextos específicos.

El estudio tiene limitaciones metodológicas. Primero, se basó en dos bases de datos, WoS y Scopus, que, aunque relevantes, no abarcan todas las revistas científicas ni la hermenéutica jurídica. Segundo, se excluyeron artículos de conferencias, reseñas o documentos de trabajo, que podrían haber aportado información adicional. Finalmente, aunque el análisis sistemático busca ser objetivo, la interpretación de los resultados puede tener sesgos subjetivos. Para mitigar estos sesgos, el estudio incluyó debates entre los tres autores con información previa sobre los documentos.

Para promover estudios complementarios, es crucial evaluar los impactos concretos de las políticas públicas de RSE en el poder regulador estatal, lo que requiere más investigación empírica, incluyendo estudios comparativos transnacionales (Krichewsky, 2017).

En varios sistemas jurídicos, la RSE ya está regulada implícitamente por leyes ambientales, económicas y sociales, a menudo sin ser específicamente llamada «ley de RSE». La evaluación de los efectos sociales, económicos y ambientales de estas leyes es aún una tarea en desarrollo, dado que la legislación sobre responsabilidad social es relativamente reciente.

Existen pocos estudios empíricos detallados sobre las relaciones entre factores institucionales y la presentación de informes no financieros en países en desarrollo (Dagilienė y Nedzinskienė, 2018). La divulgación de RSE en estos países está poco estudiada (Ramananda y Atahau, 2019). Futuras investigaciones deberían ampliar y profundizar la evidencia empírica sobre la transparencia en la regulación de divulgación corporativa (Hombach y Sellhorn, 2019).

Finalmente, la relación entre RSE y mandato legal a menudo se enfoca solo en los efectos corporativos, no en los posibles efectos sobre el legislador. Se necesitan estudios que exploren si las políticas públicas de RSE refuerzan el poder regulador estatal o debilitan la intervención estatal al institucionalizar formas privadas de gobernanza (Krichewsky, 2017).

Conclusiones

La RSE se centra en que las empresas sean responsables de sus actividades, conciliando sus intereses con los de sus stakeholders y su impacto ambiental. Las empresas con iniciativas de RSE pueden ganar ventaja competitiva al mejorar su imagen pública y generar mayores ganancias y retorno de inversión (Barauskaite y Streimikiene, 2021).

La teoría de stakeholders sostiene que la RSE mejora la percepción de las partes interesadas (Masoud y Vij, 2021). Los informes obligatorios de RSE ayudan a cerrar brechas en las expectativas de los stakeholders, aumentando el reconocimiento y respeto hacia la organización (Shabana et al., 2017), lo que tiene efectos positivos en el desempeño corporativo (Christensen et al., 2017). Estos incluyen mejoras en legitimidad, control, desempeño corporativo e innovación.

Sin embargo, la literatura también señala las desventajas de la obligatoriedad legal y defiende mantener la RSE como una práctica voluntaria. A pesar de la tendencia a legislar sobre la RSE y verla como un impuesto (Koya y Roper, 2020), persiste el escepticismo académico sobre la efectividad de esta regulación (Caputo et al., 2019; Lin, 2020; Tang y Demeritt, 2018).

Antes de legislar, es esencial entender las necesidades y expectativas de los principales stakeholders (Subramaniam et al., 2017). Lipton (2020) sugiere que, en lugar de leyes sobre el reporte obligatorio de RSE, se debería desarrollar un sistema de transparencia adaptado a las necesidades de los stakeholders, garantizando la utilidad de la información para inversionistas y el público, y fomentando el diálogo.

Fahad y Busru (2021) recomiendan que las directivas empresariales consideren seriamente e inviertan en RSE tras investigar las necesidades, en lugar de hacerlo solo para cumplir con requisitos mínimos. Las empresas deben cumplir con sus responsabilidades legales y, además, integrar prácticas sociales y ambientales en sus operaciones (Yan, 2019).

Un código de ética, el compromiso gerencial y los principios de la cadena de suministro están negativamente asociados con comportamientos poco éticos (Yun et al., 2019). Empresas dispuestas a hacer lo correcto cumplirán con la ley y realizarán actividades voluntarias sin necesidad de regulación adicional, reduciendo el impacto de la ley en su comportamiento (Yan, 2019).

La literatura sugiere que una combinación de hard-laws y soft-laws puede ser más efectiva en la RSE, mejorando la confianza de los stakeholders (Subramaniam et al., 2019). Japón ejemplifica cómo un país puede ser estricto en la divulgación de sostenibilidad al gobierno, pero mantener informes públicos voluntarios (Fitriasari y Kawahara, 2018).

Es crucial considerar las particularidades corporativas, como ubicación y tipo de producción, al introducir mandatos de RSE. Koya y Roper (2020) argumentan que alinear las campañas obligatorias con los valores corporativos las hace más significativas.

La discusión central es que un buen desempeño en RSE no siempre surge de la regulación (Kinderman, 2020). Sin valores y responsabilidad moral, la ley, ya sea dura o blanda, es innecesaria. La RSE debería ser una obligación moral, no una imposición legal (Cheruvalath, 2017). Las consideraciones morales deben motivar los actos corporativos prosociales (Kim, 2021).

En conclusión, legislar la RSE es complicado y puede reducir el «orgullo» corporativo en sus actividades responsables (Huang y Yue, 2017; Koya y Roper, 2020). La legislación reciente está desafiando y socavando la comprensión y el concepto de RSE (Lin, 2020; Berger-Walliser y Scott, 2018).

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