Violencia y legitimidad: el Estado y las organizaciones criminales desde la perspectiva de jóvenes de Medellín, Colombia¹

Violence and Legitimacy: State and Criminal Organizations from the Perspective of Young People in Medellín, Colombia

Violência e legitimidade: o Estado e as organizações criminosas sob a perspetiva dos jovens de Medellín, Colômbia

Recibido el 05/09/2022. Aceptado el 28/06/2023

Resumen

Objetivo: esta investigación tuvo como propósito recoger la perspectiva de 256 jóvenes de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, acerca de su percepción sobre la legitimidad que han conseguido las organizaciones criminales para ejercer la violencia y establecer órdenes territoriales en la ciudad. Metodología: el proceso estuvo dividido en dos momentos, el primero, el análisis por las principales teorías del Estado para comprender la unidad del mismo sin competir con otras organizaciones armadas por su hegemonía territorial, y lo segundo, el análisis de la perspectiva de los jóvenes de la Comuna 13 sobre la legitimidad de violencia que han adquirido muchas de estas organizaciones sobre todo en los primeros diez años del siglo XXI. Resultados: para el caso de la ciudad de Medellín, se realizó un breve recorrido sobre los antecedentes de violencia y dominación territorial que se abordan desde los inicios del Cartel de Medellín en los años de 1980, pasando por la expansión del paramilitarismo, hasta la consolidación de las diferentes organizaciones criminales que operan en la ciudad y que dominan la «seguridad» en los barrios, y a su vez, son las causantes de extorsiones, homicidios, micro-tráfico de armas, drogas, personas y desplazamientos forzados a la población civil. Conclusiones: es posible considerar que, en estos momentos, la ciudad de Medellín al igual que muchos municipios de Colombia tienen un serio problema de legitimidad para ejercer los procesos de control y seguridad sobre barrios, comunas o distritos (dependiendo la ciudad), lo que debe llevar al replanteamiento de políticas públicas de seguridad y la consideración de la idea de cuadrantes para el caso de la acción policial.

Palabras clave: legitimidad; Estado; organizaciones criminales; Medellín; violencia.

Abstract

Objective: The purpose of this research was to gather the perspective of 256 young people from Comuna 13 in the city of Medellín regarding their perception of the legitimacy that criminal organizations have achieved in exercising violence and establishing territorial orders in the city. Methodology: The process was divided into two phases. The first involved analyzing the State’s main theories to understand its unity without competing with other armed organizations for territorial hegemony. The second phase focused on analyzing the perspective of the youth in Comuna 13 regarding the legitimacy of violence that many of these organizations acquired, especially in the first 10 years of the 21st century. Results: In the case of the city of Medellin, a brief review was made of the background of violence and territorial domination. This review spanned from the beginnings of the Medellin Cartel in the 1980s, through the expansion of paramilitarism, to the consolidation of the different criminal organizations that operate in the city. These organizations dominate “security” in the neighborhoods and, in turn, are the cause of extortion, homicides, micro-trafficking of weapons, drugs, people, and forced displacement of the civilian population. Conclusions: It is possible to consider that, at this moment, the city of Medellin, as well as many municipalities in Colombia, have a serious problem of legitimacy in exercising control and security processes over neighborhoods, communes, or districts (depending on the city). This should lead to the rethinking of public security policies and the consideration of the idea of quadrants in the case of police action.

Keywords: legitimacy; State; criminal organizations; Medellin; violence.

Resumo

Objetivo: o objetivo desta pesquisa foi reunir a perspetiva de 256 jovens da Comuna 13 da cidade de Medellín sobre sua percepção da legitimidade que as organizações criminosas alcançaram para exercer a violência e estabelecer ordens territoriais na cidade. Metodologia: o processo foi dividido em duas partes: primeiro, uma análise das principais teorias do Estado para entender a unidade do Estado sem competir com outras organizações armadas pela hegemonia territorial e, segundo, uma análise da perspetiva dos jovens da Comuna 13 sobre a legitimidade da violência que muitas dessas organizações adquiriram, especialmente nos primeiros dez anos do século XXI. Resultados: no caso da cidade de Medellín, foi realizado um breve panorama da história da violência e da dominação territorial, começando com os primórdios do Cartel de Medellín na década de 1980, passando pela expansão do paramilitarismo, até a consolidação das diferentes organizações criminosas que operam na cidade e dominam a "segurança" nos bairros, que, por sua vez, são responsáveis por extorsão, homicídios, microtráfico de armas, drogas e pessoas e deslocamentos forçados da população civil. Conclusões: É possível considerar que, no momento, a cidade de Medellín, assim como muitos municípios da Colômbia, tem um sério problema de legitimidade para exercer os processos de controle e segurança sobre bairros, comunas ou distritos (dependendo da cidade), o que deve levar a repensar as políticas de segurança pública e a considerar a ideia de quadrantes para o caso de ação policial.

Palavras-chave: legitimidade; Estado; organizações criminosas; Medellín; violência.

Introducción

La llegada de un narcotraficante, de la talla de Pablo Escobar, al Congreso de la República de Colombia en 1982marcó un hito en los márgenes de la legalidad en Colombia que no logró diferenciar en su momento los órdenes institucionales y legislativos del poder, así como la influencia de los criminales en algunos estamentos de Colombia. Quienes cuestionaron y denunciaron la permeabilidad del narcotráfico en las instancias del Estado colombiano fueron asesinados, como el caso del ministro de justicia de aquel entonces, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984 por sicarios de Pablo Escobar.

Después, en los años de 1990 Pablo Escobar decide hacer su propia cárcel, conocida como «La Catedral», para no ser extraditado a los Estados Unidos. Él mismo puso su vigilancia interna y el Ejército colombiano estaba a metros de la entrada de su propio recinto carcelario. Una vez más, la legitimidad y el control del Estado colombiano queda en cuestionamiento.

Pero el caso de Pablo Escobar no sería el único; en 1998 el expresidente Andres Pastrana en la Resolución 85 del 14 de octubre de 1998 otorgó a las FARC una zona de distención como requisito para negociar la paz. Permitió una consolidación mucho mayor de esta organización y un control territorial de 42.000 km²; es decir, un espacio territorial que pertenecía al Estado colombiano pasó a ser dominado por un grupo al margen de la ley dentro del mismo Estado colombiano.

El paramilitarismo, la extrema derecha armada e ilegal, también contribuyó a fragmentar más la legalidad y la legitimidad de las instituciones —en especial, del Ejército colombiano— tras el caso conocido como «parapolítica». En el año 2006 se develó cómo grupos paramilitares impulsaron y financiaron campañas políticas al Congreso de la República para que favorecieran su proceder antiinsurgente en diferentes zonas de Colombia.

Permitir que órdenes no legitimadas por el Estado gobiernen contradice en sus bases al Estado social de derecho que, se supone, es Colombia; provoca procesos de fragmentación y legitimidad en las instituciones. En este sentido, la confianza de la ciudadanía se aposenta en otras fuerzas que no corresponden al Estado y naturalizan la violencia no estatal como forma de defensa ciudadana ante la lentitud o indiferencia de muchos funcionarios.

En la presente investigación se enfocaron los esfuerzos en el marco teórico en observar principios básicos para la constitución de un Estado, se abordaron aquellos que se consideraron más fundamentales, pero, a su vez, también se cuestionaron reflexiones teóricas sobre la dualidad de los Estados y cómo estas fragmentaciones generan dualidades que corrompen la confianza legítima de los ciudadanos hacia sus instituciones. Por ello, en dicho espacio se buscó comprender las estructuras de los Estados fuertes y analizar puntos de ruptura y fragmentación de estos.

El proceso de investigación en su evolución de resultados se enfocó en analizar las fuentes primarias que brindaron datos estadísticos, como la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia y la Defensoría del Pueblo, como colectivo restaurador de los derechos humanos. Todo el foco está dirigido a la ciudad de Medellín, donde se encuentran grandes organizaciones criminales.

En un segundo momento, se realizaron entrevistas a jóvenes de la Comuna 13, de Medellín, quienes permanentemente tienen que vivenciar el actuar de estas organizaciones al margen de la ley, que, a su vez, logran legitimar en sus comunidades la aprobación por medio del miedo o la simple convicción de sus habitantes para ejercer la violencia de manera indiscriminada. Desde allí se analiza, finalmente, cómo el Estado, aún sin hacerlo consciente, ejerce una competencia por la legitimidad en muchos barrios y comunas de Medellín.

Marco teórico

Para Hobbes el consentimiento entre quienes son gobernados por el soberano es esencial para el establecimiento de la paz y la seguridad de todos. Ello evita que el miedo los lleve al uso de su propia fuerza despótica para atentar contra otros. En consecuencia, «[…] pertenece a quien posee el poder soberano ser juez y nombrará a todos los jueces sobre opiniones y doctrinas que parezcan necesarias para la paz, previniendo así la discordia y la guerra civil» (Hobbes, 2018, p. 135).

Corresponde al soberano y a los legisladores que lo acompañan prescribir las leyes por cuya mediación cualquier hombre pueda saber de qué bienes puede disfrutar y qué acciones puede desarrollar sin ser abrumado por los demás súbditos. Hobbes establece, en la coherencia del consentimiento y el acuerdo común, lo legítimo e ilegítimo en las acciones de los súbditos.

En este sentido, el autor inglés integra la figura del soberano la capacidad para mantener la paz, la defensa de los bienes comunes y la integridad para establecer el mutuo acuerdo entre los súbditos y su gobernabilidad. Lo anterior, para orientar las acciones que consideran mejor para todos; es decir, si alguno de los gobernados atenta contra la legitimidad pactada de ese orden, el orden legítimo desata el castigo sobre el súbdito que se ha revelado:

Un pecado no es sólo una transgresión de alguna ley, sino también cualquier desprecio al legislador. Porque tal desprecio es una ruptura simultánea de todas las leyes. Y, por tanto, no sólo puede consistir en la comisión de un hecho o en decir palabras prohibidas por las leyes o en la omisión de lo ordenado por la ley, sino también en la intención o propósito de transgredir. Porque el propósito de quebrantar la ley implica un cierto grado de desprecio hacia aquel a quien pertenece verla ejecutada. (Hobbes, 2018, p. 214).

Aunque Hobbes no realiza un tratado teológico sobre el pecado, reconoce una especie de similitud entre el pecado y la falta, afirmando que allí donde la ley cesa, de igual manera lo hace el pecado. Simultáneamente, da a entender que allí donde no hay poder soberano, cesa también la ilegitimidad del crimen, pues no existe una protección a la ley ni a sus ciudadanos.

Para garantizar el mantenimiento y la preservación de los Estados modernos, como lo desarrolló Hobbes a través del soberano, los estados deben ser estructuras unificadas en todos sus ámbitos administrativos para preservar la coherencia y evitar implosiones que liquiden su propia existencia en el orden territorial que dominan. Es allí donde se hace evidente la importancia de la actividad administrativa de los Estados en la garantía de los procesos de legitimidad.

En este sentido, Weber (2012) examina el Estado como una unidad a través de diferentes tipos de dominación, en los que se incluye la violencia y la fuerza física contra aquellos que atenten contra su integridad (reflexión ya iniciada por Hobbes). De allí acude a la necesidad de un aparato administrativo que sostiene la unidad funcional del Estado. A esta unidad le suma unas características fundamentales en aquellos que ejecutan el poder administrativo:

1. Ser libres, desde el punto de vista personal, y solo están sometidos a obediencia en sus obligaciones oficiales impersonales.

2. Están organizados en una jerarquía de cargos claramente definida.

3. Existe una clara delimitación de las competencias oficiales.

4. El funcionario está sometido a una disciplina estricta y sistemática y a un control de su comportamiento en el cargo. (Weber, 2012, p. 83).

Es decir, las tareas ejecutadas por los funcionarios que componen la unidad administrativa deberían estar alejadas del ejercicio político para la preservación del Estado como garantizador de las diferentes libertades políticas que van existiendo dentro de él, siempre y cuando no atenten contra la existencia del mismo.

La definición y la competencia profesional de los cargos que mantienen el funcionamiento del Estado permiten la imparcialidad en los procesos regulatorios, evitando la politización o ideologización de los mismos con el fin de garantizar la protección de los derechos ciudadanos que están cubiertos y protegidos bajo la misma ley y la misma fuerza que, en ocasiones, usa la violencia para la protección no solo de los componentes institucionales del Estado, sino también para la preservación de la integridad de sus ciudadanos. Es justamente ello lo que genera la idea común de legitimidad a través de la confianza, pero cuando no existe la preservación en la integridad ni del Estado, ni de los ciudadanos esa unidad comienza a generar rupturas en la estructura de su legitimidad.

Esta confianza sigue siendo el presupuesto de toda constitución que organiza el Estado de derecho en la forma de un Estado legislativo. Sin ella, el Estado legislativo sería una forma complicada de absolutismo, el deber ilimitado de obediencia sería una opresión abierta y la franca renuncia al derecho de resistencia sería una necesidad irresponsable. (Schmitt, 1970, p. 31).

Para Schmitt la relación entre razón y justicia son las que permiten la existencia de un Estado legislativo que mantiene vigente la legitimidad en la unidad administrativa, evitando los absolutismos y garantizando la lucha política, que a su vez hace de la legalidad y la legitimidad instrumentos tácticos que cada uno se sirve conforme le resulte ventajoso en el momento, señalando de ilegítimas o injustas determinadas acciones de sus contrincantes políticos (Schmitt, 1970).

Pero lo anterior son solo tácticas para hacer de la legalidad un instrumento de lucha política. Para Weber (2012), tanto los funcionarios como los políticos, deben evitar cualquier fisura en la unidad del Estado, actuando siempre bajo los parámetros de la constitución y la ley.

Weber y Schmitt dejan claro que las diferencias políticas no deben afectar la vigencia administrativa del Estado en su práctica (usando cualquier medio establecido para defenderla). Reconocen que, de ninguna manera, se debe hacer uso personal de los medios administrativos, por más fuerte que sea la oposición política. Se reitera, en ocasiones, las diferencias entre el Estado legislativo y el Estado jurisdiccional, el Estado gubernativo y el Estado administrativo; incluso el uso de la constitución y la ley para contradecir al oponente político y destruir al enemigo público. No obstante, la legitimidad y la violencia para el orden no puede ser impuesta, ni disputada por un actor que no sea el Estado mismo (Martínez-Ferro, 2010; Beca, 2006).

Ante este panorama, ¿qué sucede cuando otros actores viven en la ilegalidad y, aun así, obtienen la aprobación de un grupo de pobladores, ya sea por miedo o por convicción? ¿Se fragmenta el Estado en su unidad administrativa como encargado de la protección y seguridad de todos?

Ernst Fraenkel (2010) en The Dual State analizó cómo el partido Nacional Socialista Alemán se desligó de la unidad del Estado administrativo-burocrático planteado por Weber (2012), pasando a un Estado de decisiones personales a través de una captación ideológica que segregó a variados sectores de la población civil alemana.

Para identificar el anterior proceso Fraenkel (2010) identificó dos tipos de Estado: Prerrogative State (Estado prerrogativo) y Normative State (Estado normativo). Por una parte, Normative State (Estado normativo) usa todos los mecanismos jurídicos y herramientas del Estado para mantener la vigencia de la constitución y las leyes, garantizando la diversidad y la participación política de los diferentes sectores. Por otra parte, el Prerogative State (Estado prerrogativo) suprime la vigencia de estas y las reemplaza por los requerimientos personalizados de un mandatario que, a su vez, tiene el respaldo de fuerzas armadas, sean legales o ilegales, tal como sucedió con la Schutzstaffel (una fuerza paramilitar que se terminó incorporando al Ejército alemán en las fuerzas de choque del partido nazi. En consecuencia, se rebasan los límites de los actos administrativos y jurídicos.

[The Prerogative State] No delimitation of jurisdiction is provided for Political officials may be instruments of the state or the party. The jurisdiction of party and state officials is not subjected to general regulations and in practice is flexible. (Fraenkel, 2010, p. 7).

[El Estado de Prerrogativa] no tiene una delimitación clara en las competencias jurídicas de los políticos en relación con los instrumentos del Estado. La jurisdicción está sujeta a los partidos políticos y no a las normas de regulación general del Estado, allí se vuelven flexives de acuerdo a quienes lo dirigen.

En esos casos, los funcionarios y las estancias administrativas del Estado quedan a disposición, no del acto administrativo impulsado por el órgano legislativo, sino a disposición de los programas del partido y las actividades ideológicas.

Uno de los ejemplos más claros que analiza Fraenkel (2010) es aquel en el que Hitler, sin orden jurídico/administrativo, expone el Decreto del 28 de febrero de 1933 (Reichstagsbrandverordnung, 1993), donde suspendió los derechos constitucionales y creó un Estado de Emergencia, donde promulgó cualquier decreto sin regulación institucional, ni aprobación del Congreso. Casos similares también se evidencian en Colombia con la parapolítica, donde congresistas y senadores fueron impulsados por organizaciones paramilitares que, durante algún tiempo, ilegitimaron la Constitución Política y tomaron decisiones impulsados por estas organizaciones:

Al momento de escribir este balance, la prensa nacional reporta que 34 de 102 Senadores electos en 2006, el 33%, están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo, así́ como 25 de 168 Representantes a la Cámara, el 15%. Esas cifras ponen de presente que el narcoparamilitarismo superó con creces la capacidad de infiltración que previamente había tenido el narcotráfico. Cuando Pablo Escobar, se hizo elegir a la Cámara de Representantes en 1982 su votación y la de su fórmula equivalían a menos del 1% de la votación de Senado. Cuando se descubrió́ que el Cartel de Cali infiltró masivamente las campañas en 1994, los condenados representaron el equivalente a 8% de la votación de Senado y si se suman otros involucrados en el proceso 8.000 equivaldrían al 12% de la votación del Senado. Los investigados por narcoparamilitarismo equivalen al 35% de las curules y al 25% de la votación de Senado en el 2006. Ese crecimiento constante, indica que el narcotráfico ha ido refinando los métodos de infiltración del poder político e incrementado su nivel de «éxito». (López y Sevillano, 2008, p. 1).

El avance paramilitar permitió que varios grupos ilegales tomaran el control territorial de algunas zonas abandonadas de Colombia, ejerciendo influencia. no solo militar, sino también política. Esto los llevó a impulsar candidaturas a la Cámara de Representantes y al Senado, a establecer un cogobierno entre los paramilitares que mandaban con las armas los territorios abandonados por la fuerza del Estado y los nuevos representantes que se sumaban a la rama legislativa colombiana (Cruz, 2021; Duque, 2021).

Respecto a lo anterior, Ávila (2015) destaca lo siguiente:

La complicidad entre algunas estructuras de las fuerzas militares y grupos paramilitares no fue coincidencia […] la legitimidad de las fuerzas militares las llevó a disminuir sus acciones contra la población civil; su debilidad frente a la guerrilla condujo a que los grupos paramilitares asumieran paulatinamente las acciones que había realizar la fuerza pública. (p. 101).

Grupos armados no avalados por el Estado asumen con ferocidad el poder de las armas y toman el control del orden público en determinados territorios, generando que la unidad del Estado en su actividad administrativa en el espacio de las armas se vea fragmentado e, incluso, reemplazado por fuerzas ilegales. Esto provoca en la población civil una especie de legitimidad a la ilegalidad, como unidad que defiende la «seguridad ciudadana».

En ese caso, Fraenkel (2010) establece de manera similar como el Estado prerrogativo rompe su relación con los actos administrativos, militares y jurídicos, degradando la vigencia del Estado de derecho y permitiendo, a falta de fuerza, que fuerzas alternas al Estado adquieran un cierto nivel de legitimidad en su accionar violento, creando dualidad dentro del Estado e, incluso, fragmentando sus acciones en diferentes niveles.

Los principios teóricos del Estado manifiestan con claridad que los Estados no gobiernan de forma relativa en territorios determinados, sino que asume la totalidad dentro de los territorios delimitados.

No hay duda de que el Estado es unidad de territorio debido al hecho de que, ya se trate de un espacio unitario, ya de espacios geográficamente separados, se «mande» de manera unitaria. Pero también en un Estado cuyo territorio esté formado por espacios discontinuos, cumple el espacio una función de cierre o clausura, por cuanto la mayoría de las disposiciones del Estado tienen validez territorial y no personal. (Heller, 2007, p. 173).

En consecuencia, las dualidades de los Estados se generan cuando los derechos civiles y las instituciones administrativas no están disponibles o dejan a otros actores externos ejercer variedad de formas de legitimación de violencia y el control territorial (Fraenkel, 2010).

En esta misma línea, Bobbio (2016) reconoció que los orígenes del desgarramiento del Estado de derecho se ocultan tras la fachada de los órganos estatales que usan la constitución, las leyes y, ahora, los medios de comunicación. Lo anterior, como un principio de oportunidad para ocultar problemáticas sociales que conllevan a la aparición de organizaciones criminales que quieren captar el poder estatal o, simplemente, generar competencia en los procesos de legitimación social de la violencia y otros intereses.

Lo ilegal, pero legítimo, se destaca en el ejercicio de poderes no visibles bajo la capa del Estado. Terminan cubriendo las mismas acciones que se harían en una dictadura, solo que la aplicabilidad constitucional del concepto de ‘democracia’ obliga a evitar tales acciones en la visibilidad pública.

En este orden de ideas, Bobbio (2015) reconoce tres modalidades en las que se puede dividir el Estado; incluso, al punto de destruirlo. La primera tiene que ver con fuerzas invisibles —en su mayoría de veces, clandestinas—, como: organizaciones ilegales, mafias y organizaciones terroristas. La segunda forma son las sectas políticas que pactan alianzas con sectores privados, dando molde a la corrupción. Y la tercera modalidad la analiza a partir de los mismos funcionarios que actúan como poder invisible dentro de las mismas estructuras del Estado. Acerca del primer caso menciona:

En primer lugar, existe un poder invisible que se dirige contra el Estado y que se conforma en el más absoluto secreto para combatirlo. En él se encuentran las asociaciones delictivas, las grandes organizaciones criminales como la mafia -para las cuales nuestro país ostenta el primer lugar-, y también las sectas políticas secretas, que actualmente se configuran como grupos terroristas y cuya proliferación en los últimos 10 años es, también, un fenómeno característicamente italiano. La secta secreta se diferencia de las asociaciones delictivas en cuanto a sus fines, pero son a menudo convergentes en los medios de hurtos, asaltos, secuestros y homicidios. (Bobbio, 2015, p. 30).

En el caso colombiano, desde el ingreso de Pablo Escobar al Congreso de la República en 1982, pasando por los diversos casos de parapolítica en el año 2005-2006, se pone en evidencia la configuración de organizaciones y capos de estas en busca de legitimar el poder de su accionar violento desde la construcción de discursos legitimadores de la violencia, como los paramilitares en Colombia y su «lucha contra la insurgencia» (Castaño y Ruiz, 2017) hasta la legitimación popular del narcopopulismo y la construcción de imaginarios sociales de Pablo Escobar como héroe social de los guiones de las teleseries (Wilches, 2020; Korstanje, 2017).

En el caso de Medellín, la figura de Escobar ha trascendido los patrones de la realidad histórica de violencia y narcotráfico; mitificó su figura como una especie de «Robin Hood» en algunos sectores marginados de Medellín. Además, los medios de comunicación han venido fortaleciendo esa imagen a través de las narconovelas (Orozco, 2021).

Ese mismo concepto de Robin Hood lo analiza Hobsbawm (2011) con el bandolerismo social; hombres fuera de la ley que el Estado considera como criminales y son considerados por un grupo de pobladores como héroes, vengadores y luchadores:

1) El ladrón noble inicia su carrera fuera de la ley no a causa del crimen sino como víctima de la injusticia, o debido a la persecución de las autoridades por algún acto que estás, pero no la costumbre popular, consideran criminal; 2) «corrige los abusos»; 3) «Roba al rico para darle al pobre»; 4) «no mata nunca si no es en defensa propia o en justa venganza»; 5) si sobrevive, se reincorpora a su pueblo como ciudadano honrado y miembro de la comunidad. En realidad, nunca abandona su comunidad; 6) es ayudado, admirado y apoyado por su pueblo; 7) su muerte obedece única y exclusivamente a la traición, puesto que ningún miembro decente de la comunidad ayudaría a las autoridades en contra suya; 8) es – cuando menos en teoría- invencible e invulnerable. (Orozco, 2021, p. 59).

El inicio de su carrera fuera de los órdenes de la ley ya es en sí mismo problemático para el orden territorial donde domina su presencia. Por ello, Hobsbawm (2011) señala una serie de características que el bandido social adquiere para obtener una especie de legitimidad avalada por un grupo de personas en un ámbito territorial determinado en el que da «beneficios» a su comunidad como retribución al aval que da este mismo grupo de personas a sus actos. Por ende, la vulnerabilidad de los sectores es la semilla de su accionar violento, que se compone de «corregidor de abusos» y su violencia corresponde, en muchas ocasiones, a la justa venganza. Por ello, según la interpretación de Hobsbawm (2011), la comunidad prefiere la legitimidad del bandido social, que el lento accionar de justicia de las autoridades estatales.

Metodología

Esta investigación fue desarrollada desde un enfoque cualitativo, pues, aunque la realidad social de muchos municipios de Colombia es similar a la acá expuesta, se carece de más estudios e investigaciones oficiales para dar una caracterización de Colombia como un Estado fragmentado donde cogobierna por desconocimiento, desinterés o intereses económicos de algunos funcionarios con organizaciones criminales.

En el caso de Medellín, ya tiene un largo antecedente de gobernabilidad y legitimidad de fuerzas criminales en la ciudad que iniciaron con el Cartel de Medellín en los años de 1980, la puja constante de Pablo Escobar por entrar a la política nacional, pasando por la gran redada paramilitar que sometió a Colombia a su legitimación de violencia para eliminar la insurgencia; misma que, para el caso de Medellín, lo asumió el Bloque Metro y la Oficina de Envigado en cabeza del exparamilitar Diego Murillo Bejarano, alias «Don Berna», quien controló a Medellín y sus organizaciones hasta su extradición.

Esa base histórica permitió analizar el caso de Medellín y la legitimación de las organizaciones criminales de manera aislada en dos momentos. En el primer momento se propuso recoger información oficial con los Planes de Seguridad Integral y Convivencia de Medellín (PISC), las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los datos de la Fundación Paz y Reconciliación, así como las bases de datos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.

En el segundo momento se realizó un acercamiento a los jóvenes que viven diariamente el funcionamiento de estas organizaciones en las comunas durante los años de 2019 y principios del año 2020, donde se reconoció la legitimación de las que muchas de ellas gozan a través de un proceso de naturalización social de su violento actuar. Para ello se realizó un estudio de campo en la Comuna 13 de Medellín (una de las más afectadas por la violencia desde inicios del siglo XXI) con jóvenes estudiantes de la comunidad con edades entre los 13 y los 19 años.

Al proceso de investigación se vincularon 256 jóvenes. Allí se realizaron dos procesos: 1) discusión sobre la realidad social de Medellín en el que se debatió el tema de la violencia; y 2) conformación de 128 parejas, con un énfasis de grupos focales. Se decidió enfocar solo a dos participantes por grupo para concretar más el relato de las experiencias de cada uno de ellos y evitar que un tercer participante o más fueran conllevados por la experiencia del que lee la pregunta y el que inicia el relato.

La caracterización sociodemográfica de los jóvenes encuestados corresponde a edades entre 14 y 18 años de edad, pertenecientes a estratos 1 y 2 de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Para hacer equilibrada la encuesta en cuestiones de género, se escogieron 130 mujeres y 126 hombres, con edades indiferentes dentro de los rangos ya mencionados.

Para la obtención de información se realizaron dos encuestas. En la primera se desarrolló una matriz DOFA y un mapa parlante, donde identificaron las zonas más conflictivas de la ciudad y de la comuna; la segunda, una encuesta donde se interrogó por la operatividad del Estado y las organizaciones criminales, y por la legitimidad de órdenes en las comunas en las que operan. Al finalizar, se socializó por parte de las parejas focales cada una de las respuestas e ideas generales sobre el tema.

Resultados

En los años de 1980 la proliferación de barrios y asentamientos en la ciudad de Medellín se salía de la planificación urbana regulada por P. L. Weiner y J. L. Sert en 1956 (ver figura 1). El tejido de los nuevos barrios y zonas de Medellín se hizo cada vez más complejo para la planeación de calles rectas, de acuerdo a lo planificado.

Figura 1. Centro de Documentación de Planeación (Medellín). Planoteca E, Bandeja 9, Folio 2. Contiene desarrollo urbano: 1770, 1800, 1847, 1889, 1908, 1932 y actual. Plano localización general. Plano base, 1956, plano de análisis 1958.

Fuente: Archivo Histórico de Medellín (1958, f. 9).

Así, la migración de campesinos pobres a la ciudad de Medellín en busca de mejores oportunidades y en busca de progreso dieron paso a un complejo panorama urbanístico de barrios y asentamientos en los que se hizo difícil el acceso, el cual, a su vez, aclaró el desconocimiento de los gobiernos locales de las condiciones sociales que surgían en estos nuevos sectores de la ciudad. A estos problemas se le sumó:

Los problemas de hacinamiento, insalubridad, insuficiencia de equipamientos urbanos, falta de espacio público, dificultades de transporte, precariedad del hábitat, abuso incertidumbre con los títulos de propiedad, y explotación en el mercado de arrendamiento, eran difíciles de superar en el contexto del intenso crecimiento urbano popular, los bajos ingresos de muchas familias y ausencia de una política de ciudad. A esto se sumaba, desde finales de los setenta [del siglo XX], la aparición de las plazas de vicio -hasta entonces concentradas en algunos pocos lugares de la ciudad- a la par con la penetración del consumo del altamente adictivo y destructivo bazuco. Nuevas formas de delincuencia y bandas juveniles también comenzaron a tener presencia, en relación con el expendio, las plazas de vicio y el posicionamiento del narcotráfico y su crimen organizado en la ciudad. (Martin, 2014, p. 143).

Es decir, la aparición de estos barrios y asentamientos desconectados de la administración política municipal fueron el caldo de cultivo para que muchos jóvenes encontraran en sus barrios formas de mantenerse por medio de la delincuencia. A ellos se sumó el abanderamiento económico del cartel de Medellín por medio de armas. Con ello, la autoridad local quedó descontextualizada de los nuevos órdenes de violencia y legitimidad que se tejía en las nacientes 16 comunas de Medellín.

Es importante reconocer que

En Medellín durante los años ochenta [del siglo XX] se puede esencialmente distinguir tres tipos de bandas: las duras, las chichipatas y las milicias guerrilleras, con todas las formas intermedias, mixtas y atípicas posibles. Las bandas duras (integradas por duros) se consolidaron con influencia directa de los capos del narcotráfico. Las bandas chichipatas, es decir, de poca monta, se generaron en particular en los barrios más pobres y marginales, y formaron la mano de obra de los duros. Las milicias eran núcleos guerrilleros urbanos que operaban con diferentes grados de autonomía. (Martin, 2014, p. 149).

Estas organizaciones estuvieron en constante disputa por el control territorial bajo varios procesos; en un primer instante, respaldadas por el cartel de Medellín durante los años de 1980; después de la muerte de Escobar y la consolidación de «Los Pepes» (perseguidos por Pablo Escobar) se descentralizan las organizaciones criminales al servicio de Escobar y comienzan los conflictos entre residuos del Cartel de Medellín, las milicias guerrilleras y Los Pepes, que después darían vida política y militar a los paramilitares, impulsados, en principio, por las Cooperativas de Vigilancia (Convivir), sostenidas en el artículo 42 del Decreto de Ley 356 de 1994.

Entre 1994 y 1997 se dio una lucha constante en el proceso de creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Medellín.

El primer bloque formalmente creado por las A.U.C., aunque dentro de la estructura ACC., fue el Bloque Metro, bajo la dirección de [alias] Doblecero. Este bloque, integrado por combatientes entrenados en Urabá, asignado al Valle de Aburrá y sus alrededores, en particular el oriente cercano. En Medellín, la tarea consistía en organizar grupos de autodefensas urbanas -Grau- para desplazar a las milicias guerrilleras activas en particular en las comunas 8, 9 y 13. (Martin, 2014, p. 369).

La consolidación total de las AUC en la ciudad de Medellín tomó un control absoluto de las organizaciones y bandas criminales de la ciudad. Fue la Operación Orión, ejecutada por el Estado colombiano, un foco de oportunidad para que las AUC desplazaran y ejecutaran a sus enemigos de las milicias guerrilleras en la comuna 13, consolidando un poder de orden territorial en toda la ciudad de Medellín por parte de los paramilitares. Es decir, las organizaciones barriales que en algún momento estuvieron al servicio de Pablo Escobar, esos nuevos jóvenes ahora estaban al servicio de Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna».

Posteriormente con la desmovilización de las AUC en cumplimiento con el acuerdo de Santa Fe de Ralito del 15 de julio de 2003, sumado a la posterior captura de varios jefes paramilitares —entre ellos, Diego Fernando Murillo, «Don Berna»— y su extradición a los Estados Unidos en mayo de 2008 configuró otro escenario para las organizaciones criminales de la ciudad de Medellín, que no solo se encargaban del microtrafico, del hurto y la extorsión, sino que también tenían la tarea de «cuidar los barrios». Esto llevó a otro escenario el conflicto para asumir el poder y control de la oficina de Envigado y el orden de los barrios de Medellín.

Tabla 1. Tasas de muertes violentas Medellín 2007-2012 PISC.

Fuente: Plan Integral de Convivencia y Seguridad (2015, p. 61).

No en vano, el Plan Integral de Seguridad (2015) de la ciudad de Medellín muestra un incremento de más del 50% en los homicidios al año siguiente después de la extradición de alias «Don Berna». Durante ese periodo Erickson Vargas Cárdenas, alias «Sebastián», y Maximiliano Bonilla Orozco, alias «Valenciano», se disputaron el control de la ciudad. Más allá de las sucesiones de bando por parte de los capos de estas organizaciones, se devela cómo la permanencia social de las comunas registra unos índices de estabilidad de acuerdo con los pactos entre bandas de la ciudad, quienes pasaron a controlar más allá de la extorsión y el microtráfico, los órdenes de legitimidad de convivencia entre vecinos que componen estos sectores.

Estas organizaciones han aumentado desde el año 2012. Para el año 2014, la Fundación Paz y Reconciliación (2018) registró 146 organizaciones criminales en la ciudad de Medellín y otras 13 no identificadas. Como confirma esta misma entidad,

La cultura del narcotráfico y de la aceptación de la ilegalidad es una consecuencia —o una respuesta natural— de los años de violencia armada a la que ha sido sometida Medellín, pero esto ha llevado a que imponga y se acepte un orden paralelo, en donde es más reconocida como autoridad la ilegalidad que el mismo Estado, y es a los combos a los que la juventud —específicamente la de los barrios marginales— responde. Este conflicto en la ciudad de Medellín se materializa, hoy, en la presencia de estructuras organizadas de poder con manifestaciones criminales, las cuales derivan de viejas escuelas y prácticas delictivas implantadas por los viejos actores del conflicto armado y del narcotráfico a nivel nacional, que siempre tomaron a Medellín como una suerte de laboratorio de todas las violencias. (p. 8).

Una realidad destacada por la Fundación Paz y Reconciliación (2018) es que estas organizaciones criminales han asumido de una manera contundente el orden legítimo de los barrios y comunas de Medellín. Su presencia está vigente en todo el espacio territorial de la ciudad, tal y como lo muestra la figura 2, perteneciente a los informes de alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

Figura 3. Estructuras armadas ilegales en Medellín al 2020.

Fuente: Defensoría del pueblo (2020).

Las diferentes organizaciones distribuidas según la información de la Defensoría del Pueblo muestran una cobertura total del área de la ciudad, donde controlan problemáticas entre vecinos e, incluso, el reclutamiento de nuevos jóvenes. Estas agrupaciones también son las encargadas de estimular o de detener la conflictividad de las organizaciones que quieren surgir. Usualmente, no entran en confrontación y si lo hacen son reprimidas severamente por esta organización ya en alianza constituidas. La Defensoría del Pueblo (2020) destaca en la presencia de estas organizaciones criminales varios escenarios de riesgo:

[Uno de los escenarios de] […] riesgo es el que se encuentran [en] la mayoría de los barrios y veredas de Medellín, específicamente en territorios en donde no ha habido confrontaciones abiertas entre estructuras armadas ilegales durante los dos últimos años, pero en donde se mantiene una presencia y un control territorial y poblacional ejercido de forma hegemónica desde hace muchos años por el mismo actor ilegal. Allí la población civil soporta otro tipo de conductas, que son silenciosas, no acaparan los titulares de prensa, pero son fuente permanente de violación de DDHH de la población civil. En estos sectores son más recurrentes las siguientes conductas vulneratorias: Amenazas, desplazamientos forzados, vinculación y utilización de NNA, extorsiones, constreñimiento de la participación y del tejido social, castigos violentos (principalmente individuales), entre otras conductas que parece que la población ha naturalizado ante la falta de acción propia e institucional. (p. 36).

Estas organizaciones criminales terminan asumiendo de modo inquisitorio las acciones de un Estado premoderno. Sin establecer acuerdos sociales y sin respeto a los derechos humanos ni constitucionales generan castigos y órdenes criminales desde la decisión de los capos de estas organizaciones contra algunos vecinos de los barrios o contrincantes de otras organizaciones. Lo que complejiza aún más el panorama es la naturalización de estas conductas; incluso, el acudir a los líderes de estas organizaciones para reemplazar al juez o al policía. Ello no acontece porque las personas deseen elegir a estas organizaciones como promotoras de ley y justicia barrial, sino por dos factores:

1) La falta de una economía estable, legal y que permita a los jóvenes un sostenimiento e independencia económica, sumado a la permanente presencia de estructuras criminales dispuestas a resolver necesidades juveniles 2) La connivencia de algunos miembros de la fuerza pública y la legitimación de buena parte de la comunidad, le facilitan al joven el camino de acceso para su vinculación a la ilegalidad. (Fundación Paz y Reconciliación, 2018, p. 11).

La corrupción de algunos miembros de las fuerzas armadas en alianza con estos grupos ha provocado una especie de deslegitimación por parte de una gran mayoría de personas que percibe el Estado como ineficiente y corrupto en la resolución de conflictos y problemas sociales. Para el caso de Medellín, se agrega, además de eso, que la estructura policial planificada por cuadrantes en cada uno de los barrios no logra una cobertura total de la seguridad ciudadana.

La naturalización del crimen organizado en muchas comunas de la ciudad de Medellín corresponde a factores de carencia en el orden estatal, que van desde las instituciones de justicia y su lenta efectividad ante el inmenso volumen de casos, pasando por la rama legislativa, que se marca por sus altos índices de corrupción, hasta la escueta intervención de la policía en el control efectivo de las organizaciones criminales que operan en la ciudad.

Para tener una cercanía más efectiva a la concepción de legitimidad de la violencia y las concepciones sobre la justicia en las comunas de Medellín se acudió al trabajo de campo con 256 jóvenes de la comuna 13 de Medellín (una de las más afectadas por la violencia de organizaciones en la ciudad). Se organizaron 128 grupos de parejas focales para responder cuatro preguntas estructurales para comprender la naturalización de la legitimación de la violencia de las organizaciones criminales en la zona y, sobre todo, cómo éstas asumen tareas de seguridad y protección que debería brindar el Estado.

Tabla 2. Análisis de percepción de la justicia.

En el primer interrogante se buscó conocer su concepción sobre la justicia. Allí se planteó: ¿crees que Colombia es un país donde se ejerce la justicia? El 78% se mostró en desacuerdo con esta posibilidad. Estos 200 jóvenes fueron escépticos a que los modelos de justicia en Colombia solucionaran muchas problemáticas que se presentan a diario en su entorno; sobre todo, una comuna que en el inicio del siglo XXI sufrió una intervención por parte del Estado y donde muchas organizaciones paramilitares aprovecharon la oportunidad para eliminar a sus enemigos de bando en el que se incluía gente externa al conflicto. Una de las consideraciones expresa:

Figura 4. Percepción de la justicia.

Apelan al olvido del Estado respecto al padecimiento de la violencia y otros factores sociales que viven los barrios más pobres de Medellín a la lejanía de algunos órganos con la población civil, como semilla de la injusticia y de la autodefensa o, como sostiene Hobbes (2018), «[…] Si no hubiese un poder constituido o no fuese lo bastante grande para la seguridad, todo hombre podría legítimamente apoyarse sobre su propia fuerza y aptitud para protegerse frente a todos los demás hombres» (p. 127).

De acuerdo con el antecedente de la carencia de justicia desde la perspectiva de estos jóvenes, se quiso buscar un generador de esta en Colombia desde la perspectiva social en la que viven, donde la única relación cercana que tienen con la realidad política y social del resto de Colombia es la que transmiten los mismos medios de comunicación o la que logran adquirir en las instituciones educativas a las que asisten. En consecuencia, se planteó la pregunta: ¿quiénes son las personas más injustas en Colombia?

Como se evidencia en el cuadro 3, el mismo 78% sostiene que los políticos son las personas con un mayor índice de injusticia; seguido por las clases altas, en un 10%, al igual que la policía.

Tabla 3. Análisis de percepción de la injusticia.

Algo para destacar en esta pregunta es que las organizaciones criminales —que son las mismas que operan en estas zonas y son las principales responsables de hurtos en la ciudad, de homicidios, de microtráfico y desplazamiento forzado— aparecen en el último lugar con solo dos parejas focales que las consideran actores generadores de injusticia. Algunas consideraciones fueron las siguientes:

Figura 5. Consideraciones sobre la percepción de la injusticia.

En el desarrollo de estos discursos se incluye casi siempre la corrupción como forma de captación de los recursos públicos que no son entregados debidamente, así como el señalamiento similar a las clases altas como acumuladores de dinero y acaparadores de los recursos de los trabajadores. En el mismo desarrollo, una de las parejas focales señala la corrupción de algunos miembros de la policía con integrantes de estas organizaciones criminales.

Cifras de la Policía, publicados por la prensa El Tiempo, muestran que en el año 2016 fueron capturados 650 policías por varios delitos (Rueda, 2019). En el 2017 se registraron 583 capturados y para el 2018 iban 450 integrantes de la fuerza pública detenidos hasta octubre. Para el año 2019, el Comando de la Policía de Antioquia relevó a todos los uniformados pertenecientes al comando de Caucasia, municipio de Antioquia, por denuncias sobre supuestos nexos de los uniformados con redes de microtráfico y extorsión.

En conclusión, muchas de las características mencionadas por Weber (2012), como la eliminación del punto de vista personal y el sometimiento a la obediencia en sus obligaciones oficiales impersonales y una clara delimitación de las competencias oficiales son violadas por algunos funcionarios del Estado, desintegrando la confianza ciudadana en las instituciones, que son —o deberían ser— protectoras de la vida y los bienes civiles.

Las extralimitaciones por parte de muchos de estos funcionarios dan espacio a que las organizaciones criminales tengan mayor cobertura en el desarrollo de sus operaciones, mayor penetración y legitimidad en el ámbito social. En ese orden de ideas, se planteó la pregunta: ¿crees que existen otros poderes que gobiernan más que la autoridad policial?

Tabla 4. Análisis sobre la idea de autoridad.

A este interrogante 104 parejas focales respondieron que en Medellín gobiernan poderes mayores que las fuerzas de seguridad. Se puso allí a la Policía por ser el mayor ente representante entre el orden del Estado en la protección de los derechos ciudadanos y civiles.

Esta gobernabilidad que se pone en la pregunta se formula de varias maneras, que van desde mantener el orden territorial en los barrios hasta el reclutamiento de jóvenes en estas organizaciones criminales. A esto algunos respondieron como se observa en la figura 4:

Figura 6. Percepción sobre la idea juvenil de autoridad.

Algunos de los integrantes de la investigación reconocieron acudir a estos grupos en caso de cualquier inconveniente que tuviesen en su sector; consideran a la Policía poco efectiva a la hora de resolver inconvenientes entre los vecinos. Estos grupos acuden a una especie de tribunal callejero para amedrentar a otros que no se acoplen a sus normas o simplemente se perciba como una amenaza al desarrollo de sus intereses en el microtráfico y la extorsión. De estas últimas, según las estadísticas dictaminadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia (2020), solamente para el año 2019 se reportaron 630 denuncias por extorsión; y para el 2020, bajó a 506 denuncias.

Algunos miembros de las parejas focales consideraron que las organizaciones criminales le brindaban «seguridad» a la comuna donde viven, que su accionar a través de las armas ha permitido que consoliden un nivel de respeto por parte de la comunidad en la que viven. No obstante, este respeto a los integrantes de estas organizaciones está basado en el miedo que generan; quienes no lo hacen, en muchas ocasiones pasan a ser cifras de homicidio o desplazamiento forzado. Según la Alerta Temprana 032-2020 de la Defensoría del Pueblo (2020), entre los años 2018 y 2019 aproximadamente 6.741 personas fueron desplazadas de sus barrios y comunas.

Finalmente, para cerrar una comprensión generalizada del control y el orden territorial de una manera más específica, se decidió preguntar a los jóvenes de acuerdo a su conocimiento sobre el territorio y los diferentes órganos armados que allí operan o han operado: ¿qué organización tiene mayor control y poder territorial?

Tabla 5. Análisis sobre control territorial.

El 49% destacó a las bandas criminales o «Bacrim», que están compuestas, en su mayoría, por exparamilitares desmovilizados que continuaron en la vida criminal; sin embargo, la aparición de nuevas facciones del paramilitarismo, como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), han tomado gran parte del poder territorial en Medellín. Por ello, se consolida en 27%, según la consideración de los jóvenes. Un 14% considera que las guerrillas tienen un amplio control territorial. Es de destacar que, aunque en Medellín operan algunos integrantes del ELN, no tienen mayor incidencia sobre los órdenes criminales de la ciudad. Finalmente, ocho de las parejas participantes consideraron que la policía logra tener control territorial.

Es importante resaltar que el 94% de las parejas focales reconoció que el orden territorial, a nivel de armas y administración de la violencia de su comuna, está controlado por fuerzas que no pertenecen al Estado. Se perciben las fuerzas estatales como no efectivas en el orden territorial. La venta de estupefacientes, la extorsión y otras modalidades delictivas que practican estas organizaciones son, a su vez, la entrada para que administren violencia en las diferentes zonas de Medellín y realicen tareas del Estado —como la seguridad, la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos—, dejando en una difícil situación al Estado, que deja en paradoja la efectividad de la ley y la Constitución. Allí actúan estas organizaciones criminales bajo su propia ley y la de sus intereses y compiten con el Estado por legitimidad que ya han consolidado durante décadas.

Conclusiones

La unidad administrativa y la coherencia en las acciones de un Estado son esenciales para su existencia. Su presencia en la vida de los ciudadanos no solo se consolida con la fuerza que imprimen las fuerzas militares sobre la población civil, sino a través de la confianza legítima que depositan los ciudadanos sobre sus instituciones.

En los órdenes teóricos, todo Estado social de derecho debe ser un garantista de la seguridad y la vida de los ciudadanos, proteger las diferencias que lo componen, soportando su actuar en la Constitución y las leyes como máximos pilares de la justicia. No obstante, hay tres posibilidades que los Estados vayan desintegrando su propia legitimidad: la primera, cuando sus organismos no actúan efectivamente sobre sus competencias; la segunda, cuando muchos de sus funcionarios terminan relacionados con el accionar delictivo de organizaciones criminales; y la tercera, cuando un Estado no acompaña la construcción de grupos sociales y culturales, dando espacio a la violencia no regulada.

El abandono en la seguridad, la integridad y el bienestar de los ciudadanos es la primera muestra de integridad de los Estados. No solo puede consolidar la violencia contra la población civil como principio hegemónico de dominación, sino también mejorando la dignidad de los sectores más olvidados, donde acude el hurto, la extorsión, el microtráfico y otras modalidades de violencia como forma de sobrevivencia y de autodefensa ante lo que el mismo Estado ocasiona a causa del olvido.

Los datos suministrados por las entidades de gobierno para la ciudad de Medellín demuestran que, aunque existe presencia policial como garantía de seguridad, no logran contener de manera definitiva el control de otros grupos delincuenciales en los barrios y comunas que componen la ciudad. La pobreza de algunos barrios, junto con el desempleo de cientos de jóvenes o con salarios mal remunerados se convierten en un foco de oportunidad para el engrosamiento de las filas criminales de estas organizaciones.

La ausencia del Estado en variadas ocasiones o la presencia incompleta ante determinadas situaciones —o, incluso la misma corrupción de algunos funcionarios del Estado— han logrado que la confianza legítima que tienen muchos ciudadanos —y, en especial, los jóvenes— se vaya desintegrando y, en su lugar, otras organizaciones no legales sean las nuevas receptoras de competencias que fueron creadas para liquidarlas a ellas mismas. Como se evidenció en algunas consideraciones de los entrevistados, muchas personas depositan mayor confianza en los actores de estas organizaciones para que ejerzan una justicia callejera, al punto de que las mismas personas han logrado naturalizar estos comportamientos que les da una legitimidad móvil de acuerdo con los bandos que vayan pasando al poder.

Estas fisuras de la unidad de Estado cada vez se hacen más evidentes en ciudades como Medellín, donde el Estado permite el fortalecimiento de los entramados de violencia selectiva por parte de las Fuerzas Armadas para favorecer factores muy determinados, pero no para la protección civil de los ciudadanos. A ello se le suma la falta de una política contundente en el proceso de control, legalización e industrialización de algunos estupefacientes para ganar control efectivo sobre el microtráfico, acompañado, a su vez, de políticas de bienestar social para jóvenes en riesgo de caer en la formación de estas organizaciones criminales.

Referencias